Tegucigalpa, Honduras.— Años atrás, los discursos proselitistas de la entonces oposición política, encabezada por el partido Libertad y Refundación (Libre), prometían reducir el poder de las fuerzas de seguridad pública, acusándolas de reprimir al pueblo durante las manifestaciones posteriores al Golpe de Estado en 2009 y la reelección fraudulenta del expresidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Sin embargo, ya en el gobierno, el partido Libre, bajo la presidencia de Xiomara Castro, ha mostrado una contradicción con sus promesas. A pesar de haber criticado el uso excesivo de las fuerzas de seguridad en el pasado, en los últimos dos años la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han recibido incluso más atribuciones y poder que durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández.
Por ejemplo, la Policía Militar de Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armadas, que ha sido objeto de varias demandas internacionales contra el Estado hondureño por el uso irracional de la fuerza, ahora no solo patrulla las calles, sino que también controla los centros penales y realiza intervenciones en diversos departamentos del país.
Lo anterior no solo es inconstitucional, al violar el artículo 272 sobre las facultades y atribuciones de las Fuerzas Armadas, que deben colaborar con la Policía Nacional y no asumir su rol, sino que también revela las falsedades de los políticos de Libre, quienes usaron promesas de cambio para concentrar nuevamente el poder.
La buena voluntad del oficialista partido Libertad y Refundación no solo se ha reflejado en las atribuciones otorgadas a las fuerzas armadas, sino también en el desmesurado presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2024, lo cual genera dudas y provoca cuestionamientos.
En los últimos años, el presupuesto de la Secretaría de Defensa ha aumentado significativamente. En 2022, ascendió a L 9,336,149,156, con un incremento del 10.3%. En 2023, alcanzó L 10,662,758,329, con un crecimiento del 14.2%. Finalmente, en 2024, el presupuesto se elevó a L 11,385,650,724, con un aumento del 6.8%.
Desde 2020 hasta 2024, el presupuesto ha crecido en L 4,802,828,740, lo que representa un aumento acumulado del 73%. Este crecimiento refleja una falta de voluntad política para evitar utilizar esta institución como un respaldo para el gobierno.
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FALTA DE TRANSPARENCIA
Todo lo expuesto se resume en un factor negativo para la institución: la falta de transparencia en el manejo de los fondos. En varias ocasiones, los altos mandos militares han afirmado ser transparentes tanto en la administración de las finanzas como en la rendición de cuentas de las labores asignadas. Sin embargo, estas afirmaciones rara vez se concretan en la práctica.
“Por ejemplo, ¿cómo es posible que en este momento se les esté dando poder a los militares por parte de este gobierno, a pesar de los crímenes cometidos en el pasado reciente y a pesar de los señalamientos en su contra? Se les está otorgando poder sin un proceso de rendición de cuentas”, cuestionó el abogado constitucionalista Joaquín Mejía.
Mejía, analista en la defensa de los derechos humanos, reafirmó su teoría: las fuerzas militares no deben ni están preparadas para interactuar con la población, debido a los antecedentes históricos de violaciones a los derechos humanos que se han intensificado con el actual estado de excepción.
De igual manera, Mejía cuestionó que la misma dinámica se ha evidenciado históricamente en la Secretaría de Seguridad. Aunque en la Policía Nacional existen redes de corrupción que involucran a agentes desde la escala básica hasta algunos integrantes de la cúpula, el gobierno no ha presentado ninguna iniciativa para llevar a cabo una depuración.
“¿Cómo es posible que, después del fracasado proceso de depuración policial, hasta este momento no haya ninguna iniciativa por parte de este gobierno para depurar a la Policía Nacional con un acompañamiento internacional? Lo que antes se criticaba ahora está bien porque están en el poder”, cuestionó.
La depuración de la Policía Nacional de Honduras, iniciada en 2016, fue impulsada como una medida para enfrentar la corrupción y los vínculos con el crimen organizado dentro de la institución. Sin embargo, pese a estrategias, la depuración no alcanzó los resultados esperados debido a diversas razones estructurales y políticas que minaron su efectividad.
Uno de los principales problemas fue la falta de voluntad política sostenida. Si bien el proceso comenzó con fuerza, con el despido de numerosos oficiales de alto rango y agentes, el impulso se diluyó con el tiempo. El cambio de prioridades en la agenda gubernamental y la presión de sectores internos y externos, interesados en mantener el statu quo, debilitó la continuidad y profundidad del proceso.
Otro factor crucial fue la limitada capacidad institucional para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente. Las comisiones encargadas de la depuración no contaron con los recursos ni la independencia suficiente para investigar a todos los elementos policiales. Además, la falta de acompañamiento y supervisión internacional comprometió la credibilidad del proceso, permitiendo que algunos oficiales con antecedentes cuestionables se mantuvieran en sus cargos.
La corrupción endémica dentro de la institución fue otro obstáculo. A pesar de los despidos masivos, las redes de corrupción y complicidad dentro de la Policía Nacional demostraron ser más profundas y resistentes de lo que se había anticipado. Muchos de los agentes que fueron retirados simplemente fueron reemplazados por otros que perpetuaron las mismas prácticas corruptas, lo que minó cualquier avance logrado.
Finalmente, la falta de un enfoque integral y de largo plazo para reformar la Policía Nacional limitó los resultados, como lo expuso Mejía. La depuración se enfocó principalmente en la remoción de personal, sin abordar de manera suficiente aspectos clave como la formación, el control interno, y la cultura institucional. Sin una reforma estructural y sostenible, la depuración se convirtió en un esfuerzo aislado que no logró transformar la institución de manera duradera.
