A pesar de las recomendaciones de la CIDH, la falta de avances en la implementación de medidas efectivas mantiene en riesgo a defensores, periodistas y operadores de justicia en un contexto de creciente violencia y amenazas
Tegucigalpa Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado de Honduras a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en su informe de 2023. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, la situación se mantiene crítica.
Hasta la fecha, no se observan avances significativos en la implementación de medidas efectivas que garanticen la seguridad de estos grupos vulnerables.
Andrea Pochak, relatora para Honduras de la CIDH, en su más reciente visita al país, principalmente a Tocoa, donde se vive una constante violencia por la defensa de la tierra, ha enfatizado que el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección es una de las principales recomendaciones que la Comisión ha estado haciendo al Estado hondureño.
Pochak destacó que han mantenido conversaciones con las autoridades sobre los desafíos relacionados con la gestión administrativa de los recursos del mecanismo, subrayando la necesidad de establecer trámites ágiles que permitan la implementación de medidas urgentes.
“Estamos siguiendo el fortalecimiento del mecanismo con cercanía, porque es una herramienta clave para proteger a los defensores y defensoras”, afirmó Pochak, reiterando la importancia de contar con un sistema eficaz que garantice la seguridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.
La falta de acción del Estado se traduce en un contexto alarmante, donde defensores y periodistas continúan enfrentando amenazas y violencia sin la protección necesaria.
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PREOCUPACIÓN CONSTANTE
La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz expresó su preocupación por la situación del Mecanismo Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en Honduras.
En sus declaraciones, Paz y Paz enfatizó que es “muy grave” que el Estado no haya fortalecido adecuadamente este mecanismo, especialmente en un momento crucial en el que se encontraba sin director desde la renuncia de Rodolfo Antonio Zamora a inicios de agosto de 2024. Puesto que desde el 01 de noviembre es ocupado por Arnol Bonilla.
Paz y Paz, subrayó la importancia de considerar perfiles sugeridos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la sociedad civil para el nombramiento del director. Afirmó que quién esté al frente debe ser “técnicamente preparado” y “suficientemente independiente” para cumplir con su labor conforme a los estándares interamericanos de protección a los derechos humanos.
También destacó la necesidad de asegurar un presupuesto adecuado para que el mecanismo pueda operar efectivamente, ya que, sin recursos suficientes, su funcionamiento se ve comprometido.
La situación es alarmante: entre 2019 y 2023, al menos 16 defensores de derechos humanos vinculados al Mecanismo han sido asesinados en Honduras. El más reciente el del ambientalista Juan López que contaba con medidas cautelares de la CIDH. Estos asesinatos evidencian las múltiples falencias del sistema, que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la sociedad civil.
Ente el panorama de debilitamiento del mecanismo, Claudia Paz y Paz, hizo un llamado urgente al Estado hondureño para que tome medidas efectivas en el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, garantizando así la seguridad y dignidad de aquellos que defienden los derechos humanos en el país.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA CIDH
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó la importancia de los mecanismos nacionales de protección como herramientas esenciales para ofrecer una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos.
La CIDH recordó al Estado hondureño la necesidad urgente de dotar al mecanismo con los recursos humanos y financieros suficientes que respondan a las necesidades reales de protección de quienes se encuentran en riesgo, enfatizando que esto debe hacerse en consulta con las personas beneficiarias.
Además, la Comisión instó al Estado a garantizar un presupuesto adecuado para asegurar el funcionamiento efectivo del mecanismo y a contar con personal capacitado que comprenda los riesgos específicos que enfrentan los defensores en el país.
