Que la Policía Militar de Orden Público orqueste labores de seguridad es ilegal, ya que el artículo 272 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas solo deben cooperar en tareas de seguridad con la Policía Nacional, y no dirigirlas
Tegucigalpa, Honduras– Al parecer, a las autoridades no les resulta relevante incumplir lo que establece la Constitución de la República en su artículo 272, el cual limita las facultades de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Tampoco les preocupa que los elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) hayan estado históricamente vinculados con la comisión de diversos delitos que se han proliferado bajo el actual estado de excepción.
Lo anterior, sumado a la promesa incumplida de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien durante el proselitismo político se abanderó con el lema “regresar los militares a sus cuarteles”, se evidencia en el poder que se le está otorgando a la institución castrense, ahora con la tarea de orquestar la intervención en cinco departamentos hondureños.
Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, informó a través de los medios de comunicación que, a partir de la mañana del jueves 1 de agosto, se iniciaron operativos de saturación en varias zonas conflictivas de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca. Estas acciones forman parte del plan Solución Contra el Crimen, con el objetivo de desarticular organizaciones criminales y de narcotráfico.
“Esta operación tiene como objetivo capturar a miembros de estructuras criminales, así como combatir la delincuencia común, el crimen organizado, y las estructuras vinculadas con el narcotráfico y otros tipos de ilícitos”, explicó el uniformado.
Asimismo, mencionó que no tienen una fecha de finalización programada para estos operativos, ya que se mantendrán de forma continua las 24 horas del día. Además, señaló que se han desplegado más de cinco mil elementos de la PMOP, Fuerza Aérea, Naval y equipos especializados.
“Paralelo a las operaciones de rutina (operativos), se llevarán a cabo acciones especiales, como allanamientos y ejecuciones de órdenes de captura. El principal objetivo es brindar seguridad y tranquilidad a la población para que pueda realizar todas sus actividades diarias con normalidad”, precisó.
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COLABORAR, NO DIRIGIR
Lo paradójico del caso es que esta no es la primera intervención militar durante el gobierno de Xiomara Castro. Una de las primeras ocurrió en mayo de 2023, cuando se militarizaron siete departamentos hondureños en el marco del plan Solución Contra el Crimen, implementado desde marzo de ese año.
Leticia Salomón, especialista en temas de seguridad, afirmó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) está “lamentablemente” facultada constitucionalmente para participar en operaciones encabezadas por la Policía Nacional.
Sin embargo, destacó que, aunque la Constitución permite que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional, no están autorizadas para liderar funciones de seguridad. Según Salomón, la asignación de la PMOP para militarizar varios departamentos incumple la normativa constitucional, ya que no está contemplado en el artículo 272 de la Constitución de la República.
El artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas deben colaborar con la Policía Nacional para conservar el orden público, pero no dirigir operaciones. Salomón también critica el plan Solución Contra el Crimen (SCC), considerando que representa una repetición de estrategias fallidas de administraciones anteriores que solo han perjudicado la imagen de las instituciones policiales hondureñas.
“Analizando el actual gobierno, podemos ver que están impulsando un plan fallido y carecen de una política de seguridad efectiva. La voluntad política es necesaria para reconocer la situación actual y trazar un camino claro para resolverla. En ausencia de esto, el gobierno actual simplemente denomina su estrategia como un plan de seguridad”, criticó Salomón.
Además, advirtió que el plan Solución Contra el Crimen podría conducir a resultados similares a los del gobierno del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, en el que la Policía Nacional fue expuesta como corrupta y cómplice del crimen organizado y el narcotráfico.
Lo expuesto por Salomón es relevante. Tanto miembros de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional han sido procesados judicialmente por cometer ilegalidades mientras desempeñaban sus funciones. Un ejemplo reciente es la sentencia de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien fue condenado a 19 años de prisión por un tribunal estadounidense debido a sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
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UTILIZAR MILITARES NO DEBE SER OPCIÓN
En varias ocasiones, Criterio.hn ha expuesto datos que evidencian las violaciones a derechos humanos y los abusos de autoridad perpetrados por los militares en el ejercicio de sus funciones.
Por ejemplo, el artículo titulado “Solo el 23% de militares denunciados enfrentan requerimientos fiscales” revela que los uniformados han estado implicados en violaciones sexuales, acoso sexual, violencia familiar, asesinato, y otras fechorías durante el tiempo que ha estado vigente el estado de excepción.
Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, argumenta que estas acciones deberían ser la principal notificación del actual gobierno en no asignar funciones civiles a las Fuerzas Armadas.
“Esto demuestra claramente que los militares no deben interactuar con la sociedad ni asumir tareas que competen a los civiles. Los militares están entrenados para combatir al enemigo, no para convivir con la población”; valoró Mejía.
