Por: Andrés Velasco
LONDRES – Los británicos tuvieron buenos motivos para celebrar a principios de julio, cuando el Partido Laborista de Keir Starmer puso fin a los 14 años de gobierno del Partido Conservador. Pero después de haber dicho adiós a los conservadores, muchos dentro del establishment británico sintieron un molesto sentido de culpabilidad: quizás el Partido Laborista no debía su abrumadora mayoría al disgusto con los conservadores, sino al sistema electoral uninominal.
Comparada con las últimas elecciones, la votación del Partido Laborista aumentó en menos de dos puntos porcentuales (del 32,2% al 33,8%); no obstante, obtuvo 412 escaños en la Cámara de los Comunes, en contraste con los 203 de la vez anterior. Los Liberal-Demócratas también se beneficiaron enormemente del sistema uninominal, pasando de 11 a 72 escaños, a pesar de que su porcentaje de votos se mantuvo más o menos constante. Esto contrasta con lo sucedido al partido de extrema derecha, Reform UK: recibió casi 600.000 votos más que los Liberal-Demócratas, pero apenas obtuvo 5 escaños.
Como muchos afirman que este es el resultado electoral menos representativo de la historia de Gran Bretaña, han surgido profusos llamados a una reforma electoral. Sin embargo, cambiar el sistema sería un grave error. Los críticos afirman que el uninominal es un mal sistema, pero la alternativa obvia, la representación proporcional, puede ser mucho peor.
Si el sistema de representación proporcional utilizado en Escocia hubiera estado vigente en todo el Reino Unido, los laboristas habrían obtenido 236 escaños en lugar de 412. Bajo el sistema uninominal, la proporción de escaños de un partido no es ni siquiera aproximadamente proporcional a su porcentaje de votos, porque ese no es su propósito. Si se desea una proporcionalidad casi perfecta, sería necesario que los 48 millones de votantes británicos eligieran a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes en una gigantesca circunscripción nacional. Vaya elección que sería esa en la práctica: si la disputaran seis partidos, la papeleta contendría los nombres de 3.900 candidatos.
La alternativa es que la papeleta listara solo los nombres de los seis partidos, y los electores eligiesen uno de ellos. La selección de los miembros del parlamento se encomendaría a las burocracias de los partidos (lo que se conoce como el sistema de “lista cerrada“), con lo que se cortaría el vínculo entre cada votante y su representante, algo crucial para la tradición democrática británica.
El punto no es que un sistema de representación proporcional tan extremo sea la única alternativa al uninominal. El punto, más bien, es que la proporcionalidad no es la única característica deseable de un sistema electoral. La simplicidad es otra, como también lo es un proceso que posteriormente permita gobernar. Al uninominal se le conoce como un sistema “mayoritario” porque facilita que un partido que ha obtenido una pequeña mayoría de votos, o frecuentemente solo una pluralidad, consiga reunir una mayoría de tal envergadura que le permita lograr la aprobación de leyes sin mayores sobresaltos.
Este potencial beneficio se extiende a todos los partidos, cualesquiera sean sus tendencias ideológicas. En el parlamento británico anterior, los conservadores tenían el 56% de los escaños de la Cámara de los Comunes, a pesar de haber recibido menos del 44% del voto popular. Desde la Segunda Guerra Mundial, el sistema uninominal ha producido una mayoría de un solo partido en todas las elecciones británicas, excepto tres. Si bien un sistema electoral mayoritario no puede garantizar este resultado, lo hace altamente probable.
En los sistemas de representación proporcional, por el contrario, mantener una mayoría estable que permita gobernar puede ser problemático. Un posible resultado es un gobierno de minoría que podría derrumbarse en cualquier momento, como ha ocurrido recientemente en España. O podría producir una serie de gobiernos efímeros, como los que tuvo Italia hasta que reformó el sistema de representación proporcional en 2017. También podría conducir a largos períodos sin un gobierno plenamente constituido, con la nación en manos de débiles administraciones provisionales, como suele ocurrir en Bélgica. Luego hay países como Israel, donde una forma extrema de representación proporcional entrega un poder desproporcionado a pequeños grupos de parlamentarios con ideologías extremas.
El argumento en contra del sistema uninominal en el Reino Unido se resume así: en Gran Bretaña existen hoy numerosos partidos y las elecciones cada vez más dejan subrepresentados a los partidos más pequeños, por lo que números crecientes de votantes se sienten marginados. Dado que esto puede socavar la legitimidad de la democracia británica, es preciso reformar el sistema electoral.
Pero como lo acaban de demostrar los Liberal-Demócratas, es falso afirmar que los partidos más pequeños están condenados a ser subrepresentados. Dicho partido obtuvo el 12% del voto popular y casi el 12% de los escaños haciendo una campaña estratégica, que enfocó sus esfuerzos en los distritos donde tenían posibilidades de ganar (distritos a menudo con altos niveles de educación e ingresos).
Además, en los resultados electorales la legitimidad no es consecuencia exclusiva de la proporcionalidad. Abundan otras razones por las que los votantes pueden llegar a considerar ilegítimo un sistema político. Una de ellas es la incapacidad de gobernar. Después de que Chile, mi país natal, pasara de un sistema mayoritario a uno de representación proporcional en 2015, el número de partidos representados en el congreso aumentó de siete a 22, y ninguno de los gobiernos posteriores ha conseguido reunir una mayoría que le permita legislar. Las ambiciosas reformas prometidas por los candidatos durante sus campañas electorales han quedado en nada, con lo que los electores se sienten engañados y están cada vez más descontentos con el sistema político.
Otra fuente de ilegitimidad es la percepción de que el dinero desempeña un papel exagerado en la política. En Gran Bretaña los distritos son pequeños, de modo que las campañas no son caras. A esto se agregan la prohibición de hacer propaganda por televisión y los límites a la financiación de las campañas, y la consecuencia es que los partidos no pueden gastar más de la modesta suma de £54.010 (US$ 69.511) en cada uno de los distritos en los que compiten.
Imaginemos, por contraste, lo carísimo que sería hacer campaña en un distrito de representación proporcional casi perfecto que comprendiera a toda Gran Bretaña. O, imaginemos algo más realista, como los gastos de una campaña en un distrito de representación proporcional con un millón o más votantes, en comparación con las decenas de miles que suelen tener los distritos británicos hoy día. Los incentivos para gastar se elevarían masivamente, al igual que la dificultad para fiscalizar el cumplimiento con los topes de gastos fijados por ley. Es posible que el dinero no compre el amor, pero sí puede comprar elecciones –o, por lo menos, es lo que muchos electores podrían llegar a creer, y con razón–.
Finalmente, está la ilegitimidad que se crea cuando uno no sabe quién es la persona que lo representa en el parlamento. En Brasil, país que utiliza un sistema de representación proporcional, los distritos más pequeños eligen ocho representantes en el congreso, y los más grandes hasta 70, con un promedio de 19. ¿Qué sentimiento de lealtad puede tener un votante a un grupo de ocho, 19, 35 o 70 miembros del parlamento? ¿Qué posibilidades puede tener un votante de llegar a conocer a las decenas o incluso cientos de candidatos que aparecen en la papeleta? Las respuestas a estas preguntas apuntan en la misma dirección: una brecha cada vez mayor entre los votantes y sus representantes elegidos, y un desencanto con la democracia.
El sistema electoral británico es propio de Churchill: el peor de los sistemas, con excepción de todas las alternativas plausibles. Keir Stamer debería cumplir sus promesas y enfocarse en recalibrar la economía, en lugar de tratar de cambiar un sistema que no requiere reformas.
Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.
