Por: Gustavo Glodes Blum/Latinoamérica21
Los ministerios de Justicia y Asuntos Civiles de Brasil están discutiendo un nuevo paquete de medidas legislativas vinculadas a la seguridad pública. Liderado por el ministro Ricardo Lewandowski, actual titular de la cartera de Justicia y Seguridad Pública del gobierno Lula, el proyecto prevé la creación de un fondo federal para financiar proyectos de seguridad pública. Además de un aumento de los recursos, el proyecto incluye importantes cambios constitucionales y de funcionamiento de determinados cuerpos policiales, con el objetivo de una mayor «carabinerización» de la seguridad en el país, y como reflejo de las dinámicas regionales en la materia.
Buscando «equipar las políticas brasileñas y, sobre todo, el sistema de inteligencia brasileño», en palabras de Lewandowski, el proyecto prevé la inclusión del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) en la Constitución brasileña. El SUSP «da una arquitectura uniforme al sector nacional y prevé el intercambio de datos, operaciones y colaboraciones en las estructuras federal, estadual y municipal«. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la actual estructura del SUSP no permite la intervención directa del gobierno federal en el día a día de la seguridad de la población, además de que prevé el desacuerdo con los proyectos llevados a cabo por los gobiernos estatales y municipales.
La propuesta presentada tiene muchas similitudes con otras experiencias recientes en América Latina. Generalmente ligadas a grandes cambios constitucionales, con una mayor implicación de los gobiernos nacionales en la aplicación de la ley, han tenido un resultado ambivalente al que debemos prestar atención. Con estas medidas, ha aumentado sobre todo la libertad de la policía para actuar violentamente contra la población, lo que plantea importantes interrogantes sobre su función política en la actualidad.
El panorama latinoamericano de la federalización de la seguridad
Desde principios del siglo XXI, los países latinoamericanos han agrupado sus preocupaciones en materia de seguridad bajo las denominadas «amenazas a la seguridad pública». Tras la ola de liberalización y democratización que vivieron los países de la región en los años ochenta y noventa, las amenazas militares y los niveles de desconfianza entre los países disminuyeron considerablemente.
Esto construyó un consenso regional sobre la idea de que la principal amenaza para la seguridad de las sociedades latinoamericanas ya no eran las tensiones en el escenario internacional, sino las cuestiones relacionadas con la violencia y las actividades de los grupos criminales. Esta visión se consolidó en 2003 con la firma de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que estableció la criminalidad como un tema regional de primer orden, bajo el espectro de la Guerra contra el Terror promovida por Estados Unidos en ese momento. Esta percepción ha provocado cambios importantes bajo la administración de gobiernos de distinto signo ideológico.
Entre 2001 y 2020, los gobiernos latinoamericanos introdujeron treinta y cinco cambios en la organización, el papel y las responsabilidades de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos se debieron al proceso de eliminación de los resabios autoritarios del siglo XX, y se concentraron en la década comprendida entre 2001 y 2011. Durante este período, cinco países introdujeron cambios en su legislación interna sobre fuerzas de seguridad: Brasil, Perú, El Salvador, México y Chile. Este último destaca por haber realizado el mayor número de reformas en materia de seguridad, con revisiones de la Ley de Seguridad del Estado en 2001, 2002, 2004, 2005 y 2010, y de la Ley Antiterrorista en 2002, 2003, 2005 y 2010.
En la década siguiente, otros países siguieron este camino. El cambio en la ley que penaliza el consumo de cannabis llevó a Uruguay a modificar las actuaciones policiales en la materia en 2013, y en 2014 se creó por primera vez en Argentina el Ministerio de Seguridad. Perú realizó cambios en sus cuerpos policiales en 2015, y entre 2016 y 2018 El Salvador y México modificaron su legislación. En estos dos últimos casos, el cambio fue para endurecer las penas vinculadas a la conexión entre instituciones policiales y grupos criminales.
En 2019, México anunció la creación de la Guardia Nacional, creada a partir de la Policía Federal Preventiva, que concentra la capacidad de acción del Ejecutivo federal en materia de seguridad local. Sin embargo, este no es un cambio aislado. En América Latina los gobiernos locales, departamentales y/o estatales están siendo relevados de sus responsabilidades para concentrar su capacidad de acción en el gobierno central o federal de la nación. Esta es la propuesta, por ejemplo, del paquete en discusión en Brasil, que prevé la transformación de la Policía Federal de Carreteras en una policía ostentosa, bajo el mando del gobierno federal brasileño.
La «carabinerización» de la seguridad latinoamericana
Los cambios realizados en el área de la seguridad pública por los gobiernos latinoamericanos representan un fenómeno importante en el escenario regional. La propuesta brasileña de transformar la Policía Federal de Carreteras en un ostentoso cuerpo policial, además de hacerse eco de experiencias en otros países, plantea la cuestión de la politización de estos cuerpos policiales y su indeterminación en América Latina. Basta recordar que este fue el camino adoptado por el gobierno mexicano: la Guardia Nacional creada en 2019 se remonta a la Policía Federal de Caminos, que se transformó en Policía Federal Preventiva en 2000 y en Policía Federal en 2009. Diez años después, recibiría no sólo una nueva nomenclatura, sino mayores responsabilidades.
Este proceso está relacionado con la idea de que las fuerzas de seguridad en América Latina deben ser una parte importante de los mecanismos estatales en la «guerra contra el crimen». Esta retórica, sin embargo, lleva a la construcción de aparatos policiales que dejan de actuar como mecanismo de resolución de crímenes y reparación de daños para convertirse en instrumentos de represión social. No es casualidad que la Policía Federal de Carreteras de Brasil estuviera fuertemente implicada en la represión del acceso de los votantes a los colegios electorales en las elecciones presidenciales de 2022.
Sin embargo, las alternativas efectivas no deben aparecer bajo la bandera del fortalecimiento de la capacidad de acción violenta de la policía contra la población. La excusa de la lucha contra la delincuencia podría generar la adopción de medidas excepcionales como está ocurriendo en la «guerra contra las pandillas» de Nayib Bukele donde se está llevando a cabo sistemáticamente la tortura de niños y adolescentes bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia. La transformación de las fuerzas de seguridad latinoamericanas en «carabinieri», fuerzas de seguridad intermediarias entre la guerra y el crimen, tiende a acentuar esta dinámica en la región, elemento que puede poner en entredicho la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de las poblaciones de América Latina.
Doctor en Geografía por la Unicamp. Investigador en el Laboratorio de Geografía Regional y Geografía de las Relaciones Internacionales (LAGERE-GRI) de la misma institución e Investigador Invitado en el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Universidad de Coimbra (CEIS20/UC).
