Por: Cristhian Valladares
Ilustración de portada: Ruth Moncada
Tegucigalpa. –En Honduras, los ataques directos en redes sociales hacia periodistas y medios independientes han escalado preocupantemente en los últimos dos años, marcados por agresiones verbales y campañas de desprestigio orquestadas desde las esferas del poder. Funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro lideran estos ataques, especialmente cuando se cuestiona la gestión de los recursos estatales o se abordan temas como la garantía de los derechos humanos.
Estas agresiones se enmarcan en un contexto profundamente adverso para la libertad de prensa. Entre 2023 y julio de 2024, se documentaron 199 alertas relacionadas con violaciones a la libertad de expresión, así como el asesinato de cinco comunicadores. A esto se suma un sistema judicial ineficaz, que refleja un 88% de impunidad en los 101 homicidios de personas vinculadas a los medios de comunicación ocurridos entre 2001 y octubre de 2024, según datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
A esto se suma la decadencia de medidas como el Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015, y el crecimiento de la autocensura. Basta con observar la posición de Honduras en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras: puesto 146 de 180 países, con una libertad de prensa descrita como un “lento descenso al infierno” desde el golpe de Estado de 2009 en contra del expresidente Manuel Zelaya, actual asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro.
Este escenario, plagado de violencia física e institucional, ahora se agrava con la normalización de discursos agresivos desde el poder. El resultado: un panorama cada vez más hostil para quienes buscan ejercer un periodismo independiente, según analistas.
Redes sociales: ¿herramientas o armas?
El derecho a la libertad de expresión y opinión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que establecen que toda persona tiene derecho a “difundir información e ideas de toda índole”. Asimismo, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 72, asegura que: “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura”.
La Constitución establece, además, sanciones para quienes abusen o restrinjan de manera directa o indirecta la libre circulación de ideas y prohíbe cualquier limitación del derecho de expresión por medios indirectos.
Pese a este marco legal, las redes sociales en Honduras han sido utilizadas como armas que apuntan balas con cargas de desprestigio y herramientas que construyen bardas de restricción hacia medios independientes y periodistas.
Este panorama fue señalado por Irene Khan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y Opinión, quien describió los ataques en redes sociales y las campañas de difamación como: “ataques verbales vitriólicos que sirven para amenazar, desacreditar y deslegitimar a periodistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales y activistas”.
La funcionaria de las Naciones Unidas instó al Gobierno de Honduras a realizar reformas urgentes y sustantivas para promover y proteger la libertad de expresión, incluyendo el derecho a la información, el derecho a disentir y el derecho a la libertad de los medios de comunicación.
Sin embargo, la recomendación de Khan dista mucho de la realidad, pues resulta difícil imaginar cómo el gobierno podría promover la libertad de expresión en los medios de comunicación independientes cuando sus propias prácticas parecen encaminadas a desacreditar cualquier disidencia, mediante la adopción de unapolítica de “cero tolerancia” frente a las críticas.
El contexto no deja espacio para ambigüedades, pese a los principios democráticos que el mismo gobierno asegura defender. Desde la llegada de la presidenta Xiomara Castro al poder, en enero de 2022, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 29 ataques contra periodistas y comunicadores sociales, de los cuales el 59% correspondieron a amenazas de muerte.
Ante la multiplicidad de casos, es difícil elegir un ejemplo representativo, pero el más notorio es el del secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado.
En la red social X (antes Twitter), Salgado es un usuario frecuente, incluso celebrando públicamente el aumento de sus seguidores. Sin embargo, esta misma plataforma se ha convertido en su principal canal para atacar a críticos del gobierno, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Entre enero y octubre de 2024, el funcionario realizó 284 publicaciones en sus redes sociales, gran parte en horas laborales, de las cuales el 87% contenían ataques directos, según el informe del Estado de la Democracia en Honduras elaborado por la Red por la Defensa de la Democracia. Esta cifra alarmante no es un simple dato estadístico: refleja una estrategia persistente de deslegitimación.
