La Red Nacional de Defensoras y la OFRANEH han denunciado en múltiples ocasiones el papel del Estado, a través de la Policía Nacional, como protector de los intereses de empresas extranjeras y extractivas
Tegucigalpa, Honduras. – Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), ha denunciado a través de su cuenta en X la usurpación de tierras ancestrales de la comunidad garífuna en la Bahía de Trujillo por parte de abogados que actúan en nombre de canadienses. Lo que se traduce en hostigamiento y amenazas de desalojo en contra de la comunidad garífuna.
De acuerdo con Miranda, los profesionales del derecho llegaron acompañados de miembros de la Policía Nacional, algunos encapuchados, con el objetivo de intimidar a la población garífuna.
A razón de ello, la lideresa garífuna exige el retiro inmediato de las fuerzas policiales y la protección de los derechos territoriales del pueblo garífuna, que enfrenta una creciente ola de agresiones y amenazas.
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LOS HECHOS
Alrededor de las 11:00 a.m., los abogados de abogados de extranjeros, respaldados por dos patrullas de la Policía Nacional y seguridad privada, llegaron al área con el objetivo de intimidar a los miembros de la comunidad. Este incidente ha generado preocupación entre los garífunas, quienes defienden su territorio ancestral.
Ante esta nueva amenaza en la que participa el Estado a través de los agentes policiales, la Red Nacional de Defensoras en Honduras emitió una alerta remarcando el hostigamiento y amenazas de desalojo en contra comunidad garífuna de Bahía de Trujillo
De acuerdo con la denuncia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las y los miembros de la comunidad, los abogados llegaron en nombre de una empresa turística para reclamar la posesión de la tierra con una documentación del año 2007.
Además, los garífunas han denunciado que los abogados pretenden cercar la propiedad y establecer vigilancia privada, poniendo en riesgo a quienes defienden la recuperación de su territorio ancestral.
La Red Nacional de Defensoras y la OFRANEH han denunciado en múltiples ocasiones el papel del Estado, que, a través de la Policía Nacional, actúa como un agente protector de los intereses de empresas extranjeras y extractivas, lo que ha generado un despojo sistemático de las tierras ancestrales de la comunidad garífuna, que históricamente ha defendido su territorio.
«Es inaceptable que la policía se involucre en actos de intimidación contra comunidades que han sido dueñas de estas tierras mucho antes de que Honduras se convirtiera en república», recriminó Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Este no es un incidente aislado; hace aproximadamente dos meses, la comunidad ya había sufrido un hostigamiento similar, cuando nueve patrullas policiales se presentaron en su campamento en horas de la noche a uno de los bienes incautados al canadiense Randy Jorgensen en un intento de desalojo que se tornó violento.
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PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO
La Bahía de Trujillo ha sido históricamente habitada por la comunidad garífuna, que ha mantenido una conexión profunda con estas tierras a lo largo de los años.
Yessica Trinidad, denunció un alarmante incremento de hostigamiento y amenazas de desalojo contra la comunidad garífuna de la Bahía de Trujillo. Trinidad expresó su preocupación por la situación que enfrentan los garífunas, quienes tienen el derecho legítimo de vivir en sus territorios ancestrales.
La defensora de derechos humanos, afirmó que lo que está ocurriendo es parte de un proceso sistemático de persecución y hostigamiento hacia las comunidades que luchan por sus derechos. «Lamentamos que el Estado de Honduras continúe confabulando con empresas extractivas que buscan adueñarse ilegalmente de estos territorios, poniendo en riesgo la vida de quienes habitan en ellos», subrayó Yessica Trinidad.
Trinidad destacó que la comunidad garífuna ha resistido a lo largo de los años, enfrentando una política de genocidio y expulsión que busca despojarlos de sus territorios. «A pesar de las amenazas, hay una voluntad firme entre el pueblo garífuna para mantenerse en sus tierras ancestrales», afirmó.
la Red Nacional de Defensoras, ha instado a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas comunidades y de los defensores de derechos humanos. «Nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección para que se cumpla la ley y se proteja a quienes defienden la tierra y el territorio», concluyó Trinidad.
La situación refleja un contexto más amplio de violencia estructural en Honduras, donde el Estado aparece como el principal perpetrador de agresiones contra defensoras de derechos humanos. Según informes de la Red de Defensoras, un 43% de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, incluyendo la policía, lo que agrava la situación de derechos humanos en el país.
