Ausencia total de derechos a una educación oportuna, a las medidas anticonceptivas y al aborto, configuran una realidad en la que los embarazos adolescentes no hacen más que crecer. ¿Está condenada esta sociedad a un panorama tan retardatario?
Tegucigalpa, Honduras. A sus 13 años, Carolina López (nombre ficticio) se embarazó de su novio, diez años mayor que ella. Ni en su casa, ni en la escuela, ni tampoco en el colegio le hablaron de sexualidad y de las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección.
Como Carolina, 6,914 niñas, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años reportaron estar embarazadas entre enero y junio de este año, en muchos casos, producto de violaciones y estupros. Esta cifra podría ser superior pues sólo comprende los casos registrados en el sistema sanitario público.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), uno de cada cuatro embarazos registrados en esta nación centroamericana corresponde a una menor de 19 años, lo que convierte a Honduras en el segundo país de América Latina con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Esta situación obedece al limitado acceso a la educación sexual integral, a los métodos anticonceptivos y a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
Carolina se convirtió en madre a los 14 años, pero cuando salió embarazada de un hombre de 23 años tenía 13, lo que convirtió su caso en una violación especial, un concepto tipificado en el Código Penal hondureño cuando existen relaciones sexuales entre una persona menor de 14 años con una mayor de edad. Pero, a pesar de la connotación legal, la familia nunca denunció la situación ante las autoridades, lo que suele suceder por dos razones principales: por desconocimiento de las leyes, o porque el grupo familiar decide dejar las cosas así, porque la religión no les deja otra opción. En cualquier caso, Carolina tuvo que dejar atrás los sueños de toda adolescente: ir al colegio, disfrutar fiestas o paseos y cualquier otra actividad social propia de esa edad. En su lugar tuvo que amamantar, cambiar pañales y cuidar a su recién nacido, más las responsabilidades del hogar que formó con su novio, quien para ese momento ya tenía 24 años.
En un extenso diálogo con Criterio.hn, Carolina regresó al 2016, cuando supo que estaba embarazada. La joven, hoy de 21 años, aseguró que, en aquel entonces, desconocía la existencia de los métodos anticonceptivos, ya que en su casa nunca se hablaba de esos temas. Eso demuestra cómo la falta de una educación sexual integral, incluida una orientación sobre los métodos anticonceptivos, contribuye en el aumento de embarazos adolescentes y en las maternidades forzadas, en virtud de que en Honduras los abortos están penalizados, y no se permiten por ninguna causa.
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Como si todo eso fuera poco, cuando Carolina se vio obligada a llevar a término su embarazo y asistió a control prenatal en un centro de salud capitalino, recibió maltratos del personal. Contó que, en lugar de una atención especializada, una de las enfermeras del establecimiento se le acercó para regañarla y advertirle que su pequeña bebé estaba destinada a vivir lo mismo que ella ahora. Es decir, a convertirse en madre infantil.
A los pocos meses, sin recibir consejería sexual y reproductiva y obligada a seguir con su vida familiar, Carolina volvió a salir embarazada. Con 15 años, y dos bebés a cuestas, seguía en la más absoluta ignorancia acerca de la anticoncepción. Ninguno de sus embarazos fue planificado ni deseado.
Sin embargo, ella nunca tuvo un aborto en sus planes, sus creencias religiosas se lo impiden. Para Carolina solo existe el amor romántico, ese que se construye y se sostiene en la convivencia social del patriarcado, donde la mujer no puede elegir ni decidir sobre su cuerpo o donde el mismo Estado la obliga a parir sin importar las consecuencias.
Pero el caso de Carolina no es de ninguna manera excepcional. En los establecimientos de salud pública de Honduras el personal sanitario suele emitir juicios de valor, sobre todo al atender a las mujeres en las unidades de parto o sencillamente en las áreas de ginecología. En muchos casos, las enfermeras reprenden a las pacientes por la edad en la que comienzan sus relaciones sexuales. No importa que hayan sido violadas, igual las acusan y, si la paciente anda en búsqueda de un método anticonceptivo también la recriminan.