Basta una búsqueda rápida en su perfil para confirmar el tono de sus publicaciones: “medios de la oligarquía,” “hacen el ridículo con pseudo noticias,” “voceros de las élites,” “fascistas,” “virulentos,” “analfabetas,” “hipócritas,” y “ONG basura” son algunos de los términos empleados.
Estos insultos, más que desahogos personales, constituyen ataques dirigidos a actores que la misma relatora Irene Khan definió como esenciales para la democracia.
“El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes”: Irene Khan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y Opinión
Esta reflexión es respaldada por el doctor en comunicaciones Yovanny Argueta, quien destaca que los ataques verbales provenientes de funcionarios del gobierno descalifican a quienes exigen rendición de cuentas o cuestionan las políticas públicas. Esto fortalece una narrativa en la que las voces críticas son estigmatizadas como enemigas del progreso o incluso como agentes desestabilizadores.
“Este tipo de discurso desde las esferas del poder no solo desacredita las críticas, sino que normaliza la violencia simbólica como una respuesta legítima ante las diferencias de opinión”, enfatizó Argueta.
Un ejemplo concreto de esta violencia simbólica, se observó en los ataques del ministro Ricardo Salgado hacia la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos. En una de sus publicaciones, Salgado calificó las opiniones de Ramos como “imbecilidades” que no merecen atención, descalificándola y colocándola ante la opinión pública como una persona “irrelevante”.
Ante estos ataques, la diputada Ramos señaló que algunos funcionarios del gobierno carecen de la investidura ética para el cargo que ostentan, utilizando un lenguaje soez para descalificar a quienes no comulgan con su partido político. Según Ramos, estas actitudes son aún más frecuentes contra mujeres, lo que profundiza la percepción de un espacio político autoritario donde el derecho a la libre expresión parece limitado.
Para el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, aunque cualquier ciudadano tiene derecho a expresar su opinión, sea funcionario o no, “la forma en que estas opiniones son emitidas desde el poder merece un análisis crítico”. Claro está, Argueta advirtió que en un contexto polarizado como el de Honduras, estas posturas tienden a ser replicadas por seguidores, aliados políticos o medios afines, lo que amplifica el mensaje de intolerancia.
La Dirección de Información y Prensa, un instrumento de control
Un caso que ilustra esta dinámica es la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-023-2022. Este órgano, adscrito a la Secretaría de Planificación Estratégica liderada por el ministro Salgado, tiene entre sus funciones monitorear y diagnosticar de manera permanente a todos los medios de comunicación, tanto convencionales como alternativos, así como las redes sociales que operan en el país.
Según este decreto, la Dirección General de Información y Prensa también centraliza las comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo. En este contexto, resulta preocupante que las comunicaciones gubernamentales estén bajo el control de un funcionario señalado por su intolerancia a las críticas.
Iolany Pérez, coordinadora del equipo de comunicaciones de Radio Progreso, subraya que el gobierno debe rendir cuentas sobre esta dirección, incluyendo la elevada cantidad de empleados contratados y el uso de recursos públicos.
Además, cuestionó cómo el gobierno quiere tomar la percepción de los periodistas, porque “nosotros no somos voceros de las instituciones, nuestra labor es auditar y exponer las irregularidades”.
Según documentos del Portal de Transparencia, en 2023, la Dirección General de Información y Prensa destinó más de 150 millones de lempiras del Tesoro Nacional en pautas publicitarias. Este elevado gasto plantea interrogantes sobre la transparencia y el propósito de estos fondos en un contexto en que los cuestionamientos al gobierno son constantemente desacreditados.
Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, señaló que se han utilizado perfiles falsos en redes sociales para atacar y desacreditar investigaciones periodísticas de su medio. “El problema no es que la Dirección tenga un plan de comunicación estratégico, sino los mensajes que se transmiten a través de las personas contratadas”, explicó Ávila.
Criterio.hn acordó realizar una entrevista telefónica con el ministro Ricardo Salgado el martes 19 de noviembre para hablar sobre la libertad de expresión, programándola para el jueves 21 de noviembre a las 10:00 a.m. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se ha recibido respuesta por parte del funcionario.
