La presidenta Xiomara Castro ha generado un intenso debate político tras su decisión de no rectificar la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. Esta medida ha sido interpretada como un intento de proteger a funcionarios cercanos al gobierno en medio de acusaciones de narcotráfico
La renegociación del tratado de extradición es considerada clave para fortalecer la institucionalidad del país y abordar la corrupción y el crimen organizado, temas que han afectado gravemente la gobernabilidad en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha generado un intenso debate político tras su decisión de no rectificar la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, una medida que ha sido interpretada como un intento de proteger a funcionarios cercanos al gobierno en medio de acusaciones de narcotráfico.
Tras la cadena nacional, en la que compareció la mandataria hondureña en compañía del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez y la recién nombrada ministra de Defensa y Seguridad, Rixi Moncada, luego de la divulgación de un video de en donde aparece Carlos Zelaya –cuñado de Castro— y Adán Fúnez, alcalde de Tocoa en compañía de narcotraficantes, la sociedad hondureña estaba a la espera que la presidenta Xiomara Castro rectificara la denuncia al tratado de extradición bilateral entre Honduras y Estados Unidos.
El abogado Joaquín Mejía criticó la postura y la cadena nacional de la presidenta Xiomara Castro, calificándola de decepcionante. «Esperaba un mensaje claro sobre la reversión de la decisión de denunciar el tratado de extradición, lo cual habría demostrado que no hay favoritismos políticos. Sin embargo, no escuchamos eso», lamentó.
El pasado 28 de agosto de 2024 denunció el tratado bilateral, el anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos. Castro justificó su decisión al afirmar que el tratado estaba siendo utilizado como «arma política» en contra de su administración, especialmente tras la crítica de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, sobre una reunión entre altos funcionarios hondureños y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien está acusado por narcotráfico.
El tratado de extradición con Estados Unidos, permitió que el país centroamericano procesara más de 60 peticiones de extradición hacia el país del norte, siendo la extradición de Juan Orlando Hernández, considerada la más importante,
RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ES CLAVE PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD
En medio de la crisis política, la socióloga Leticia Salomón considera que es incorrecto que la mandataria declare que el tratado «está funcionando», especialmente cuando hay un plazo de seis meses para renegociar los términos de la extradición.
De acuerdo con Salomón, Honduras debe aprovechar este tiempo para establecer una ley de extradición que defina claramente los procesos a seguir contra políticos y empresarios involucrados en el narcotráfico, lo que permitiría fortalecer la institucionalidad del país.
Además, Salomón subraya que políticamente la oposición está utilizando esta situación como una oportunidad política para exigir la renuncia de la presidenta. Sin embargo, ella considera que es fundamental abrir un espacio para la renegociación del tratado, acompañado de una legislación que regule la extradición en el país, ello no sólo ayudaría a establecer un marco legal claro, sino que también podría contribuir a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, temas que han afectado gravemente la gobernabilidad en Honduras.
DINERO DEL NARCOTRÁFICO FACTOR DETERMINANTE EN LA POLÍTICA
El narcotráfico se ha convertido en un factor determinante en la política hondureña, afectando la integridad de las instituciones y la confianza pública.
Joaquín Mejía ha destacado la profunda conexión entre el narcotráfico y la política en Honduras, afirmando que «el narcotráfico ha sido un elemento esencial para la obtención de cargos públicos en el país». Esta afirmación se ve respaldada por la reciente circulación de un video que evidencia cómo el dinero del narcotráfico continúa siendo un factor determinante en la política hondureña.
Los videos, grabados en 2013, han reavivado acusaciones sobre la corrupción y la infiltración del narcotráfico en la política hondureña. Carlos Zelaya, quien hasta hace poco era secretario del Congreso Nacional, ha calificado estas reuniones como una «trampa» en la que cayó, aunque su implicación ha sido corroborada por testimonios en juicios en Estados Unidos.
Ha razón de ello, la decisión de Xiomara Castro de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado aún más críticas y ha sido interpretada como un intento de proteger a miembros de su gobierno de posibles investigaciones.
Aunque en la comparecencia pública, Castro, expresó “condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”, analistas señalan que no ha sido suficiente, y argumentan que se deben mencionar nombres y reconocer el involucramiento del Partido Libre en estas actividades ilícitas.
Por otro lado, Steven Dudley, co-director de Insight Crime, reveló que hace 13 años escribió una nota periodística sobre la familia Zelaya, en la que abordó los posibles vínculos entre «Los Cachiros» y la administración de Manuel Zelaya, específicamente en relación con el nombramiento de un ministro de Seguridad.
Dudley destaca que el reciente vídeo que ha circulado, que documenta estas conexiones, refuerza la idea de que el dinero del narcotráfico sigue siendo un factor determinante en la política del país.
