Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, considera que la indemnización que el Estado de Honduras deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.
Herrera reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.
En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación, por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.
En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá pagarles la cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos.
Al respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados de los jueces.
“Él debería pagar todo este dinero porque no es justo que los contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”, acotó.
El parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error. Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido injustificado de los jueces.
Por su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas, dijo que no sería justo que el pueblo hondureño tenga que pagar una acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.
Banegas, quien también es abogado, señaló que se corre el riesgo que el pago de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo hondureño que termine pagando los desaciertos.
En tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces fue ilegal.
Gutiérrez vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de diciembre del 2012.
La congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los ciudadanos.
Los jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al Presidente Manuel Zelaya.