A pesar del compromiso previo, observamos que el 20 de noviembre, Ricardo Salgado utilizó su cuenta en X para desestimar las alertas y denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión, clasificándolas como parte de una campaña en contra del gobierno. En su publicación, afirmó que los medios gozan de una libertad de expresión “amplia e irrestricta”.
Además, en el meridiano del jueves 21 de noviembre, en un programa televisivo, arremetió nuevamente contra los medios que él considera “enemigos del gobierno”. En su intervención, incluyó a Criterio.hn en una lista de medios que, según él, “se encargan de mentir”, intensificando así su discurso de descalificación hacia la prensa independiente.
La Secretaría de Planificación Estratégica tiene un brazo para difundir noticias: el periódico Poder Popular, dirigido por Carlos Estrada, quien, en reiteradas ocasiones, ha utilizado su perfil en la red social X, para atacar directamente a periodistas y medios independientes.
Entre los blancos más recurrentes de Estrada se encuentra Criterio.hn, al que el 27 de septiembre de 2024 calificó como un “outlet sin contenido de valor, dedicado al chantaje vulgar en redes sociales”. Este ataque ocurrió tras la publicación de un reportaje investigativo acompañado de un video resumen realizado por tres jóvenes periodistas de este medio, quienes, posterior a la publicación de Estrada, fueron víctimas de ataques por cuentas trolls.
Estrada fue más allá al comparar el trabajo de este medio digital con la “narco-oposición en términos intelectuales”, un comentario que evidencia no solo la polarización del discurso, sino también el desprecio hacia el trabajo periodístico crítico.
Sin embargo, a pesar de la virulencia de sus declaraciones, Estrada no pudo desmentir ni desacreditar la veracidad del reportaje.
Con estas palabras, el funcionario no solo desacredita a los periodistas independientes, clasificándolos de corruptos, sino que también perpetúa una narrativa que busca restar legitimidad a la labor de los medios. Según el informe Las palabras importan, protegemos la sana crítica de C-Libre presentado el 19 de noviembre de 2024, el 35% de las alertas relacionadas con ataques a la libertad de expresión en este año se atribuyen a funcionarios públicos.
Además, estas declaraciones parecen ignorar los compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño, como la Declaración de Chapultepec. Este documento subraya que la difusión de información, junto con el derecho a indagar y cuestionar, son fundamentales para garantizar a los ciudadanos la recepción de información oportuna.
“Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de información sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.”:Declaración de Chapultepec, firmada por el Congreso Nacional de Honduras en junio de 2007.
Se intentó establecer contacto con Carlos Estrada, para conocer su postura frente a los cuestionamientos hacia el gobierno como gestor de las vulneraciones a la libertad de expresión, sin embargo, al cierre de esta nota no atendió a las comunicaciones.
El director de FOSOVI, Gilberto Ríos, quien también funge como asesor en comunicaciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es otro funcionario destacado por sus ataques en redes sociales. Entre enero y octubre de 2024, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia, Ríos realizó más de 500 publicaciones en redes sociales que incluían mensajes descalificadores hacia periodistas y medios de comunicación.
Un ejemplo reciente ocurrió el 10 de octubre de 2024, cuando calificó como “falso” un análisis del periodista estadounidense Jeff Ernst sobre el denominado “pacto de impunidad”. En su publicación, Ernst señaló que la clase política hondureña actúa de manera similar independientemente de quién esté en el poder. Ríos acusó al periodista de actuar “en sintonía con los intereses imperiales y oligárquicos”, retomando un discurso similar al del ministro Salgado, quien había calificado a las personas críticas como “perros de garra del imperio”.
Este patrón no es nuevo, Ríos también ha tildado de “absurdas” algunas publicaciones de Criterio.hn, lo que refuerza su estrategia de desacreditar a los medios que cuestionan al gobierno.
El abogado Víctor Fernández enfatiza la responsabilidad que los funcionarios tienen frente a la ciudadanía al señalar que una persona con esta investidura “carga con una doble obligación: primero, respetar los derechos y, segundo, garantizarlos. Cuando responden de esa forma frente a la crítica legítima, están limitando el derecho a la libertad de expresión”.
