Ante el aumento de la violencia y los desalojos forzosos en comunidades campesinas, el nuevo observatorio busca documentar y analizar los conflictos socioambientales, destacando la alarmante situación del agua como bien común más afectado y la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y agraria en el país
Tegucigalpa, Honduras. – La conflictividad territorial en Honduras, especialmente en el ámbito agrario, se ha intensificado en los últimos años, afectando gravemente a las comunidades campesinas. Con un contexto marcado por la falta de protección estatal y el aumento de la violencia, los campesinos se enfrentan a desalojos forzosos y amenazas de muerte, impulsados por intereses económicos.
En ese sentido, como respuesta a la creciente necesidad de documentar y analizar los conflictos que afectan a diversas comunidades en el país, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) ha presentado el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras. Herramienta que además ayudara a difundir información sobre los conflictos sociales y ambientales en el país
Jerson Martínez, investigador del Cespad, explicó que el objetivo principal del Observatorio es convertirse en una herramienta útil e interactiva para las comunidades y líderes que defienden sus territorios en Honduras.
La conflictividad territorial en Honduras está marcada por la violencia contra quienes defienden los recursos naturales y las tierras ancestrales, especialmente en comunidades indígenas, garífunas y campesinas. Desde 2012, Honduras acumula 149 defensores asesinados, liderando la trágica lista de países con mayor número de crímenes per cápita contra activistas ambientales y territoriales.
De interés: Defensores piden al gobierno de Honduras atender de manera urgente recomendaciones de la CIDH
DEFENSA DEL AGUA ES EL MÁS AFECTADO
El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), presentó el informe “Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integra” en el que se documenta la creciente conflictividad territorial en el país. El informe destaca 42 fichas de conflictividad distribuidas en diez departamentos, que evidencian las tensiones en torno a los bienes comunes, los intereses de diversas partes y las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
El análisis de Lucia Vijil subraya que el debate sobre temas ambientales y agrarios está profundamente influenciado por una agenda de seguridad y defensa, lo que ha conducido a una militarización gradual de la gestión de conflictos. De acuerdo con Vijil, esta militarización ha incrementado los riesgos para las comunidades que defienden sus derechos, convirtiendo la presencia militar en un obstáculo para las soluciones democráticas y pacíficas.
El informe también revela que, en el contexto de los proyectos extractivos que se están implementando en Honduras, el agua se ha convertido en el bien común más afectado. La gestión del agua en Honduras es un tema complejo que involucra múltiples factores. A pesar de que el país cuenta con abundantes recursos hídricos, la desigualdad en el acceso es notable. En áreas urbanas, la cobertura de agua potable alcanza el 94%, mientras que en zonas rurales solo llega al 72%. Esta disparidad se traduce en una crisis de acceso para muchas comunidades que dependen de fuentes de agua que están siendo contaminadas o sobreexplotadas debido a actividades extractivas.
Ello plantea un desafío significativo para el país, ya que la gestión del agua no solo involucra el acceso, sino también la calidad y el estrés hídrico que enfrentan las comunidades. Las implicaciones son especialmente graves para las mujeres, jóvenes y niños, quienes son los más vulnerables a estos conflictos hidrosociales.
Lea: Honduras sigue sin adoptar medidas de la CIDH para defensores del ambiente de Tocoa
DEFICIENCIA INSTITUCIONAL GENERA CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES
Otro hallazgo importante del informe es la falta de robustecimiento en la institucionalidad ambiental y agraria. Lucia Vijil enfatiza que se requiere un aumento en el equipo técnico y el presupuesto para que las instituciones puedan cumplir con sus mandatos legales en la resolución de conflictos. Esta deficiencia institucional se traduce en una incapacidad para abordar adecuadamente los conflictos que surgen en torno a los recursos naturales.
El informe también menciona la alarmante situación de criminalización y violencia contra los defensores de la tierra, donde se han registrado numerosos ataques y asesinatos.
En 2023, se documentaron 18 asesinatos de defensores ambientales, lo que coloca a Honduras entre los países más peligrosos para quienes luchan por los derechos de la tierra y el medio ambiente.
Vijil concluye que es imperativo que el Estado hondureño tome medidas concretas para prevenir desalojos forzosos y la criminalización de comunidades. Además, enfatizó la necesidad de adherirse al Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y proteger los derechos de quienes defienden el medio ambiente.
Lea también: Día de la Tierra: Honduras, campo de batalla para los defensores del medio ambiente y la tierra
¿QUÉ DOCUMENTA EL OBSERVATORIO?
Los conflictos socioambientales en Honduras se agudizan por la priorización de actividades extractivas, la falta de tierras para la agricultura y la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios.
En ese sentido, según detalló Jerson Martínez, el observatorio recopila información a través del monitoreo de diversos tipos de conflictos. Se incluyen Desalojos, conflictos agrarios, mineros, hidroeléctricos, conflictos en territorios garífunas, relacionados con la gestión de residuos, conflictos relacionados con la construcción de la mega cárcel en Islas del Cisne.
Los departamentos más afectados por estos conflictos son Colón, Valle de Sula Yoro, La Paz y los territorios garífunas, que enfrentan permanentes amenazas de desalojo.
Respecto a los desalojos, Martínez señala que son ejecutados por la Comisión de Seguridad Agraria, que cuenta con tres mesas de trabajo internas: producción agrícola (cooperativas y movimientos campesinos), reformas y desalojos. Según el investigador, esta última mesa es la que más se ha movido y emprendido acciones en contra de los movimientos campesinos, lo que representa un gran desafío para incidir y evitar que se lleven a cabo.
Desde junio de 2023 hasta julio de 2024, el monitoreo de desalojos ha contabilizado 34 casos ejecutados con violencia, caracterizados por agresiones verbales y la destrucción de cultivos de grupos campesinos, entre otros.
