Tegucigalpa, Honduras.- Después de regresar de las vacaciones de junio, el Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, ha celebrado cinco sesiones. En ninguna de ellas se ha incluido en la agenda la ratificación de los últimos decretos ejecutivos que prolongan el cuestionado estado de excepción. Esto constituye un incumplimiento de la Constitución de la República, dejando esta medida en una situación de ilegalidad.
Aunque las últimas sesiones celebradas la semana pasada fueron moderadamente efectivas, debido a la lectura en segundo debate de la Ley de Colaboración Eficaz, y polémicas por intentar elevar a rango constitucional la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), en ningún momento se abordó la ratificación del estado de excepción ni la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad.
Analistas en materia de seguridad consideran que la omisión temporal de los temas de seguridad en el Congreso Nacional se debe a un factor clave: la bancada oficialista está debilitada y no cuenta con los votos ni el apoyo necesarios para explorar y aprobar las medidas de seguridad que está impulsando el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Por ejemplo, el analista en seguridad Kenneth Madrid explicó en medios de comunicación que, con una bancada oficialista fragmentada debido a que un porcentaje de sus diputados se unió al Partido Liberal, es prácticamente imposible aprobar medidas provenientes del Ejecutivo, como el estado de excepción.
“El Partido Libre entiende que no es el momento de debatir las estrategias en materia de seguridad impulsadas por el gobierno, porque no contarán con el apoyo que tuvieron anteriormente. La ratificación del estado de excepción está en peligro porque, evidentemente, no se están viendo resultados efectivos”, opinó Madrid.
Lo expuesto por Madrid tiene sentido. Si meses atrás, llegar a consensos para aprobar o elegir autoridades en elecciones de segundo grado, como ocurrió con el Ministerio Público, representaba una tarea extraordinaria para el titular del Legislativo, ahora, con una bancada oficialista reducida, será necesario emplear otras estrategias o lograr acuerdos políticos que, de alguna manera, beneficien a la oposición.
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¿POR QUÉ NO RATIFICAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN LO HACE ILEGAL?
El estado de excepción ha estado revestido de ilegalidad durante varios meses, ya que se está incumpliendo el marco legal estipulado por la Constitución de la República en el artículo 187. Esta normativa detalla los términos bajo los cuales se debe declarar una emergencia nacional y cómo debe establecerse.
Dicho artículo establece que el ejercicio de ciertos derechos fundamentales puede suspenderse en situaciones de emergencia, como invasiones, perturbaciones graves de la paz, epidemias u otras calamidades generales.
Para ello, la presidenta Xiomara Castro, en consulta con el Consejo de Ministros, debe emitir un decreto PCM que explique los motivos de la suspensión, las garantías que serán restringidas, el territorio afectado y la duración de la medida. Además, el decreto debe ser presentado al Congreso Nacional, que tiene un plazo máximo de treinta días para ratificarlo, modificarlo o rechazarlo.
La norma constitucional es clara en que la restricción de derechos no puede superar los cuarenta y cinco días por cada decreto. Vencido el plazo de 45 días sin un nuevo decreto, las garantías suspendidas se restablecen automáticamente, asegurando así una protección continua de los derechos fundamentales.
El proceso constitucional para la declaración y prórroga del estado de excepción establece la importancia de la vigilancia legislativa y la rendición de cuentas. La obligación del Congreso Nacional de revisar y ratificar cada prórroga en un plazo de treinta días es fundamental para evitar el uso indebido de las medidas excepcionales y garantizar que las restricciones de derechos se mantengan dentro de los límites legales y temporales establecidos.
A pesar de que la Constitución establece claramente los parámetros legales para instaurar un estado de excepción, las autoridades han incumplido estos requisitos.
Aunque sostienen lo contrario, el estado de excepción actual no ha sido ratificado por el Congreso Nacional en varias ocasiones dentro del plazo estipulado.
Además, algunos decretos ejecutivos no han sido publicados en La Gaceta, el medio oficial de difusión. Esta falta de cumplimiento con el marco legal no solo reviste de ilegalidad al estado de excepción, sino que también plantea serias dudas sobre la legitimidad y la transparencia de las medidas adoptadas.
SIN RESPALDO
Debido a la falta de cumplimiento con los requisitos constitucionales y las violaciones de derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad durante la vigencia del estado de excepción (desde el 6 de diciembre hasta la fecha), la diputada Ligia Ramos ha manifestado en varias ocasiones que no apoyará una nueva ratificación del estado de excepción en el Congreso Nacional.
“Durante los últimos meses la situación ha empeorado considerablemente. No estoy defendiendo a los criminales, sino que exijo el respeto al debido proceso legal con el respeto de los derechos fundamentales. Todo esto está ocurriendo durante un estado de excepción que se está impulsando sin fundamentos”, detalló.
La diputada subrayó que las irregularidades y abusos registrados durante la vigencia de esta medida han erosionado la confianza en su aplicación y legitimidad. La posición de Ramos es respaldada por legisladores opositores, quienes han manifestado que no apoyarán una nueva ratificación. Esta postura se podrá constatar en la sesión programada para este martes 30 de julio o en futuras sesiones.
