Según la información compartida, el Ministerio Público solo ha presentado dos requerimientos fiscales durante la intervención penitenciaria militar: uno contra un agente penitenciario y otro contra un privado de libertad
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque la Policía Militar de Orden Público (PMOP) ha acumulado varias denuncias públicas por hechos violentos suscitados durante la actual intervención penitenciaria, que comenzó a mediados de 2023 y todavía está vigente, el Ministerio Público no ha presentado ningún requerimiento fiscal contra elementos de la institución castrense por estar vinculados con algún delito en su labor interventora.
Lo anterior, Criterio.hn lo constató a través de la petición de información SOL-MP-2656-2024, en la que se le preguntó al Ministerio Público el número de requerimientos fiscales presentados contra elementos de la Policía Militar de Orden Público desde mediados de 2023 hasta abril de este año. La respuesta fue que no hay ninguno.
Además, el Ministerio Público, durante el periodo analizado, tampoco ha recibido denuncias contra elementos de la institución castrense por abusos de autoridad para violentar los derechos humanos de los privados de libertad o por ser piezas clave en el trasiego de drogas y armas al interior de los centros penales, algo que parece contradictorio con algunos hechos que se han registrado.
De hecho, según la información compartida, el Ministerio Público solo ha presentado dos requerimientos fiscales durante la intervención penitenciaria militar: uno contra un agente penitenciario por los delitos de ‘favorecimiento a la evasión’ y ‘quebrantamiento de condena’, y el otro contra un privado de libertad por tráfico de drogas agravado, ambos cometidos en 2023.
¿SOLO DOS REQUERIMIENTOS?
Aunque el Ministerio Público haya especificado que solo se han presentado dos requerimientos fiscales durante el periodo mencionado, el dato podría ser más elevado. Evidencia de lo anterior es que el 15 de diciembre de 2023, la Fiscalía requirió al coronel José Rodimiro Arita por los delitos de lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios.
Rodimiro Arita, en su gestión como director del centro penal La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, en el extremo oriente del país, fue pieza clave para ingresar grandes cantidades de dinero a dicha cárcel. Sin embargo, el 14 de diciembre fue sorprendido tratando de meter 445 mil lempiras para supuestamente entregárselo a líderes de la pandilla Barrio 18.
Sin embargo, aunque Arita es señalado por dos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante una cuestionada intervención penitenciaria, un juez con competencia territorial nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción, en mayo del corriente año, lo benefició con el cambio de medidas distintas a la prisión preventiva. Es decir, se está defendiendo en libertad.
De hecho, el Ministerio Público, en su pronunciamiento, estableció que pareció ‘extraño’ el hecho de que a principios de 2024 al coronel Arita el juez le haya negado el cambio de medidas y que meses después, con los mismos argumentos presentados que ya habían sido desestimados en una primera ocasión, la defensa consiguiera que se defendiera en libertad.
Además, la Fiscalía, liderada por el abogado Johel Zelaya, catalogó la determinación del juez como un ‘retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada’, debido a la envergadura de los delitos por los que está imputado Arita y al contexto en el que los cometió, siendo pieza clave para que los privados de libertad continuaran haciendo sus fechorías en el interior de las cárceles.
“El Ministerio Público, en razón de los delitos imputados al coronel y el peligro que representan los pandilleros recluidos en estas cárceles de máxima seguridad que por años han tenido acceso a grandes cantidades de dinero producto de la extorsión, observa como un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada estas resoluciones judiciales”, dice parte del escrito del MP.
De igual manera, precisó que, ante la determinación del juez, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentaría una apelación, la cual no ha sido respondida hasta el día de hoy por el Poder Judicial.
Puede leer: Intervención militar en cárceles: Separan a dos directores por posibles vínculos con el crimen
Aunque Arita está enfrentando un proceso judicial en el que posiblemente esté siendo beneficiado, se encargó de desnudar nuevamente el estrecho vínculo que tiene el crimen organizado con la institución castrense.
Este hecho demostró una vez más que ni policías ni militares deben estar a cargo de la operatividad y administración de los centros penales, porque son piezas frágiles ante las tentaciones económicas que ofrecen los privados de libertad ligados a maras y pandillas.
De hecho, este incidente provocó que el mismo jefe de la Policía Militar del Orden Público, quien también lidera la intervención penitenciaria, Ramiro Fernando Muñoz, sugiriera realizar una depuración para sacar a los que están ligados con el crimen organizado y el narcotráfico, y se encargan de abusar de su poder para violentar los derechos humanos, no solo de los privados de libertad, sino también de la población en general.
‘Esa sinvergüenzada de estar tapando problemas a los delincuentes lo que nos trae como consecuencia es la destrucción de la institucionalidad. Nosotros tenemos que depurarnos continuamente. No tenemos que estar tapando ilícitos, no importa quién sea’, advirtió Muñoz.
