La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre el agravamiento de las condiciones carcelarias en Honduras, señalando la necesidad de reformas estructurales en lugar de nuevas cárceles controladas por militares
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado preocupación por la institucionalidad del sistema penitenciario hondureño. Si bien la CIDH reconoció la voluntad del Estado para avanzar en materia penitenciaria, también resaltó serios desafíos, tales como la militarización de las cárceles, el hacinamiento persistente, el uso excesivo de la prisión preventiva, y los obstáculos en el combate a la tortura.
Dicha preocupación fue externada en el marco del 190º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones de sociedad civil y representantes del Estado abordaron la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad vinculada a la crisis carcelaria en el país.
Durante la audiencia, las organizaciones de derechos humanos, denunciaron la implementación de una política de seguridad –que a criterio de las organizaciones es “completamente alejada de los estándares internacionales de derechos humanos”.
Esta política, manifestada a través de la declaratoria de un estado de excepción, catalogado como una réplica del modelo de “mano dura”, instaurado en El Salvado y que, entre otras cosas, ha llevado a una saturación de las cárceles, incrementando el hacinamiento y las violaciones a derechos humanos y la militarización de la seguridad ciudadana.
De acuerdo con Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Honduras, luego de escuchar los informes tanto de las organizaciones como del Estado, reconoció que “estamos en una situación muy grave”, además señaló que pese a algunas medidas que se han adoptado, estas “no son suficientes”.
Pochak, remarcó que en Honduras existe una “crisis estructural” de la situación carcelaria, misma que se ha agravado por las medidas que se han adoptado como el estado de excepción.
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CÁRCELES NUEVAS NO RESOLVERÁN EL PROBLEMA
De acuerdo a los informes de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de organismos internacionales cpmo la CIDH o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), los centros penitenciarios del país siguen siendo escenarios de muerte y condiciones indignas.
Sin embargo, las medidas del actual gobierno continúan perpetuando los errores de administraciones anteriores, incluyendo la de Juan Orlando Hernández –sentenciado en Estados Unidos por conspiración para introducir droga a dicho país—, a través de las construcciones de recintos carcelarios y la militarización del sistema en lugar de apostar a políticas de prevención y de una verdadera reestructuración del sistema penitenciario.
El gobierno de Xiomara Castro, a través del Consejo de Defensa Nacional, anunciaron, luego de la masacre en la penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), le ha apostado a la construcción de una mega cárcel en el Parque Marino de Islas del Cisne con capacidad para 2000 privados de libertad y otra entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho con capacidad para 20,000 privados de libertad.
En ese sentido, Andrea Pochak subrayó que “no hay cárceles nuevas que lo resuelvan (…) no hay infraestructura que se modifique que vaya a resolverla situación”.
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SISTEMA PENITENCIARIO EN MANOS DE CIVILES
En junio de 2023, la presidenta Xiomara Castro, cedió el control penitenciario a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), pese a prometer durante su campaña política eliminar esta elite armada que jugó un papel preponderante durante la crisis post electoral de 2017.
“El sistema penitenciario tienen que estar en manos de fuerzas civiles debidamente capacitadas”, expresó la relatora de país de la CIDH.
Andrea Pochak, advirtió que en la medida que el sistema penitenciario siga estando en manos de fuerzas militares, tanto la violencia como las violaciones de derechos humanos, “no se va a resolver” debido a que las fuerzas militares no están capacitadas para la custodia de personas privadas de libertad.
En ese sentido, recomendó que el Estado de Honduras debe avanzar en la institucionalización del sistema civil penitenciario.
Por otro lado, Pochak señaló que existe preocupaciones por la tasa de hacinamiento en los centros penitenciarios. Detalló que en algunos centros el nivel de hacinamiento excede tres o cuatro veces el limite posible
De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Sistema Nacional Penitenciario de Honduras alberga un promedio de 19,141 personas, de las cuales 17,982 son hombres y 1,159 son mujeres, distribuidas en 25 centros penitenciarios.
Estas instalaciones tienen una capacidad total para sólo 14,780 personas, lo que resulta en una tasa de hacinamiento del 28.09%. A pesar de una reducción del 6% en el índice de hacinamiento respecto a 2022, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico.
