Tegucigalpa, Honduras. El Poder Ejecutivo prolongó, el pasado 2 de octubre, por décimo sexta ocasión —por períodos de 45 días—, el cuestionado estado de excepción, que estará vigente hasta el 16 de noviembre de 2024, a pesar de no cumplir con el marco legal que establece la Constitución de la República para extender periódicamente esta herramienta jurídica, destinada únicamente para situaciones excepcionales, pero que perdió su naturaleza.
De acuerdo con el PCM 030-2024 publicado en La Gaceta por el Poder Ejecutivo el pasado dos de octubre, esta nueva prórroga estará vigente en 226 de los 298 municipios hondureños en los que, de alguna forma, la violencia y criminalidad continúa afectando varios sectores de la población.
Las fuerzas de seguridad pública argumentan que es necesario que el Ejecutivo continúe prolongando el estado de excepción debido a los resultados efectivos obtenidos, como la reducción en la tasa de homicidios y la disminución del delito común.
Así lo ha expuesto en varias ocasiones el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicando que esta herramienta jurídica ha permitido realizar más detenciones de personas vinculadas al narcotráfico y la criminalidad organizada, decomisar armas utilizadas en actos ilegales y efectuar allanamientos de vivienda de manera efectiva.
“El estado de excepción, la estrategia policial y el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público han permitido estos logros. Es necesario seguir ampliándolo porque es una de las formas de detener la delincuencia organizada y el narcotráfico. (…) Quienes cuestionan su prolongación tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado y el narcotráfico”, mencionó Sánchez, quien hace unos meses reconoció que su cargo es político, justificando de esa forma inclinación al oficialismo.
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ILEGALIDAD DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Sin embargo, para alcanzar esos “logros”, que simplemente son resultados que la Policía debería obtener de forma cotidiana, las autoridades han perpetrado diversas ilegalidades amparadas en esta medida. El principal incumplimiento es la falta de ramificación de los decretos ejecutivos de prórroga por parte del Congreso Nacional. Sin cumplir con este paso, la herramienta jurídica se convierte en inconstitucional.
El artículo 187 de la Constitución de la República establece que, para implementar un estado de excepción, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto consensuado previamente por el Consejo de Ministros y aprobado. Luego, en un plazo máximo de 30 días, este decreto debe ser conocido, aprobado, modificado o rechazado por el Congreso Nacional y ratificado por mayoría simple de los diputados.
Partiendo de ese pilar fundamental establecido en la Constitución de Honduras, y sumado al hecho de que no todas las prórrogas han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta por el Poder Ejecutivo, todos los “logros” de los que alardean Sánchez y la cúpula policial están enmarcados en la ilegalidad.
Es decir, las capturas, allanamientos de vivienda y otras acciones policiales realizadas mediante la suspensión de seis garantías constitucionales —69, 78, 81, 84, 93 y 99— que permite el estado de excepción, son arbitrarias porque la medida se desnaturalizó; perdió su carácter constitucional, por lo tanto, los capturados pasan a ser víctimas de abuso policial y militar.
En resumen, la suspensión de esas seis garantías constitucionales permite que la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público realicen capturas de cualquier ciudadano que consideren vinculado al crimen organizado o narcotráfico, y lleven a cabo allanamientos de viviendas sin una orden judicial previa.
Estas facultades otorgadas a policías y militares han abierto la puerta para que, además de ampararse en una medida ilegal, cometan crímenes durante los operativos. En pocas palabras, según denuncias recibidas por el Ministerio Público (MP), en los allanamientos de viviendas roban pertenencias de los propietarios, aunque no capturen a nadie, y han llegado a cometer violaciones sexuales y asesinatos, entre otras fechorías.
Además, el mismo estado de excepción ha expuesto redes de extorsión que operan dentro de la propia institución policial. Algunos efectivos enfrentan procesos judiciales por allanar viviendas, capturar personas y exigir grandes sumas de dinero para liberarlas. De lo contrario, amenazan con implantar pruebas que los vinculen con el crimen organizado y el narcotráfico.
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Al parecer, durante la sesión en el Congreso Nacional de este día, el presidente Luis Redondo pretende ratificar el último decreto del estado de excepción. Sin embargo, existen amenazas de que, si es sometido a votación, la mayoría de los diputados opositores no lo respaldará debido a las ineficiencias y violaciones de derechos humanos perpetradas durante su vigencia.
“El Partido Salvador de Honduras y, según entiendo, las otras bancadas opositoras no respaldarán la ratificación del estado de excepción si se somete a votación, porque se han cometido diversas violaciones a los derechos humanos y esta medida ha sido ineficiente; el ambiente de criminalidad persiste y la extorsión continúa en ascenso”, mencionó en medios de comunicación el diputado Carlos Umaña, jefe de la bancada del PSH.
