Tegucigalpa, Honduras. Entre el 6 de diciembre de 2022 y noviembre de 2024, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha mantenido vigente, de manera inconstitucional, un estado de excepción, durante el cual se han realizado 561 arrestos por extorsiones atribuidas a pandillas. Entre los detenidos figuran jóvenes menores de edad, lo que confirma la teoría que estos están siendo reclutados y forzados por organizaciones criminales para realizar cobros extorsivos.
Lo anterior se desprende de información que este medio de comunicación solicitó a la Secretaría de Seguridad, donde, tras un análisis de datos, se encontró que de las 561 personas capturadas por extorsión en el período analizado, 126 son hombres (106) y mujeres (20) de 18 años, lo que representa el 22% del total.
El común denominador de las capturas señala que estas se registraron en los departamentos con mayor índice de violencia y criminalidad: Francisco Morazán, en el centro de Honduras; Cortés, en el extremo norte; Choluteca, en el sur; y, aunque con menor incidencia, Olancho y Colón.
El número de capturas por este delito podría ser mayor, ya que las cifras corresponden únicamente a la Policía Nacional. Sin embargo, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), también realizan arrestos y lideran operativos en distintos puntos del país para combatir la extorsión, pese a que la Constitución de la República, en su artículo 272, establece que su función se limita a labores de acompañamiento a la Policía Nacional.
Aunque se solicitó a la institución dirigida por el general Gustavo Sánchez información sobre el contexto de las capturas de menores de edad por extorsión, es decir, si fueron arrestados durante la comisión del delito en flagrancia o mediante orden judicial, con el objetivo de determinar si se ejecutaron gracias a la suspensión de garantías constitucionales en el marco del estado de excepción, no se especificaron los detalles requeridos.
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PLAN DE PREVENCIÓN
Para el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, para que el estado de excepción o cualquier estrategia policial sea efectiva, es imprescindible implementar un plan integral de prevención que, en pocas palabras, impida que menores de edad sean reclutados por maras y pandillas y obligados a realizar cobros de extorsión a diversos sectores empresariales.
Históricamente, los menores han sido vinculados a estas agrupaciones, ya sea por lazos familiares o por coacción. Madrid sostuvo que, si se implementaran mecanismos de entretenimiento y trabajo en los barrios y colonias más peligrosos, un gran porcentaje de menores optaría por estas alternativas en lugar de colaborar con organizaciones criminales.
“En el país se normalizó el reclutamiento. Es común ver al niño que crece y se integra a la agrupación criminal que opera en su barrio o colonia. Esto ocurre por la falta de oportunidades; no se ofrece nada a los más pequeños. Por eso terminan formando parte de maras y pandillas, cobrando extorsiones, entregando celulares o distribuyendo drogas”, analizó Madrid.
Agregó que “este plan de prevención es solo un pilar dentro de una estrategia de seguridad efectiva. Para que el estado de excepción tuviera, al menos en la operatividad, una efectividad real, debió implementarse desde el principio. Ahora, en las capturas, hay menores de edad que son liberados porque no hay pruebas ni denuncias en su contra, mientras los líderes de estas agrupaciones criminales, encargados de sembrar temor, permanecen en libertad”.
Reforzando el análisis de Madrid, un estudio de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) concluyó que los menores de edad están integrándose a agrupaciones criminales debido a la falta de acceso al derecho a la educación y a abusos de diferentes tipos por parte de sus familiares.
Lo anterior provoca que se unan a las filas de maras y pandillas, exponiéndose, en consecuencia, a perder la vida. Según el estudio de Coiproden, solo en 2023 cerca de 300 menores fueron asesinados, y la dinámica para este 2024 continúa igual o peor, ya que este flagelo sigue ganando terreno en el país.
Además, esto ha generado en consecuencia un aumento del desplazamiento forzado en diversas regiones del país. Las maras y pandillas, principalmente, emplean métodos de violencia, intimidación y coacción para incorporar a jóvenes.
El informe “La Tarea Pendiente” presentado por Acnur revela que el reclutamiento forzado de menores es una de las principales causas de desplazamiento interno en el país, con las maras y pandillas como los principales responsables de este fenómeno. A medida que estos jóvenes se integran a las estructuras criminales, su exposición a la muerte aumenta, dado que se encuentran atrapados en un ciclo de violencia del cual es difícil escapar.
Según este informe, este reclutamiento no solo afecta la vida de los menores en términos físicos, sino también su desarrollo emocional y psicológico.
