El abogado Joaquín Mejía considera irónico que se intente cancelar el tratado para proteger a ciertas personas, porque, en realidad, lo que se conseguirá es acelerar la extradición de los investigados, dado que la cancelación no será efectiva hasta febrero de 2025
Tegucigalpa, Honduras. – La anulación del tratado de extradición, dispuesta por la presidenta Xiomara Castro, no entrará en vigor hasta el 28 febrero de 2025, hasta ese momento, Estados Unidos tendrá la potestad de solicitar la extradición de ciudadanos hondureños implicados en actividades de narcotráfico, según explicó el abogado Joaquín Mejía.
En un X Space de Criterio.hn, el profesional del derecho desmintió las versiones erróneas difundidas por diversos medios de comunicación y en redes sociales, sobre dicha cancelación.
Estas versiones sostenían que, a partir del miércoles 28 de agosto, la fecha en la que se denunció el acuerdo, los hondureños ya no podrían ser extraditados y que las 16 extradiciones pendientes quedarían sin efecto.
No obstante, el abogado Mejía desmintió la afirmación y explicó que el tratado sigue vigente y aclaró que la cláusula de denuncia está regulada en el artículo 56 de la Convención de Viena.
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos. (Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn)
“En general, todos los tratados incluyen una cláusula de preaviso, durante la cual los efectos jurídicos del tratado permanecen activos, incluso si el plazo de seis meses establecido en el artículo 14 del tratado bilateral está a punto de vencer, Estados Unidos podrá presentar una lista de 100 personas para su extradición, y el proceso podrá llevarse a cabo”, aseveró el también doctor en derechos humanos.
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¿QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN?
El argumento de Mejía se basa en el artículo 14 del tratado de extradición establece que cualquiera de los estados partes pueden dar por terminado el acuerdo, notificando a la otra parte con seis meses de anticipación.
Se recuerda que dicho tratado fue firmado el 15 de enero de 1912, pero comenzó a aplicarse en enero de 2012 después de que el Congreso Nacional reformará el artículo 102 de la Constitución mediante el Decreto 269-2011, el cual impedía extraditar a hondureños a Estados Unidos.
Pero con la aprobación de esta reforma se permitió la extradición de hondureños por delitos como tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado, con esa normativa ya se han extraditado a 65 hondureños, incluyendo al expresidente de Honduras (2014-2022) Juan Orlando Hernández, por vínculos con el narcotráfico.
Una vez cancelado el tratado, Honduras aún estará sujeta a la Convención de Viena, la cual en su artículo 56, establece que, si un tratado no incluye disposiciones específicas sobre su denuncia, una de las partes debe notificar su intención de retirarse con al menos doce meses de antelación.
Dado que la cancelación del tratado no entrará en vigor hasta el 28 de febrero de 2025, durante estos seis meses, Estados Unidos aún podrá presentar solicitudes de extradición.
Por ello, según Mejía, resulta irónico que se intente cancelar el tratado para proteger a ciertas personas, si ese fuese el verdadero motivo de la cancelación, ya que, en realidad, lo que se logrará es apresurar la extradición de los investigados.
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OFICIALISMO CONSCIENTE DE LA DURACIÓN
El gobierno también está en consonancia con la postura de Joaquín Mejía sobre el tiempo que tomará la cancelación del tratado.
Para el caso Carlos Eduardo Reina, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó en un foro televisivo que la extradición aún no ha sido eliminada en Honduras, sino hasta dentro de seis meses.
Carlos Eduardo Reina, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre). (Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn)
«La extradición no se eliminó en Honduras. Uno de los tratados se denunció recientemente y tiene seis meses de vigencia, según el artículo 14 del tratado», explicó Reina.
Además, destacó que durante esos seis meses pueden surgir alternativas, y añadió: «estoy de acuerdo en que debemos tener las medidas más fuertes posibles contra el narcotráfico».
Con este argumento, negó que la decisión del gobierno busque encubrir a figuras políticas, como el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, quien se recuerda fue señalado en el juicio de Juan Orlando Hernández por recibir sobornos de narcotraficantes para sus campañas políticas.
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GOBIERNO SIGUE SIN RETRACTAR CANCELACIÓN DE EXTRADICIÓN
Pese a los múltiples cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad hondureña y las peticiones para retractarse de la cancelación del acuerdo, el gobierno persiste en su decisión de eliminarlo.
Hoy, en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, se acordó respaldar la decisión de la presidenta Xiomara Castro de cancelar el tratado, fundamentándose en la defensa de la soberanía y la no intervención de Estados Unidos en asuntos internos.
En cuanto al combate al narcotráfico, que supuestamente era el tema central de la reunión, se determinó que, a pesar de la cancelación del acuerdo de extradición, la lucha contra el crimen organizado en Honduras continuará.
