En Honduras el Estado de excepción se implementó en diciembre de 2022 y la militarización del sistema penitenciario fue a partir de junio de 2022, desde entonces las organizaciones han rechazado dichas medidas
Tegucigalpa, Honduras. – La reciente justificación del Estado de Honduras sobre la militarización y el uso excesivo de la fuerza en los centros penitenciarios, en el marco del 190º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha provocado una fuerte reacción entre defensores de derechos humanos.
Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, expresó a Criterio.hn su preocupación por estas políticas gubernamentales que se están aplicando, mismas que parecen ser una continuación de las impuestas por Juan Orlando Hernández. Que en opinión de Mejía son “incoherentes y lamentables”.
Mejía criticó la militarización del sistema penitenciario, señalando que, a pesar de la falta de rendición de cuentas por parte de los militares en periodos anteriores, el actual gobierno continúa con estas medidas.
De acuerdo con los informes presentados del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), se constató que ha habido un aumento en las violaciones a derechos humanos bajo la militarización.
El abogado y defensor de derechos humanos, expresó su sorpresa y decepción ante la justificación implícita del uso excesivo de la fuerza dentro de los centros penales por parte de la Policía Militar. “Me sorprendió que un gobierno que sufrió represión, que vivió en carne propia lo que implica el uso excesivo de la fuerza, hoy justifique este abuso,” dijo Mejía. Enfatizó que la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado no puede ser justificada cuando hay un ejercicio abusivo del poder.
JUSTIFICACIÓN DE MILITARIZACIÓN
El Estado de Honduras justificó la militarización de la seguridad ciudadana y del sistema penitenciario, pese a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
El pasado miércoles, durante el 190º Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, comparecieron organizaciones de sociedad civil y el Estado de Honduras para abordar la situación de derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria.
Eduardo Alemán, representante de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), refirió que el involucramiento de militares tiene un “amparo jurídico”. A razón de ello, señaló que las autoridades se basaron el artículo 274 de constitución de la República sonde se señala que las Fuerzas armadas pueden cooperar con las instituciones de seguridad a fin de combatir los delitos de terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado.
Según Alemán, dichos principios se cumplen porque Honduras desde el 2011 punteaba como uno de los países más violentos con las tasas más altas a nivel de la región. “En Honduras la necesidad se ha generado por parte del infiltramiento del crimen organizado en nuestro país que ha generado índices de violencia”, refirió.
Datos, oficiales refieren que la tasa de homicidios en el país centroamericano en 2021 fue de 41.2 y en 2022 de 35.8 por cada 100,000 habitantes, entre estos dos años se registró una reducción de la tasa de homicidios, y en diciembre de 2022 la presidenta Xiomara Castro implementó el estado de excepción.
Para 2023, los datos preliminares de la Secretaría de Seguridad, indican que la tasa de homicidios era de 31.14 por cada 100,000 habitantes.
Eduardo Alemán, argumentó que dicha reducción en la tasa de homicidios es producto de las medidas en materia de seguridad que van desde la militarización de seguridad ciudadana por medio del estado de excepción y por la militarización en los centros penitenciarios.
ESTADO JUSTIFICA USO DE LA FUERZA EN CENTROS PENITENCIARIOS
En un año de intervención militar en el sistema penitenciario, es decir de junio de 2023 a junio de 2024, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) documentó, 193 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, al interior de los centros de reclusión del país.
De estos 193 casos, 29% de las personas privadas de libertad reportaron haber recibido alguna clase de golpe físico y el 86% reportaron no tener acceso a servicios de salud (medicamentos, atención médica oportuna).
Además, las organizaciones defensoras de derechos de las personas privadas de libertad, refieren que la cifra puede ser mayor, debido a que muchos no denuncian las agresiones por temor a represalias o suspensión de visitas.
Sin embargo, luego que las organizaciones presentaron el informe a la CIDH, el representante de Defensa Nacional, Eduardo Alemán, respondió que, respecto al uso de la fuerza y malos tratos de parte de los militares, se apegaron a al principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, explico que cuando la Policía Militar, ingresa a los centros penitenciarios, “no se enfrenta a requisas pacíficas”.
“Consideramos que ante esta realidad se procedió con el uso de la fuerza basándonos en el principio de proporcionalidad”, argumentó alemán. Al tiempo que arguyó que durante la requisa que realizaron los militares “no hubo ni un tan solo muerto y se hizo uso de técnicas defensivas para poder frenar los amotinamientos que estaban ocurriendo”.
Históricamente el sistema penitenciario de Honduras enfrenta desafíos. Entre los principales problemas denunciados se encuentran el hacinamiento extremo, la existencia de patrones de tortura, las muertes bajo custodia, y las precarias condiciones que enfrentan las mujeres encarceladas, particularmente en lo que concierne a la salud de sus hijos e hijas.
