El oficialismo acusa a la oposición de oponerse a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz debido a que sus intereses políticos y económicos estarían en juego
Por su parte, el analista Lester Ramírez sostiene que ninguna bancada está realmente interesada en la aprobación de la ley, ya que todas están centradas en las elecciones del próximo año
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a que se anunció que esta semana se llevaría a cabo el tercer debate de la Ley de Colaboración Eficaz en el Congreso Nacional (CN), una vez más, no se concretó.
Esta nueva postergación sugiere una falta de voluntad para aprobar la ley, a pesar de su importancia, y constituye uno de los requisitos claves que ha planteado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la esperada Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
La noche de ayer martes 7 de agosto, se anunció que, finalmente, se celebraría el tercer y último debate, este no ocurrió, por lo que esta relegación es similar a la ocurrida en el primer debate y el segundo debate de la ley que tardó años entre la aprobación de uno y otro.
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SIN PANORAMA CLARO DE APROBACIÓN
Según el diputado Jari Dixon Herrera, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien preside la comisión de dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, el oficialismo está especialmente interesado en la aprobación de esta ley.
En una entrevista con Criterio.hn, Herrera recordó que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, incluso solicitó la aprobación a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)
A pesar de este interés, la ley aún no ha sido aprobada, aunque en sesiones anteriores se pensó que era posible, ante ello Herrera atribuye este estancamiento se debe a la oposición dentro del Congreso Nacional.
“Lo que se me ocurre pensar es que no tenemos los votos o que hay sectores de la oposición que se están oponiendo férreamente para que esto no suceda”, apuntó el congresista.
Añadió que, aunque se trata del último debate y solo se requiere mayoría simple para su aprobación, la ley ha sido postergada debido a la influencia de sectores que no desean que los proyectos anticorrupción avancen.
Aunque en entrevistas previas se mostró optimista sobre la aprobación de la ley, ahora considera que será más difícil debido a la resistencia de intereses políticos y económicos que podrían verse afectados por ella.
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DIPUTADOS PRIORIZAN TEMAS ELECTORALES
Debido al panorama descrito, el abogado y analista Lester Ramírez es del criterio que la Ley de Colaboración Eficaz no sería aprobada por dos razones principales, en primer lugar, porque el Partido Libertad y Refundación (Libre) no cuenta con los votos necesarios, habiéndose convertido en la segunda fuerza política tras la migración de varios diputados a la bancada liberal.
En segundo lugar, porque los diputados de todas las bancadas, incluidos aquellos del oficialismo que supuestamente deseaban aprobar la ley con firmeza, van a priorizar otros temas con miras a las elecciones.
“Ellos están centrados en las elecciones y, mientras el presupuesto del CNE no se apruebe, no se aprobaría nada más”, señaló Ramírez, en entrevista con Criterio.hn
En este contexto, afirmó que la aprobación de la ley ha sido más una cuestión de discurso que de acción, ya que en la práctica nunca ha habido una verdadera voluntad para avanzar con ella.
A su juicio, tanto esta ley como la CICIH podrán ser utilizadas como herramientas de propaganda electoral, “ahora todos buscarán cómo financiarse, y esta ley podría generar algún tipo de obstáculo”.
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La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz en el tercer debate es crucial para que el Gobierno de Honduras cumpla con sus compromisos internacionales y avance en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En diciembre de 2022, el Gobierno hondureño y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento que estableció la aprobación de esta ley como un requisito fundamental para la creación del ente de lucha contra la corrupción.
Incluso la aprobación de la ley es una de las medidas ordenadas para aprobar por parte de la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como parte del plan Solución Contra el Crimen.
