CICIH en Honduras desafío de la ONU

Escándalo de narcotráfico evidencia fracaso institucional: urge instalar la CICIH

La organización de derechos humanos Cristosal y otros actores sociales han reiterado la necesidad de establecer este organismo como un medio fundamental para combatir la corrupción y restaurar la confianza pública en las instituciones

Tegucigalpa, Honduras. – La organización de derechos humanos Cristosal manifestó su preocupación ante los recientes eventos que comprometen la integridad del sistema político hondureño, como la derogación del tratado de extradición con Estados Unidos, los señalamientos de vínculos entre políticos y narcotraficantes, y las dudas sobre la transparencia del próximo proceso electoral.

“Nos encontramos en un momento de crisis institucional y de y de debilitamiento del Estado de derecho en Honduras”, refirió Christian López, coordinador jurídico regional en Cristosal.

La crisis institucional en Honduras se agudiza con la corrupción, que ha permeado las estructuras de poder y debilitado la confianza pública en las instituciones. Ahora con la divulgación de un video que involucra a altos funcionarios y narcotraficantes ha puesto de manifiesto la profunda conexión entre la política y el crimen organizado, lo que ha llevado a un creciente descontento social y a demandas de rendición de cuentas. 

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NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CICIH

Bajo este contexto de crisis institucional y debilitamiento del Estado de derecho, la implementación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se vuelve una necesidad urgente para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Ismael Moreno, ex director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión e Investigación (Eric-SJ)

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, ex director del Equipo de Reflexión e Investigación (Eric-SJ) enfatizó la importancia de exigir la instalación de la CICIH, ya que considera que es un instrumento fundamental para fortalecer la “tambaleante institucionalidad de justicia” en el país y poder llegar a elecciones transparentes que garanticen la alternabilidad democrática.

Por su parte, el abogado Christian López, señala la CICIH proporcionaría asistencia técnica vital para fortalecer el sistema judicial y restaurar la confianza pública en las instituciones, que actualmente se encuentra en un estado crítico.

Cristosal, hace un llamado al gobierno y a la comunidad internacional para priorizar la creación y operación efectiva de la CICIH como un paso decisivo para restaurar la confianza pública y garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

El proceso de instalación CICIH ha avanzado lentamente desde que la presidenta Xiomara Castro invitara a las Naciones Unidas a iniciar el proceso en febrero de 2022, poco después de asumir el cargo.

Organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideran que la CICIH podría marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción estructural en Honduras, dada la falta de independencia judicial y capacidad institucional para abordar la impunidad.

Sin embargo, poner en marcha la comisión requerirá que el Congreso Nacional apruebe reformas a layes y decretos considerados pactos de impunidad que requieren voluntad política de los diputados y diputadas.

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CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CANCALEACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN

La situación se ha vuelto crítica tras la denuncia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, que según explica Christian López representa una grave violación de los compromisos internacionales en materia de justicia y cooperación judicial.

López subrayó que la cancelación de este tratado podría permitir que los responsables de graves violaciones de derechos humanos eviten enfrentar la justicia, lo que comprometería la protección de los derechos fundamentales de las víctimas y de la población en general.

A razón de ello, Cristosal, hace un llamado urgente para revisar este tratado, enfatizando su importancia en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Y además enfatiza que se debe hacer una reconsideración que respete el debido proceso y los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

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