Tegucigalpa, Honduras.- En 21 días, el estado de excepción alcanzará dos años desde su implementación en diciembre de 2022. Analistas consultados por Criterio.hn señalan que esta medida ha sido extendida de manera ilegal porque, en su gran mayoría, los decretos no han sido ratificados por el Congreso Nacional, y que sus resultados en materia de seguridad han sido deficientes, por lo que concluyen que no debería de continuar prolongada.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, señaló que, durante la vigencia del estado de excepción, el Congreso Nacional, liderado por Luis Redondo, ha ratificado aproximadamente 15 de los más de 20 decretos enviados por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, aunque algunos sí fueron ratificados, este proceso ha roto el marco legal establecido en la Constitución de la República, lo que ha generado que todas las acciones derivadas de estos decretos carezcan de validez jurídica.
Castañeda explicó que, además de no ratificar todos los decretos, aquellos aprobados por mayoría simple (65 votos) han sido avalados fuera del tiempo estipulado por la normativa. “Tenemos apenas un decreto ratificado en tiempo y forma. Algunos fueron aprobados después de 100 días, lo que significa que no tienen validez. Al no tener validez, todas las actuaciones en el marco de lo establecido en el PCM quedan nulas”, detalló.
Este incumplimiento se relaciona con el artículo 187 de la Constitución, que establece que, una vez aprobado o prorrogado el estado de excepción por el Ejecutivo en Consejo de Ministros por períodos de 45 días, el Congreso Nacional debe conocerlo de forma inmediata, o en un plazo máximo de 30 días, si está en sesión.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, explicó que los últimos decretos enviados por el Poder Ejecutivo para prolongar el estado de excepción no han sido sometidos a votación en el Congreso Nacional porque el oficialismo no cuenta con el respaldo para ratificar, modificar o rechazar, lo que ha impedido su presentación ante el pleno.
Umaña señaló que esta situación es un reflejo la desventaja numérica de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Legislativo. Además, destacó que, tras evaluar los resultados de esta herramienta de emergencia, muchos diputados de la oposición no respaldarían una nueva prórroga. Esto literalmente lamiaría al Ejecutivo, que ya no podría continuar extendiendo el estado de excepción a través de decretos.
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Además de no contemplar el marco legal que manda la Constitución de la República, el desempeño en operatividad que ha tenido el estado de excepción durante estos casi dos años ha sido ineficiente porque continúa la escalada de violencia y criminalidad en el país, de acuerdo con el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid.
“¿Cómo se pueden evidenciar los resultados del estado de excepción, además de la percepción de criminalidad entre la población? Se pueden ver en las capturas, los procesos de investigación y los casos judiciales. Es decir, en este caso, los resultados se miden por la eficiencia en el engranaje de la lucha contra la inseguridad. Lo que vemos es que solo se capturan a los autores materiales, quienes quedan en libertad rápidamente debido a la falta de una investigación profunda. Además, el número de casos que llega hasta una instancia judicial es muy bajo”, explicó Madrid.
Además, Madrid enfatizó que, para que esta estrategia tenga efectividad, no solo es necesario mejorar la investigación y judicialización de los criminales, sino también la prevención, evitando que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado para cometer fechorías, como hacer los cobros de extorsión.
“Una estrategia planificada e integral no solo se compone de operaciones de saturación, sino que también incluye un plan de prevención. ¿Cómo se está evitando que los menores sigan siendo caldo de cultivo para los criminales? No se está haciendo. Por eso se habla de tantas capturas, porque son jóvenes que, quizás, incluso están siendo amenazados para realizar labores criminales, mientras los verdaderos líderes de estas maras y pandillas permanecen tranquilos”, valoró.
Lo expuesto por Madrid tiene sentido. Un análisis de datos realizado por Criterio.hn con información solicitada a la Secretaría de Seguridad reveló que, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, la Policía arrestó a 35,271 personas. Paradójicamente, ni el 2% de estas capturas fue por el delito de extorsión, que fue uno de los principales motivos para la implementación de esta herramienta.
Además, tras recabar información solicitada al Ministerio Público, se concluyó que la mayoría de los capturados por delitos relacionados con el crimen organizado quedaron en libertad porque las investigaciones presentadas no sustentaban su participación en alguno de estos hechos. En el rango de capturados por estos delitos, figuraban jóvenes de entre 18 y 25 años.
Sin embargo, a pesar de estos cuestionamientos, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, continúa afirmando que este año se cerrará con la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años, atribuyéndolo como un logro del estado de excepción.
Sin embargo, la veracidad de estos índices está en duda desde que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció la falta de transparencia en el manejo de estos datos, señalando que están siendo gestionados por la misma cúpula policial.