Por su parte, Saúl Bueso, miembro del equipo de acceso a la justicia de C-Libre, recordó que los funcionarios son servidores públicos cuya función está basada en un compromiso con la ciudadanía.
El informe de C-Libre también recogió otros funcionarios como mayores agresores a la libertad de expresión, entre empleados y directores de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), Congreso Nacional, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, entre otros.
Este tipo de prácticas no son exclusivas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, en ellas se involucra también el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien ha adoptado una postura confrontativa hacia los medios de comunicación. En marzo pasado, llegó a amenazar públicamente con tomar medidas contra quienes, según él, difamen su persona, advirtiendo que estas acciones tendrían consecuencias.
Jennifer Ávila, directora de Contracorriente, señaló que Redondo se ha mostrado como un actor agresivo hacia la prensa crítica. Según Ávila, el presidente del Congreso ha emitido declaraciones públicas intimidantes y, además, existen cuentas en redes sociales asociadas a su entorno que han orquestado campañas de desprestigio contra periodistas y medios.
Por su parte, la directora de Criterio.hn, Emy Padilla, ha recibido mensajes privados de Luis Redondo reclamando por el contenido de varios reportajes que exponen la falta de transparencia en la entrega de subvenciones, la inoperatividad de las sesiones legislativas y el incumplimiento en la aprobación de algunas leyes, entre otras temáticas de la agenda legislativa.
Las agresiones contra la prensa hondureña, en muchos casos, no tienen rostro, como el caso reportado por la periodista de Comayagua, Sandra Pérez, quien a raíz de denunciar la lentitud en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) relató haber sido víctima de amenazas y situaciones intimidantes. Según su testimonio, en tres ocasiones vehículos doble cabina intentaron volcar su automóvil después de cubrir esta temática.
Además, tanto ella como sus colegas han denunciado que se le ha bloqueado el acceso a información en varias instituciones gubernamentales. Por ejemplo, señalaron dificultades para obtener declaraciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Salud en Comayagua.
Periodismo en Tocoa: entre el peligro y la impunidad
El periodista Nahúm Palacios Arteaga, director de noticias de la Televisora del Aguán, Canal 5, fue acribillado con un AK-47 cerca de su vivienda, el 14 de marzo de 2010. Su muerte ocurrió poco después del golpe de Estado de 2009, un período en el que enfrentó constantes atropellos a su libertad de expresión.
En ese entonces, los militares confiscaron su equipo de trabajo, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares que nunca fueron ejecutadas por el Estado hondureño. Palacios cubría el conflicto agrario en el Bajo Aguán, donde el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) se enfrentaba a poderosos empresarios como Miguel Facussé, René Morales y Rafael Canales.
Los conflictos en esta región, vinculados al control de tierras, la empresa privada y el crimen organizado, continúan siendo mortales. El 14 de septiembre de 2024, el ambientalista Juan López fue asesinado en Tocoa, un hecho que refleja las persistentes amenazas hacia quienes luchan contra megaproyectos minero-energéticos como el de Pinares-Ecotek. El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha exigido una investigación integral, mientras que el sacerdote jesuita Carlos Orellana responsabilizó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por el asesinato de López.
Fúnez, quien ha sido alcalde desde 2010, ha estado presente durante años marcados por ataques, amenazas y atentados contra periodistas y defensores del medio ambiente en la región, lo que pone en tela de juicio su responsabilidad y la del Estado en la protección de estos sectores.
El edil, que ha sido señalado por supuestos vínculos con altas figuras del narcotráfico, participó, junto al exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, en una reunión en 2013 con Devis Rivera, líder del cártel Los Cachiros y los también narcotraficantes Ramón Matta Waldurraga, Carlos “El Negro” Lobo y Héctor Fernández Rosa, alias “Don H”, en la que se pautaba la entrega de fondos para la campaña política de 2013 del partido Libertad y Refundación (Libre).
