El Gobierno de Xiomara Castro había anunciado que el informe se haría público previo a la celebración de la 79 Asamblea General de la ONU, pero eso no ocurrió. Asimismo, mediante una solicitud de información, la Cancillería le respondió a Criterio.hn que no podía compartir el referido informe porque no se contaba con la autorización de la ONU.
Los diputados y diputadas decidirán cuál será la información que se desclasificará en el marco de las negociaciones entre el Estado de Honduras y la ONU para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Entonces, ¿dónde queda la transparencia?
Tegucigalpa, Honduras. – La visita de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Honduras, realizada en varias ocasiones a lo largo de 2023, marcó un hito en el proceso de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Este equipo fue convocado para evaluar el contexto judicial y las reformas necesarias para combatir la corrupción en el país.
Sin embargo, a pesar de la importancia de su trabajo, el informe final que contiene sus recomendaciones aún no ha sido divulgado públicamente, lo que genera inquietud entre la ciudadanía y los sectores políticos.
La Frase
“Hemos llegado a un acuerdo de que se publique el reporte de expertos que se presentó una vez que se terminó su misión (…). Publicaremos de nuestra parte el proyecto de convenio para que sea conocido por el pueblo hondureño en aras de la transparencia”: Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras.
En agosto de 2024 –un año después de concluir la segunda visita de expertos— el canciller de la república Eduardo Enrique Reina, anunció que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había aceptado la petición del Estado de Honduras de hacer público el informe de recomendaciones y a la vez aseguró que dicho documento sería publicado para conocimiento de la sociedad hondureña antes de la 79 Asamblea General de la ONU, celebrada, del 22 al 23 de septiembre pasado, en Nueva York, sede de este organismo mundial.
En julio de 2024, la presidenta Xiomara Castro, solicitó la desclasificación de los documentos vinculados a las negociaciones entre la ONU y el Estado de Honduras para la instalación de la misión anticorrupción.
La desclasificación del informe representa un avance significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas que históricamente han sido corroídas por la corrupción. En ese sentido, analistas consideran que el conocer la información sobre cómo está la institucionalidad del Estado, es un paso fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y fortalecer el apoyo popular hacia la CICIH, un mecanismo clave en la lucha contra la impunidad.
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¿DÓNDE ESTÁ EL INFORME FINAL?
La aceptación de la ONU para desclasificar el informe final de los expertos sobre la instalación de la CICIH ha generado expectativas en la sociedad hondureña. Sin embargo, a pesar de este avance, la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha dejado más dudas.
Después de que el Canciller anunciara la desclasificación, Criterio.hn, solicitó el informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO). Sin embargo, como respuesta obtuvimos que, por el momento “no podemos proporcionar esa información”, porque “no contamos con la autorización correspondiente por parte de las Naciones Unidas”.
Dicha respuesta, que fue proporcionada el 6 de septiembre, nos plantea algunas interrogantes como: ¿Dónde está el informe? ¿dónde quedó el anuncio del gobierno?, ¿dónde quedó la voluntad de la ONU por transparentar las negociaciones con el gobierno de Honduras?
En conclusión, la respuesta de la Cancillería suscita dudas sobre el verdadero alcance de la desclasificación y sí realmente se permitirá a la ciudadanía acceder a las recomendaciones y diagnósticos elaborados por los expertos.
Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), expresó su preocupación por la falta de transparencia en este proceso. “Es uno de los puntos que debe preocuparnos como sociedad civil”, afirmó Irías, quien subrayó que el contexto electoral actual intensifica la polarización en Honduras, lo que hace aún más urgente la instalación de mecanismos efectivos contra la corrupción.
Irías destacó que el informe contiene “las condiciones mínimas” necesarias para avanzar hacia la instalación del ente anticorrupción. Sin embargo, a pesar de que se anunció su desclasificación y se esperaba su publicación, hasta ahora no se ha concretado. “Es necesario conocer este informe no sólo para entender las recomendaciones del grupo de expertos, sino también para evaluar cómo se puede fortalecer el sistema de justicia”, agregó.
PERO, ¿REALMENTE SE PUBLICARÁ EL INFORME FINAL SOBRE INSTALACIÓN DE LA CICIH?
Pues bien, con el anuncio del canciller Eduardo Enrique Reina, las expectativas aumentaron, considerando que la promesa de la presidenta Xiomara Castro de instalar la CICIH, durante su gobierno, se ha demorado 1,011 días desde su asunción el 27 de enero de 2022. La preocupación de concretar esta promesa se intensifica en virtud de que restan sólo 477 días para que finalice su gestión.
Reina afirmó que, con el visto bueno de la ONU, se podrá presentar a la población parte de las peticiones que ha reiterado Naciones Unidas respecto a la confidencialidad de ciertos aspectos en los convenios. Sin embargo, adelantó que para que eso sea una realidad, primero deberá pasar por el pleno del Congreso Nacional, es decir, por el visto bueno de los diputados, quienes tendrán la última palabra para que los hondureños puedan tener acceso al documento completo.
