Nasry Asfura, actualmente en juicio por corrupción, y Ana García, investigada por narcotráfico en la política, figuran entre los candidatos que participarán en las elecciones de 2025, a pesar de sus problemas legales
Tegucigalpa, Honduras. – Políticos que actualmente están siendo investigados por la justicia hondureña e incluso con procesos judiciales en curso participarán en los siguientes comicios electorales de 2025 en Honduras.
Dicho planteamiento, por irrisorio que parezca, es posible debido a que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas permite que se respete la presunción de inocencia, ante ello, se pide un marco legal más robusto.
Según el artículo 7 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas “pueden ser electos, todos los ciudadanos hondureños inscritos en el Censo Nacional Electoral, que no se encuentren inhabilitados según lo establece la Constitución y esta Ley”, dicta el texto.
DOS PRECANDIDATOS NACIONALISTA EN MIRAS DE JUSTICIA
El viernes 8 de noviembre del presente año 21 movimientos políticos de los partidos Liberal, Nacional y Libre, presentaron sus planillas de candidatos para las próximas elecciones.
Algunos de los casos más destacados son el del precandidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el de la precandidata por el mismo partido, Ana García, actual esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos de narcotráfico.
En el caso de Asfura, inscribió su movimiento llamado “Papi a la Orden” desde el 31 de octubre de 2024 en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, acompañado de su apoderado legal y una multitud de simpatizantes.
Esto, a pesar de que actualmente enfrenta un juicio por un presunto desfalco en la alcaldía capitalina durante parte su gestión entre 2017 y2018, el cual consistió en el desvío de más de 28 millones de lempiras que, según la fiscalía acusadora, se usaron en beneficio de su campaña política, sus empresas y familiares.
De igual forma, Ana García, precandidata nacionalista por el movimiento “Avanza”, presentó sus planillas, entre las cuales destaca la presencia de su hija, Daniela Hernández, como diputada para el Congreso Nacional (CN).
García estaría siendo investigada por la fiscalía hondureña, según se confirmó en una cadena nacional, donde se revelaron los nombres de 33 hondureños investigados por la relación entre el narcotráfico y la política. En dicha lista figura el nombre de García, así como el de su esposo.
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LEY PERMITE QUE PERSONA INVESTIGADAS PARTICIPEN EN POLÍTICA
Las inscripciones se llevan a cabo porque ni la Ley Electoral ni el reglamento de inscripción prohíben que una persona que esté siendo investigada por la justicia hondureña participa en los procesos electorales, siempre y cuando no exista una sentencia firme en su contra.
Emilio Hércules, comisionado de la Unidad de Política Limpia, explicó que esta entidad, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), no puede impedir la participación de una persona en un proceso electoral, ni antes ni después de su inscripción oficial, por estar siendo investigadas.
Debido a que la ley electoral no establece que los participantes no deben tener antecedentes penales ni denuncias en su contra, en este sentido, Hércules detalló que la auditoría realizada por la Unidad de Política Limpia se enfoca en aspectos como los movimientos bancarios, entre otras acciones.
Además de los dos precandidatos presidenciales nacionalistas, hace unos meses se conoció la activa participación en política de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, quien renunció a su cargo tras la difusión de un video en el que aparece en una reunión con narcotraficantes.
El involucramiento de personas vinculadas al narcotráfico en la política no ha sido exclusivo de los partidos Nacional y Libre, ya que también Yani Rosenthal, luego de cumplir una sentencia en Estados Unidos, por lavado de dinero a narcotraficantes, se postuló como candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras.
El analista Luis León señaló que la falta de un marco legal adecuado y la ausencia de independencia en los órganos políticos afectan gravemente la transparencia electoral en Honduras.
Por ello se anticipa que en las próximas elecciones el panorama será similar al de años anteriores, con la diferencia que la población está más consciente de los posibles vínculos entre política y narcotráfico.
“Esta creciente conciencia podría motivar a ciertos sectores a emprender auditorías independientes, buscando mayor claridad y justicia en el proceso electoral”, expresó el analista.