Dalila Santiago, corresponsal de Radio Progreso en Tocoa y miembro del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos, describe el ejercicio del periodismo en la región como una actividad de alto riesgo, enfrentando no solo amenazas físicas sino también un sistema estructurado de criminalización.
“La raíz del problema está en la presencia del narcotráfico y los tentáculos del crimen organizado”, explica Santiago. Informar sobre estos temas pone en peligro la vida de los periodistas, quienes muchas veces deben omitir detalles o temas críticos como medida de protección personal.
De acuerdo con el informe de C-Libre, entre 2023 y 2024, en el departamento de Colón se registraron 21 alertas por violaciones a la libertad de expresión. En una entrevista con Criterio.hn la directora de C-Libre, Amada Ponce destacó a Tocoa como una de las zonas más peligrosas para los comunicadores.
“Nos tienen identificados”, advirtió Santiago, refiriéndose al control que la municipalidad de Tocoa ejerce sobre la prensa. Según ella, el acceso a la información está severamente restringido, y obtener una entrevista con el alcalde Adán Fúnez es prácticamente imposible, ya que su táctica principal es ignorar a los periodistas.
Además, algunos medios de comunicación optan por no cubrir las noticias más sensibles de la región, diluyendo o maquillando la realidad de lo que ocurre, lo que contribuye a un clima de silencio e impunidad.
El Mecanismo de Protección es “ineficiente” dijo Santiago, debido a que cuenta con medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023, pero a un año no cuenta con garantías.
Después del asesinato del ambientalista Juan López, que también contaba con medidas de protección, el riesgo aumentó en la zona, expresó Dalila. A raíz del asesinato de López se puso en evidencia la inefectividad del Mecanismo de Protección, lo que conllevó a que el gobierno prometiera adoptar con urgencia las medidas de protección a las personas beneficiarias. Sin embargo, a más de dos meses del asesinato del ambientalista, aún se está a la espera de que esta promesa se cumpla.
El pasado 17 de septiembre, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, afirmó que la administración del narco expresidente Juan Orlando Hernández dejó una instancia endeudada y plagada de debilidades y falencias desde su fundación.
Este sistema tuvo un presupuesto para 2023 de 20 millones de lempiras, asignados con Fondos de la Tasa de Seguridad. Este mecanismo es, en realidad, un sistema compuesto por varias instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la propia Secretaría de Derechos Humanos, entre otras. Esto significa que todas estas entidades comparten la responsabilidad de garantizar la protección de los beneficiarios.
Urgentes reformas al Código Penal
Además de los ataques perpetrados desde el poder, los periodistas hondureños se siguen enfrentando a un Código Penal criminalizador que ofrece cárcel para aquel o aquellos que incurran en delitos contra el honor. Estos delitos, tipificados en los artículos 229 al 231 del Código Penal, han generado preocupación en organismos internacionales, incluida la relatora especial de la ONU, Irene Khan.
Durante su visita, Khan destacó que entre 2022 y 2023 se dictaron 14 condenas por estos delitos y recomendó su reforma o eliminación. Argumentó que recurrir a la vía penal es una respuesta desproporcionada, ya que los derechos y la reputación pueden protegerse efectivamente a través de regímenes civiles menos restrictivos.
| “Quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores falsos que atemoricen a la población o parte de ésta y, de este modo, se crea un peligro grave para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, debe ser castigado con la pena. de prisión de uno (1) a tres (3) años.”: Artículo 573 del Código Penal de Honduras.
Khan advirtió que la criminalización de la difusión de “noticias o rumores falsos” es un concepto ambiguo y mal definido que puede derivar en inseguridad jurídica. Esto facilita su uso para obstaculizar la libre circulación de información y llamar las críticas legítimas hacia el gobierno, un riesgo incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
En aras de despenalizar los delitos contra el honor y pasar estos al ámbito civil, desde hace varios años se viene pidiendo al Congreso Nacional que se reforme el Código Penal. Sin embargo, no existe voluntad política para que eso suceda y más pareciera que la criminalización de la prensa es una carta que favorece al poder.