Para la doctora Giselle Martínez, especialista en salud sexual reproductiva, estas situaciones ocurren porque el personal sanitario no está preparado para brindar atención a pacientes. Y en muchos casos, porque ponen sus creencias religiosas o personales antes que los criterios profesionales. Esta situación, según la galena, se da más con el personal sanitario de mayor edad por los estereotipos con los que fueron formados.
¿SE DEBE CUMPLIR CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN?
El caso de Carolina muestra que en el sistema sanitario hondureño no existe una política pública para atender los embarazos en niñas y adolescentes. Sin embargo, Doria Carrasco, tesorera de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, sostiene que existen un protocolo y un programa para tal fin, mediante el cual se brinda consulta médica, controles prenatales y consejería en planificación familiar. Pero comenta que, ante la negativa de cierto personal de salud, a cumplir las normas, es necesario que las víctimas presenten una denuncia formal ante los entes correspondientes.
LA ESPERANZA DE LAS HONDUREÑAS SE DILUYE
El 27 de enero de 2022, la llegada al poder de Xiomara Castro, la primera mujer en alcanzar la presidencia en este país centroamericano, significó una luz de esperanza para sus congéneres, que representan el 51% de la población de un estimado de 10 millones de habitantes. Y, a partir del 16 de febrero de 2023, la abogada Rebeca Ráquel Obando se convirtió en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Parecía abrirse el panorama para las organizaciones de mujeres y feministas. Porque el drama en Honduras no se limita a los embarazos infantiles y a la prohibición del aborto. De hecho, la tasa de impunidad en los feminicidios se estima en el 90%.
En sus tiempos de campaña, Xiomara Castro prometió a las mujeres hondureñas que revertiría la violencia de género en todas sus connotaciones. Sin embargo, el 20 de junio de 2023 se registró una masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) cuando perdieron la vida 46 privadas de la libertad. Este caso, condenado por el mundo entero, permanece en la impunidad, pese a que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció públicamente que las balas que mataron a estas mujeres corresponden a las utilizadas por la Policía Nacional.
Y las cifras son aterradoras. A partir de 2020, cuando comenzó la pandemia, hasta diciembre de 2023, en Honduras se registraron 1,285 muertes violentas de mujeres y en los primeros seis meses de 2024 se registraron 121 casos.
La violencia contra las mujeres en Honduras obedece a un enraizado sistema patriarcal que ha permitido que no sólo persista, sino que se transforme en una forma de opresión sistémica, lo que conlleva a que decenas de mujeres vayan a la cárcel por practicarse un aborto.
Por otra parte, Castro dejó a las mujeres con un mal sabor de boca luego de que el 29 de julio de 2023 vetó la Ley de prevención de embarazos en adolescentes. Lo hizo ante las presiones de grupos conservadores y religiosos que días antes habían exigido el veto presidencial mediante una masiva movilización en las calles de Tegucigalpa. Sin embargo, argumentó que lo hacía porque la normativa no cumplía con su finalidad de “ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes”.
La reacción de la mandataria contradice la filosofía, los principios y los estatutos del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) que se fundamenta en los derechos humanos y en las libertades y su promesa de campaña en torno a garantizar los derechos a las mujeres. Y resulta más significativo porque su esposo y asesor, Manuel Zelaya Rosales, cuando fungió como presidente, también enfrentó sin éxito la oposición de grupos conservadores cuando pretendió implementar, en el sistema educativo, unas guías de educación sexual elaboradas por especialistas en la materia.
Asimismo, porque en abril de 2009, durante su gobierno, Zelaya vetó un decreto legislativo orientado a prohibir el uso, la venta, y la comercialización de las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE) las que, posteriormente, en junio de ese año, con el golpe de Estado, terminaron prohibidas. Y, aunque Castro las liberó el 8 de marzo de 2023, Criterio.hn pudo comprobar que 15 meses más tarde su venta es restringida en algunas farmacias, y su acceso sigue siendo nulo en los centros de salud.
