La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige a las instituciones estatales publicar contratos, contrataciones y compras. Esta normativa establece que todas las instituciones obligadas deben divulgar de manera proactiva información pública relevante, incluyendo procesos de adquisición, adjudicaciones y contrataciones, a través de portales de transparencia.
Adicionalmente, la Ley de Contratación del Estado regula los procedimientos relacionados con la compra de bienes y servicios, exigiendo la publicación de información para garantizar transparencia y evitar irregularidades. Ambos marcos legales son supervisados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Sin embargo, aunque la normativa lo establezca, no se materializa porque algunas instituciones del Estado ni suben los contratos a HonduCompras. De hecho, esta mala práctica de opacidad fue una de las ventanas para robar fondos públicos en administraciones anteriores, cuando el país fue golpeado por los huracanes Eta e Iota
Tegucigalpa, Honduras.- Ante los antecedentes de corrupción en administraciones anteriores y en aras de la transparencia, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está en la obligación de informar cuánto está invirtiendo cada institución para reparar los daños ocasionados por la tormenta tropical Sara durante su paso de tres días por el territorio hondureño.
Para Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en un contexto donde las compras directas se asocian históricamente con corrupción, el gobierno de Xiomara Castro enfrenta el reto de demostrar transparencia en el manejo de fondos públicos.
Además, resaltó la importancia de implementar mecanismos claros y efectivos en las contrataciones y compras directas, especialmente en contextos de emergencia, para asegurar la rendición de cuentas.
Este enfoque, de acuerdo con Aguilar, busca evitar repetir prácticas de opacidad como las ocurridas durante administraciones como la de Juan Orlando Hernández, cuando, según la Fiscalía, funcionarios como el prófugo Ebal Díazaprovecharon decretos de emergencia tras los huracanes Eta e Iota para desviar fondos estatales destinados a los damnificados.
“El gobierno, por las consecuencias que dejó la tormenta Sara, está actuando dentro de lo que establece la Ley de Contratación de Estado porque no hay tiempo para hacer licitaciones públicas o privadas. Es el camino adecuado, pero veremos cómo manejan la rendición de cuentas porque el pueblo debe saber en qué se gasta el dinero público en estas situaciones”, valoró Juan Aguilar en pláticas con Criterio.hn.
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PCM DE EMERGENCIA
La opinión de Juan Carlos Aguilar surge a raíz de la emisión, el jueves 14 de noviembre, del decreto ejecutivo de emergencia PCM 35-2024 por parte del gobierno de Xiomara Castro. Este decreto, publicado al día siguiente en La Gaceta y con una duración de 30 días, otorga facultades especiales a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para actuar en respuesta a la emergencia.
Aunque este decreto no especifica los montos económicos estatales exactos que se utilizarán para mitigar los estragos que generó la tormenta Sara, instruye a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a gestionar y reorientar recursos internos y externos para cubrir las necesidades de recuperación y reconstrucción.
Las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), como COPECO, en su rol de coordinación general, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y otras dependencias sectoriales, están autorizadas, según el decreto PCM 35-2024, a realizar contrataciones directas de bienes, servicios y obras vinculadas a la emergencia durante los próximos 30 días.
Aunque el PCM 35-2024 no especifica el monto asignado para la emergencia, instituciones como Copeco y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) cuentan en 2024 con partidas presupuestarias destinadas a contingencias. COPECO, liderada por el vicealmirante José Jorge Fortín, dispone de 67.9 millones de lempiras para emergencias, de los cuales ya se han ejecutado 46.3 millones, dejando un saldo disponible de 21.6 millones.
Por su parte, la SIT tenía una asignación de 25 millones para contingencias este año, pero ya agotó esos recursos. No obstante, posee un presupuesto adicional aprobado por el Congreso Nacional para la construcción de bordos de contención en el Valle de Sula, en Cortés, al norte de Honduras, Inicialmente, se le asignaron 104 millones de lempiras, pero tras modificaciones en sus prioridades, su presupuesto actual es de 28.5 millones, de los cuales ya ejecutó 25.9 millones.
Sumado a esto, el presupuesto general de Honduras para el ejercicio fiscal 2024 asciende a 407,137,500,000 lempiras (cuatrocientos siete mil ciento treinta y siete millones quinientos mil lempiras), reflejando un aumento del 3.6 % respecto a 2023. Este presupuesto incluye partidas específicas para atender emergencias. Además, por los daños de la tormenta tropical Sara, el país recibió donaciones internacionales de 950,000 dólares (novecientos cincuenta mil dólares), destinadas principalmente a apoyar a los damnificados.
Frente a estos recursos, se exige transparencia en su gestión. Las normativas vigentes obligan a las instituciones a detallar en plataformas públicas los ingresos, egresos, compras y contrataciones realizadas en emergencias, lo cual permite verificar cómo se usarán estos fondos para contrarrestar los daños ocasionados.
Para ello, el secretario de Finanzas, Christian Duarte, informó a través de su cuenta en X que los fondos destinados a la emergencia serán distribuidos entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Esto incluye entidades como COPECO, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y otras dependencias responsables de la atención y mitigación de los daños ocasionados por la tormenta Sara.