Esta decisión ha generado inquietud entre diversos sectores, quienes consideran que el proceso de revisión legislativa podría limitar la transparencia y el acceso a información.
La insistencia en que el informe sea presentado primero al Congreso no es bien vista por la ciudadanía y organizaciones sociales, que temen que esta medida pueda ser utilizada como un mecanismo para dilatar su divulgación o manipular su contenido. Para la diputada Fátima Mena, quien preside la Comisión Anticorrupción en el Congreso Nacional, la lógica del canciller, es que sea el Congreso quien decida qué información se hará pública. “Me parece que nos volvieron a engañar. La desclasificación debería ser un proceso accesible para todos, y no puede haber un mecanismo que limite el derecho al acceso a esta información”, expresó.
La diputada independiente enfatizó que el diagnóstico sobre las reformas debe ser un documento público, ya que es fundamental para que el Congreso priorice las demandas ciudadanas y promueva reformas efectivas.
Criterio.hn buscó la reacción de Alice Shakelford, quien recientemente dejó de ser la coordinadora residente de Naciones Unidas, pero no obtuvimos una respuesta. Sin embargo, una fuente que conoce sobre el proceso de negociación, confió a este medio que el organismo internacional no puso en reserva ningún apartado del informe final de expertos, y que la decisión de enviarlo al Congreso Nacional no es una petición de la ONU, sino “una manera de dejar pasar el tiempo con la instalación de la CICIH”.
INFORME FINAL DE EXPERTOS DE LA ONU NO HA LLEGADO AL CN: LIGIA RAMOS
Mena, confirmó a Criterio.hn que no han recibido el informe final. “Por lo menos yo no he tenido acceso a ellos. No lo han remitido a la Comisión Anticorrupción y tampoco he escuchado que lo hayan presentado aquí al Congreso”, afirmó la legisladora.
La congresista también criticó la opacidad del gobierno actual en temas relacionados con la corrupción. “Este es un gobierno que se ha caracterizado por la opacidad; la lucha contra la corrupción ha sido más una promesa de campaña sin cumplimiento”, manifestó, sugiriendo que hay una falta de voluntad política real para abordar los problemas estructurales que permiten la corrupción.
El informe de la misión de expertos, entregado al gobierno en el segundo semestre de 2023, incluye recomendaciones cruciales para fortalecer las instituciones hondureñas y mejorar el sistema judicial. Sin embargo, hasta ahora, sólo se han aprobado algunas reformas propuestas, lo que indica un avance limitado en el proceso.
En ese sentido, la diputada Mena subrayó que “la ciudadanía tiene derecho a conocer realmente cuáles son esas demandas” y que es crucial promover una cultura de transparencia en el manejo de información pública.
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, ha subrayado la importancia de la divulgación del informe de expertos de la ONU, debido a que el referido documento revela responsabilidades concretas que deben ser asumidas, especialmente por el Congreso Nacional.
De acuerdo con Mejía, el informe destaca la necesidad de implementar al menos seis reformas esenciales, incluyendo modificaciones a los artículos 4 y 8 del Decreto 04-2022.
El Decreto 04-2022 ha sido objeto de críticas en Honduras, siendo considerado, por muchos, como un “nuevo pacto de impunidad”. Este decreto establece condiciones que limitan la capacidad del sistema judicial para procesar a exfuncionarios acusados de corrupción, lo que ha generado preocupación entre la población y organizaciones de derechos humanos.
Mejía enfatiza que el informe no sólo debe ser divulgado por razones administrativas, sino que es esencial para comprender el contexto y las implicaciones de las reformas necesarias. La falta de acción del Congreso para implementar estas reformas podría interpretarse como una falta de voluntad política para enfrentar los problemas estructurales que alimentan la corrupción. Esto es especialmente relevante dado el historial del país en cuanto a pactos de impunidad que han permitido a figuras corruptas eludir la justicia.
La divulgación del informe y la implementación de las reformas sugeridas son pasos críticos hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Mejía advierte que, sin un compromiso genuino por parte del Congreso para abordar estos temas, el establecimiento efectivo de la CICIH podría verse comprometido.
En conclusión, la afirmación del canciller Eduardo Enrique Reina sobre la desclasificación de la información relacionada a la instalación de la CICIH, principalmente el informe final que realizó el equipo de expertos de la ONU, es ENGAÑOSO, porque siembra en el imaginario colectivo una falsa transparencia, ya que el informe final será remitido al Congreso Nacional y allí se decidirá qué información será pública. Los analistas entrevistados por Criterio.hn coinciden que al ser remitido al Poder Legislativo se puede ocultar información, principalmente la relacionada a las reformas legislativas que sugieren los expertos para la instalación y funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
