INA se comprometió a continuar investigando los métodos y procedimientos usados para el despojo de la tierra que corresponde a la reforma agraria en el Bajo Aguán
Tegucigalpa. – A dos años y cinco meses de la firma del convenio agrario con el gobierno, organizaciones campesinas del Valle del Aguán cuestionaron la ausencia de acciones encaminadas a solventar el conflicto originado por el despojo de las tierras destinadas a la reforma agraria.
Así lo expusieron integrantes de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), quienes acuerparon la semana pasada las exigencias de títulos comunitarios de tierra realizadas por comunicades Lencas del suroccidente de Honduras, organizadas en el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
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Esly Banegas, integrante de COPA, apuntó que en su momento tomaron la firma del convenio agrario como una muestra de voluntad política por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro, no obstante, la misma no se ha reflejado en acciones concretas.
Agregó que el Instituto Nacional Agrario (INA) forma parte de la comisión que firmó el convenio y que debe ser parte de la solución a las problemáticas ocasionadas por la corrupción e ilegalidades cometidas por las empresas agroindustriales en el Aguán y que ha llevado despojo de tierras y el desplazamiento de las familias campesinas.
El 22 de febrero de 2022, el Estado de Honduras firmó, junto a la Plataforma Agraria y COPA, el convenio agrario orientado a abordar las causas estructurales del conflicto en el Bajo Aguán.
EXIJEN INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA PARA CAMPESINOS DESPOJADOS EN EL BAJO AGUÁN
Yoni Rivas, miembro de la Plataforma Agraria, compartió que entre las exigencias por parte de las organizaciones campesina del Aguán están: el respeto a 26 títulos definitivos de propiedad de igual número de cooperativas, la instalación de la Comisión Tripartita, castigo para autores intelectuales y materiales de más de 200 asesinatos en el Aguán.
La Comisión Tripartita, explicó Rivas, tiene el objetivo de investigar las violaciones a derechos humanos y la instalación de un mecanismo de reparación y garantías de no repetición.
Además, solicitan la investigación del agroindustrial Miguel Mauricio de la Soledad Facussé, hijo del fallecido terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, contra quien afirman existen denuncias ante el Ministerio Público por usurpación agravada, desplazamiento forzado y asociación ilícita.
“[L]a familia Facussé ha desplazado a miles y miles de familias de las tierras que fueron asignadas para reforma agraria, que, según la ley, personas que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de reforma agraria no deberían ocuparlas”, declaró.
La Ley de Reforma Agraria establece en el artículo 79 que, para ser beneficiario de la misma, los campesinos, además de ser hondureños por nacimiento, deberán tener como ocupación habitual los trabajos agrícolas, y no ser propietario de tierras.
Rivas afirmó que también se violento el artículo 106 de la Ley de Reforma Agraria, refiriéndose al inciso a) que prohíbe la venta o transferencia de las tierras adjudicadas sin la autorización previa del INA, lo que aseguró no ocurrió.
“Se violentaron los artículos de ley establecidos en el marco jurídico y por eso se dio un despojo y de esa manera es que hoy los agroindustriales a través de grupos criminales, a través de grupos armados, es que quieren sostener el despojo continuado”, concluyó.
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Criterio.hn contactó, este lunes 22 de julio, a Rivas para consultar si tras reunirse la semana pasada con el subdirector del INA, Rafael Alegría, existen avances en relación con la titulación de la tierra.
El integrante de la Plataforma Agraria declaró que Alegría se comprometió a que el INA continuará investigando los métodos y procedimientos usados para el despojo de la tierra que corresponde a la reforma agraria. Así como una reunión, esta semana, con el director del INA, Francisco Funes.
