Hasta la fecha, cinco exsecretarios en el periodo de Juan Orlando Hernández, más otros empleados públicos, han sido requeridos por la justicia hondureña por cometer actos de corrupción en el contexto de la pandemia de Covid-19
Tegucigalpa, Honduras. –Gabriel Rubí, exdirector del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), se ha sumado a la lista de exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, acusados de corrupción durante la pandemia de Covid-19 en el año 2020.
En medio de una crisis sanitaria que ya era grave por la rápida propagación del virus y la precariedad del sistema hospitalario, varios funcionarios aprovecharon la situación para enriquecerse a costa de los recursos destinados a la emergencia. Estos actos de corrupción agravaron la tragedia, incrementando el número de hondureños que perdieron la vida.
Hasta ahora, cinco exsecretarios de estado enfrentan cargos por fraude, estafa y violación a los deberes de la administración pública, principalmente en irregularidades relacionadas con la compra que van desde hospitales móviles hasta mascarillas.
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CORRUPTOS DE LA PANDEMIA
El más reciente funcionario requerido por la justicia hondureña por dichos delitos fue Gabriel Rubí, quien ayer, 10 de octubre, un juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, en declaración de imputado, le dictó detención judicial por suponerlo responsable de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, esto en el marco de la compra de unos ventiladores mecánicos durante la pandemia del Covid-19.
El exfuncionario fue enviado al centro penal de Támara, pero, previo a su detención, defendió ante los medios de comunicación su inocencia, aduciendo que en las compras participaron otras instituciones y que las mismas se hicieron de forma directa debido a la emergencia, al tiempo que refirió tener las pruebas documentales de su inocencia.
En 2022, Gabriel Rubí y otros cinco funcionarios de Copeco fueron requeridos por la justicia hondureña, acusados de delitos relacionados con la compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia, sin embargo, en esa ocasión se les dictó un sobreseimiento definitivo.
No obstante, en septiembre de 2024, con nuevas autoridades en el Ministerio Público, se reabrió el caso y se emitió un nuevo requerimiento fiscal contra Rosales y otros exfuncionarios, acusados de causar un perjuicio de 63 millones de lempiras en la adquisición de los ventiladores mecánicos.
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Otro de los exfuncionarios que fueron requeridos por la justicia hondureña por corrupción en pandemia, están Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud; Rocío Tábora, exsecretaria de Finanzas; y Roxana Rodríguez, entonces subsecretaria de Finanzas.
El Ministerio Público las acusó de fraude en perjuicio de la administración pública, vinculado a la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia por un costo de 1,174 millones de lempiras.
Estos hospitales, además de estar sobrevalorados en al menos 807 millones de lempiras, presentaron desperfectos y no lograron atender la emergencia sanitaria de manera efectiva.
En este caso, Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), ya fue condenado a diez años de prisión, una multa de más de 1,475 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta.
Por su parte, Álex Moraes, exadministrador de Invest-H, fue declarado culpable por violación continuada y agravada de los deberes de los funcionarios. No obstante, este delito no contempla prisión según el nuevo Código Penal.
CORRUPTOS HAN VISTO EN SALUD UN NEGOCIO
El analista político, Raúl Pineda Alvarado, considera que el hecho de que exfuncionarios sean requeridos por la justicia revela cómo funciona el poder: quienes lo detentan gozan incluso de impunidad, pero una vez fuera de él, deben enfrentar la justicia. Este fenómeno, según Pineda, debería servir de lección para quienes asuman cargos públicos.
Asimismo, señala que argumentar ser víctimas de persecución política tras ser acusados judicialmente sugiere cierta culpabilidad, por lo tanto, lo más prudente sería que estos exfuncionarios se presenten ante las autoridades de manera directa.
En tanto, Blanca Munguía, especialista en salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), es del criterio que las compras de emergencia, frecuentemente usadas como vehículos de corrupción, se originan muchas veces por la falta de planificación, esto frecuentemente en el sector público, afectando así el derecho de la población a un servicio de calidad.
Entre los grandes casos de corrupción en tema de salud que han afectado a los hondurñeos, destacan el fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el caso Astropharma, la compra de hospitales móviles durante la pandemia y la adquisición irregular de mascarillas. En todos ellos, exfuncionarios se han beneficiado a costa de la salud del pueblo, enriqueciendo sus propios bolsillos.