Por otro lado, la presidenta sigue sin cumplir una estela de promesas como aprobar la Ley de prevención de la violencia contra la mujer, que sigue en una gaveta de su escritorio desde el 8 de marzo de 2023, cuando le fue entregada por organizaciones de mujeres y feministas.
LIMITACIONES DEL SISTEMA DE SALUD
Para auscultar la disponibilidad de anticonceptivos y el trato que brinda el personal sanitario, Criterio.hn visitó algunos establecimientos de salud pública y encontró que el acceso a información de anticonceptivos es diferente según se trate de hombres o mujeres.
Al preguntar por la vasectomía y sus requisitos, el personal médico informó que únicamente se necesita ser mayor de edad, y estar seguros de la decisión. En cambio, al consultar por la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), (el ligamento de las trompas de Falopio) los médicos recalcaron que la paciente debe tener al menos un hijo y no tener cicatrices de cesárea. También tiene restricciones el dispositivo intrauterino (DIU), que al igual que la AQV, requiere que la paciente ya tenga al menos un hijo. Ese contraste pone en evidencia la discriminación y el sesgo contra las mujeres, que enfrentan dificultades para tomar decisiones sobre su cuerpo.
La doctora Seneyda López, especialista en ginecología y obstetricia, afirmó a Criterio.hn que el requisito de tener al menos un hijo para acceder a la AQV o al DIU es un juicio de valor moral y no médico como tal. López señaló que la esterilización masculina y la femenina se diferencian en el tipo de procedimiento quirúrgico. En el caso de las mujeres, explicó, se debe abrir el abdomen y pasar por varias capas hasta llegar a las trompas de Falopio. Mientras tanto, en los hombres el procedimiento se realiza en los testículos y al no haber más que la piel del escroto, se puede usar anestesia local, en una intervención que tarda máximo 20 minutos.
Y todo termina por depender de la capacidad económica. Criterio.hn consultó en una renombrada clínica sobre el precio y los requisitos para acceder a la AQV, y encontró que en el sistema de salud privado no ponen condiciones más allá de estar segura de la decisión. Pero el precio de este procedimiento quirúrgico, de 8,600 lempiras, (unos 347 dólares) no está al alcance de la mayoría de la población.
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NORMATIVA DE LA SESAL
El gobierno tiene sus propias cifras. Carlos Cálix, técnico del Programa de Atención Integral a la Persona, Familia y Comunidad de la Secretaría de Salud (Sesal), aseguró a este medio digital que anualmente ese organismo destina 42 millones de lempiras para comprar métodos anticonceptivos, de los cuales el 85%, es decir, 35.7 millones, van a métodos femeninos y el 15% restante para la adquisición de preservativos masculinos.
Sobre las restricciones en algunos métodos anticonceptivos, Cálix explicó que la SESAL ha actualizado el Manual para la atención en planificación familiar y que las limitaciones de acceso están en función del criterio de elegibilidad del personal médico.
POSTURA DEL MOVIMIENTO FEMENISTA
Sin embargo, para Jenn Osorto, feminista e integrante de la plataforma Somos Muchas, en Honduras el sistema de salud gubernamental carece de enfoque de género y niega el acceso a la salud sexual reproductiva de las mujeres.
La feminista apuntó que para poner este tema en la agenda social es necesario exigirle al Estado que impulse, genere y cree políticas públicas que asignen a los hombres las mismas responsabilidades que a las mujeres en temas de salud sexual reproductiva.
Finalmente, reafirmó la falta de garantías de un sistema de salud que no respeta a las mujeres y que permite altos índices de embarazos y de violencia sexual. Niñas, adolescentes y jóvenes, como Carolina, se ven obligadas a dejar abruptamente sus metas y planes personales.
