Funcionarias judiciales, evadieron por al menos cuatro años emitir las cartas de libertad definitivas, lo que provocó persecución y detenciones contra los defensores quienes continuaron siendo requeridos por la Policía Nacional
Las cartas de libertad definitivas fueron emitidas a 45 días del asesinato de Juan López, quien era uno de los defensores ambientales acusados
Tegucigalpa, Honduras. – Tras seis años de criminalización y judicialización, finalmente la jueza de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Zoé Doralina Guifarro, emitió cartas de libertad definitivas en favor de cinco de las personas defensoras del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
La notificación fue realizada, ayer martes, por el Poder Judicial a través de un comunicado en el que señaló que la acción obedecía a la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional emitida en junio de 2022, en favor de Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
De estos cinco defensores, Juan Antonio López fue asesinado el pasado 14 de septiembre, mientras que Reynaldo Domínguez Ramos fue desplazado, junto a su familia, de la comunidad de Guapinol tras los asesinatos de sus hermanos Alí y Oquelí Domínguez, en 2023.
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En el pronunciamiento del Poder Judicial, afirman que las cartas de libertad definitiva se emiten en apego a la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional y el sobreseimiento definitivo del Juzgado de Letras con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal.
Tanto la jueza Guifarro como otras funcionarias judiciales, evadieron por al menos cuatro años emitir las cartas de libertad definitivas, lo que provocó persecución y detenciones contra los defensores quienes continuaron siendo requeridos por la Policía Nacional, como ocurrió con el defensor y regidor por Tocoa, Leonel George.
Incluso, la causa en contra de estos cinco defensores ambientales de Tocoa fue reabierta, cinco días después del asesinato de Juan López, por medio de una resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba firmada por la magistrada presidenta Vianey Cruz Recarte, así como la magistrada permanente Dilia Irasema Guillén Sánchez y la magistrada integrante Roxana Ninoska Cálix Zúniga.
Tanto la Jueza Guifarro, como las magistradas Cruz Recarte y Guillén Sánchez han sido denunciadas en varias ocasiones por los supuestos delitos de prevaricato judicial y denegación de justicia. Una de las últimas denuncias fue realizada en abril de 2024 luego que negaron la acción de amparo en contra de la convocatoria a un nuevo cabildo abierto para la “socialización y aprobación” del controvertido proyecto termoeléctrico Ecotek, al que se oponen los defensores de Tocoa
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En el caso de la jueza Guifarro y la magistrada Guillén Sánchez fueron denunciadas anteriormente por fallos relacionados con la detención ilegal de los ocho defensores de Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, quienes permanecieron más de 900 días privados ilegalmente de su libertad.
Incluso el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU resolvió que el encarcelamiento de los defensores era arbitrario y ordenó se investigara y sancionara a todas los funcionarios judiciales y fiscales que participaron en el proceso de criminalización.
