Cinco días pasaron del asesinato de Juan López, defensor de los bienes comunes y públicos, para que la Corte de Apelaciones de La Ceiba notificara la revocación del sobreseimiento definitivo a favor de los defensores de los ríos Guapinol y Sector San Pedro
Tegucigalpa. – Continúa la criminalización y persecución judicial contra los defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, incluido el recientemente asesinado Juan Antonio López, con la revocación del sobreseimiento definitivo emitido el 26 de octubre de 2022.
En un fallo emitido el 5 de septiembre de 2024, la Corte de Apelaciones de La Ceiba notificó hasta este jueves, 19 de septiembre, la anulación del fallo del Juzgado de Letras de Tocoa tras la apelación interpuesta por la Fiscalía de Tocoa e Inversiones Los Pinares.
Además de Juan López, la revocación del sobreseimiento definitivo concierne a los defensores Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalí Cedillo Mendoza, y Marco Tulio Ramos.
El sobreseimiento definitivo también fue revocado a Reynaldo Domínguez Ramos pese a haber sido desplazado de forma forzada de la comunidad de Guapinol en Tocoa, tras el asesinato de sus hermanos Alí y Oquelí Domínguez, quienes también eran defensores ambientales.
Los cinco defensores vuelven a ser imputados por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea, Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado de Honduras.
La notificación de la resolución se realizó cinco días después del asesinato de Juan Antonio López, situación que confirma la existencia de un conflicto de intereses por parte de la Fiscalía de Tocoa, como lo han expresado las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa tras el crimen.
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La alerta de esta apelación promovida por el Ministerio Público fue realizada en febrero de 2023, cuando se anunció que la Fiscalía de Tocoa presentó un recurso al amparo de la Sala de lo Constitucional, que había puesto fin a más de tres años de persecución y criminalización contra López, George, Domínguez, Cedillo y Ramos.
PESE A CAMBIO DE AUTORIDADES PERSISTE PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DEFENSORES DE GUAPINOL
Joaquín Mejía, abogado y doctor en derechos humanos, dijo a Criterio.hn que la revocación del sobreseimiento definitivo a favor de estos cinco defensores es un reflejo de que, si bien se han cambiado “las cabezas”, las autoridades previas dejaron aseguradas a determinadas personas en puestos claves del Poder Judicial.
Por lo que “uno de los desafíos grandes que tienen las nuevas autoridades es una profunda depuración, reestructuración del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque si no se hace de nada nos va a servir porque vamos a seguir teniendo cuestiones como estas. Es decir que a pesar de que Juan está muerto lo siguen persiguiendo”, señaló Mejía.
Previamente, desde redes sociales, el doctor en derechos humanos remarcó que el fallo fue declarado con lugar pese a que el grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU resolvió que los procesos penales contra los defensores de Guapinol son arbitrarios. Añadiendo: “el sistema de (in)justicia se empeña en perseguir a Juan López incluso después de su muerte por defender la vida”.
La resolución que revocó el sobreseimiento definitivo a favor de los seis defensores de los bienes comunes y públicos de Tocoa fue firmada por la magistrada presidenta Vianey Cruz Recarte, así como la magistrada propietaria Dilia Irasema Guillén Sánchez y la magistrada integrante Roxana Ninoska Cálix Zúniga.
Por su parte, Angélica Álvarez, titular interina de la Secretaría de Derechos Humanos, condenó, en redes sociales, “la resolución arbitraria, grosera y motivada por intereses ajenos a la justicia. A 5 días del asesinato contra Juan López se sigue criminalizando, es inaudito”.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos emitió una alerta urgente en la que señalaron que la suspensión del sobreseimiento definitivo a los seis defensores “implica que el sistema de justicia seguirá protegiendo los intereses privados de la empresa Pinares Ecotek y Grupo Emco, en lugar de detener la criminalización de los defensores y las defensoras de los bienes naturales en Tocoa, Colón”.
