Tegucigalpa, Honduras. – Entre el 18 de agosto y el 8 de septiembre de 2024, se registraron siete asesinatos múltiples en diferentes zonas de Honduras, supuestamente intervenidas por elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que dejaron un saldo de 23 personas fallecidas.
Olancho, ubicado al noreste de Honduras, es el departamento donde se han registrado más asesinatos múltiples en los últimos 22 días, con dos incidentes. En Comayagua, al centro del país; Yoro, al norte; Atlántida, en la costa norte; Islas de la Bahía, en la región insular del Caribe hondureño; y Cortés, al noroeste, se ha registrado un hecho criminal en cada uno de estos departamentos.
El último homicidio múltiple, que cobró la vida de tres personas (dos hombres y una mujer), se registró precisamente ayer, 8 de septiembre, en una finca de palma aceitera ubicada en Colorado Ceibita Way, municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida.
El primero de los homicidios múltiples registrado en los últimos 22 días, que inició esta seguidilla de asesinatos, ocurrió el 17 de agosto en una comunidad de Catacamas, Olancho, donde criminales asesinaron a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). Tan solo seis días después.
Tan solo seis días después, en el interior de una vivienda ubicada en la zona de Dixon Cove, en Roatán, Islas de la Bahía —una región donde la violencia y criminalidad han proliferado en los últimos días— se registró otro asesinato múltiple, en el que murieron dos mujeres y un hombre.
El 34.78% de las personas asesinadas en estas masacres registradas en los últimos 22 días son mujeres (8), mientras que el resto, que equivale al 65.22% (15), son hombres. Esta cifra, aunque parece inferior, cobra mayor relevancia al compararla con el dato de que las mujeres constituyen el 34% de las muertes registradas en asesinatos múltiples desde el 6 de diciembre de 2022 hasta la actualidad.
Francisco Morazán, Cortés y Yoro son los departamentos en los que más asesinatos múltiples se han registrado en los últimos días. Paradójicamente esas zonas están intervenidas por la policía y el ejercito.
Lo anterior fue expuesto por Criterio.hn en el artículo “21% de los homicidios múltiples durante el estado de excepción se han registrado en Francisco Morazán”. En dicho artículo no solo se especificaron los departamentos con mayor incidencia de estos actos criminales, sino que también se evidenció, tras cotejar información proporcionada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que las mujeres constituyen el 34.2% (92) de un total de 269 víctimas, en las que también se incluyen menores de edad.
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¿BAJO QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTÁ HONDURAS?
El aumento de asesinatos múltiples, incluso en zonas del país donde años atrás no se habían registrado estos hechos violentos, ocurre en el contexto del estado de excepción parcial que el país centroamericano mantiene desde el 6 de diciembre de 2022. Bajo este estado, las autoridades de seguridad pública supuestamente mantienen intervenidos de forma permanente algunas zonas dl país.
Por ejemplo, Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro, Islas de la Bahía y Colón son algunos de los varios departamentos hondureños que la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público mantiene intervenidos desde el primer trimestre de 2023, cuando entró en segunda fase le plan Solución Contra el Crimen.
Sin embargo, aunque el objetivo de estas intervenciones de los cuerpos de seguridad es reducir la criminalidad y la violencia, hasta el momento no se ha logrado, y, por el contrario, la situación ha empeorado. De hecho, Criterio.hn reportó que algunos militares encargados de estas labores han perpetrado diversos delitos, incluyendo violación sexual.
El analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, explicó que, aunque las autoridades se escuden en los resultados positivos logrados mediante estas estrategias como la intervención, la población y los grupos afectados por los criminales no podrán evidenciar esos resultados si se mantiene la misma dinámica.
“Es decir, mientras las autoridades de seguridad continúen aplicando medidas sin un plan integral previo, seguirán haciendo alarde de resultados que son normales con la operatividad. Para intervenir departamentos y reducir el número de muertos no es necesario un estado de excepción; esos resultados, por la normalidad del trabajo, deberían ser parte de la rutina de la institución”, opinó Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional, Wilmer Torres, quien se considera con alta capacidad de análisis, opina lo contrario. Argumenta que quien no reconozca los resultados positivos logrados gracias al estado de excepción probablemente tenga vínculos directos con el narcotráfico y el crimen organizado.
“Hoy por hoy, nosotros, los que medianamente tenemos capacidad analítica —digo medianamente porque quienes cuestionan el estado de excepción se basan en lo que escuchan— entendemos lo que estamos haciendo como fuerza pública. La masa crítica reconoce los logros de la institución; no los desconoce”, opinó el subdirector Torres.
Además, el funcionario policial, uno de los principales aliados del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confesó que, de alguna manera, es difícil evitar los asesinatos múltiples debido a que la mayoría son originados por conflictos familiares que terminan en riñas. Sin embargo, los otros, perpetrados por criminales, en su mayoría tienen a los responsables capturados.
