Tegucigalpa, Honduras.- El conflicto que se ha arrastrado durante varios meses entre el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la cúpula dirigencia del transporte urbano por el pago pendiente del subsidio, conocido también como Bono Compensatorio, podría no tener solución. Esta situación afectaría directamente a millones de usuarios de este servicio, quienes tendrían que pagar tres lempiras más por pasaje, pasando de 13 a 16 lempiras.
Por un lado, el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, explicó que el sector empresarial no ha cumplido con la modernización de todas las unidades de transporte ejecutivo, mal llamadas “rapiditos”, algo que fue un pilar fundamental en un acuerdo establecido entre ambas partes en 2022.
Por lo anterior, y otros factores como “que no hay dinero” o “no nos han realizado el desembolso”, el gobierno adeuda a la dirigencia del transporte urbano, cuyas concesiones están en Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula, un poco más de 200 millones de lempiras, que, según ambas partes, son equivalentes a casi seis meses de este 2024.
Aunque el gobierno adeude una considerable cantidad de dinero a la dirigencia del transporte de algunas de las principales ciudades hondureñas, Barahona argumenta que estos deberían estar agradecidos porque, desde 2022 hasta los primeros meses de 2024, aunque los empresarios no estaban cumpliendo con el convenio, la presidenta les entregó, en calidad de subsidio, más de mil cien millones de lempiras, con lo que deberían haber modernizado o cambiado la mayor parte de la flota de “rapiditos”.
“El gobierno va a seguir respondiendo, pero con condiciones, porque no queremos que farsantes sigan dirigiendo el transporte, y gente mediocre que nunca le ha dado un servicio con dignidad a la población. Solo este gobierno les ha dado el doble de lo que actualmente valen esas unidades en el mercado”, cuestionó Barahona.
Además, debido a las advertencias recientes del sector del transporte urbano sobre la implementación de medidas para que el gobierno salde la deuda pendiente, Barahona los retó a realizar un “paro de labores” para que, de una vez por todas, las unidades de transporte desfasadas no circulen por las calles del país.
“Yo pensé que los transportistas iban a agradecerle a la presidenta de la República por haberles dado 600 mil lempiras por cada autobús que circula, pero no. Esos farsantes que van a tomarse las calles, yo quisiera ver que hicieran un paro y, además, los reto a que lo hagan, para así sacar de circulación esas unidades viejas que no prestan un servicio digno a la población”, advirtió.
Lo antes expuesto por Barahona, quien fue beneficiado legalmente por el nuevo pacto de impunidad 04-2022, no tiene sentido en algunos aspectos. El gobierno de Castro, al igual que otros anteriores, ha entregado subsidios que van directamente a beneficiar al usuario, no a los empresarios.
Es decir, con el nuevo acuerdo establecido entre ambas partes, se determinó que, de los 16 lempiras del precio del pasaje en los “rapiditos”, el gobierno subsidiaría tres L para que el usuario solo pagara 13 L. Dependiendo de los viajes que realizara cada unidad diariamente, se le entregaría al dueño de la concesión lo equivalente. En pocas palabras: no es una ayuda o regalo para el sector del transporte, sino para la población que usa este medio de transporte.
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“SOLO TIENEN QUE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO”
Mientras tanto, el dirigente del sector del transporte urbano en la capital, Jorge Lanza, discrepó con Barahona en varios aspectos. Por ejemplo, hizo hincapié en que, durante los meses en que se pagó el Bono Compensatorio, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, aunque los “rapiditos” cumplieron con los recorridos establecidos, en varias ocasiones no entregó el dinero equivalente. En consecuencia, denunció que esto fue un robo por parte de las autoridades.
“Que han pagado 650 mil lempiras por unidad es totalmente falso. Mis buses, desde que comenzaron a pagar el subsidio, algunos me los han dejado en cero, aunque hayan trabajado todo el mes, porque eso hace el Instituto. Aquí hay empresas que salen sin nada porque les quitan descaradamente el dinero completo”, denunció Lanza.
De igual manera, Lanza mencionó que el gobierno no ha mostrado interés en realizar los desembolsos porque, aunque se han llevado a cabo varias reuniones del consejo de ministros durante este 2024, no han emitido el decreto ejecutivo para subsidiar al usuario del transporte urbano.
“¿Cuántos consejos de ministros ha habido desde la fecha que estamos pidiendo? Y hasta ahora van a hablarlo. Entonces, por eso les advertimos desde el principio que se fueran preparando con los montos para después no tener problemas. A uno solo le dicen: ‘No hay pisto’, ‘Después se va a pagar’ y otros dicen ‘Ese es un regalo que les está haciendo el gobierno’. Eso no es justo”, precisó el dirigente empresarial.
Precisamente en ese aspecto, lo expuesto por Lanza tiene lógica. El consejo de ministros encabezado por la presidenta Xiomara Castro se ha reunido varias veces durante este 2024, pero solo para discutir temas o estrategias que, de alguna manera, tienen inclinación política y, en pocas ocasiones, para beneficiar directamente a la población, como ocurre con el subsidio.
Por último, Lanza advirtió que darán plazo hasta el próximo martes 13 de agosto al gobierno de Castro para que busque una alternativa y pague al menos la millonaria cantidad que se les adeuda. Si no reciben una respuesta, aumentarán tres lempiras al pasaje en los “rapiditos”, sin importar que el usuario de estas unidades, en su mayoría desfasadas, sea el principal afectado por las discrepancias entre ambas partes.
Sin embargo, aunque el sector empresarial alegue ser víctima del gobierno, también ha incumplido con parte del acuerdo. Los empresarios debían comenzar a modernizar el sector, adquiriendo nuevas unidades.
De hecho, anunciaron la adquisición de dos autobuses completamente nuevos y realizaron una supuesta prueba piloto en la capital, pero el proyecto se discontinuó. Actualmente, no se sabe en qué fase se encuentra ni si se traerán más autobuses modernos al país para ofrecer servicios dignos y de calidad a la población.
El sector empresarial no solo ha incumplido con este acuerdo, sino que históricamente acumula una deuda con la población que, sin otras alternativas, utiliza este servicio poniendo en riesgo su vida. Actualmente, las unidades del transporte urbano en Honduras son algunas de las más desfasadas e inseguras no solo de Centroamérica, sino también de Latinoamérica.
Lo anterior, sumado a que gran parte de los conductores y ayudantes de estos “rapiditos” forman parte de poderosas estructuras criminales dedicadas a extorsionar al mismo sector, revela una grave problemática, que históricamente los empresarios han tratado de ignorar.
Es decir, estos mareros y pandilleros que trabajan en las unidades son los mismos que las extorsionan, en algunos casos, con el conocimiento de los empresarios, quienes han mantenido un discurso sobre la necesidad de depurar el sector e iniciar un proceso de identificación, pero no han puesto en marcha estas medidas.
