Tegucigalpa, Honduras. – El 45% de los privados de libertad, diseminados en las 24 cárceles que integran el sistema penitenciario bajo control militar, no ha sido sentenciado y aún enfrenta su proceso judicial. De acuerdo con valoraciones de analistas, esta situación desnuda la precariedad del andamiaje legal del país.
Conforme a la información que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) compartió con Criterio.hn, a través de la petición de información SOL-INP-418-2024, hasta finales de junio de 2024, había 19,008 privados de libertad. De ese número, 8,644 (45%) no han sido sentenciados por diversas causas. De los 8,644, el 90% son hombres (7,779), mientras que el resto son mujeres (865).
Algunas de las causas que han llevado a que el 45% de la población penitenciaria no esté sentenciada incluyen la falta de pruebas por parte del Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI) para enjuiciar a los acusados.
En estos casos, a los privados de libertad se les dicta «prisión preventiva» para dar tiempo a los entes investigadores para presentar las evidencias que los vinculen con la comisión de un delito.
Además, existen otras causas, como la falta de inicio del procedimiento judicial, que significa que un privado de libertad puede haber estado años tras las rejas sin que se inicie el proceso correspondiente, o, igualmente, internos que están en medio de su respectivo proceso judicial.
Según la información del INP, los privados de libertad que están a la espera de un proceso judicial o que están en uno se encuentran distribuidos en diferentes centros penales, principalmente en el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, y en la cárcel de Ilama, ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
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FALLA DEL SISTEMA LEGAL QUE SE NORMALIZÓ
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), que el 45% de la población penitenciaria no haya sido condenada o esté enfrentando un proceso legal refleja varios problemas, como, por ejemplo, la falla histórica en el sistema legal hondureño que terminó siendo normalizada por la sociedad y las autoridades.
“Es una falla del sistema que, al final de cuentas, se ha convertido en una costumbre aceptada por la sociedad y autoridades, permitiendo que las personas no gocen de las garantías procesales de estar en libertad mientras dure su proceso, por diversas razones, algunas justificadas y otras no”, valoró Acevedo.
Acevedo enfatizó que al exigir el respeto a las garantías procesales no se busca beneficiar irregularmente al imputado, sino que, si no hay evidencias o pruebas que lo vinculen con algún delito, lo que procede es su liberación. Sin embargo, esta posibilidad ha llevado, de alguna manera, a que algunos delincuentes se beneficien.
“Al observar la distribución histórica de la población penitenciaria, se encuentra una situación que se ha naturalizado tanto que ya no sorprende. Lo que se exige es que se respeten las garantías procesales. A veces no solo corresponde al Poder Judicial, sino que hay demoras en las distintas etapas del proceso”, explicó.
Acevedo agregó que los procesos judiciales tardíos tienen consecuencias significativas. “Cuando estas personas resultan inocentes, demandan al Estado de Honduras y suelen ganar las demandas, ya que se ha producido un procedimiento injusto en su contra debido a la falta de evidencia para enjuiciarlos y detenerlos. Finalmente, recuperan la libertad ante la ausencia de pruebas”, explicó.
La criminalidad y los procesos legales no son los únicos problemas del sistema penitenciario en Honduras. Las cárceles, con una capacidad muy por debajo de lo necesario, están sobrepobladas, creando una situación insostenible tanto para los internos como para el personal encargado de la seguridad. Este último, que incluye a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Para abordar esta crisis, es esencial implementar una reforma integral del sistema penitenciario y judicial. Analistas en derechos humanos han subrayado la necesidad de mejorar la infraestructura carcelaria, incrementar la capacitación del personal de seguridad y acelerar los procesos judiciales. Sin una intervención decisiva y efectiva, el sistema penitenciario de Honduras seguirá enfrentando desafíos graves que afectan tanto a los internos como a la sociedad en general.
