Algunos funcionarios del Gobierno promueven una nueva Ley de Contratación del Estado, mientras que analistas consideran que en primer lugar debe obligarse a los servidores públicos a mantener un apego irrestricto a la normativa de contrataciones y adquisiciones públicas
Tegucigalpa, Honduras.- Antes de aprobar una nueva Ley de Contratación del Estado, el Gobierno hondureño está obligado a capacitar al personal encargado de gestionar las compras y adquisiciones públicas con transparencia, estrategia y eficiencia, y mejorar los procesos establecidos a fin de evitar opacidad y márgenes de corrupción.
En el Congreso Nacional se encuentra el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Contratación del Estado, que vendría a reemplazar la actual normativa, vigente desde el 29 de junio de 2001. Aunque el anteproyecto fue entregado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2023, su dictamen aún no ha sido finalizado.
El nuevo texto de la Ley de Contratación del Estado ha generado altas expectativas, sobre todo entre los funcionarios del actual Gobierno, quienes han asegurado que modernizará los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado hondureño.
El secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, manifestó el 19 de junio de 2024 que la actual ley no contempla mecanismos expeditos para la contratación o compra en casos de emergencia, lo cual obliga a las instituciones, dijo, a recurrir a procesos directos.
“Un ejemplo del desfase de la ley es que cuando surge una emergencia climática y no se tienen mecanismos rápidos para contratar, se recurre a un proceso de contratación directa, lo que levanta suspicacias de corrupción. Esto se puede eliminar reformando y reemplazando esa ley desfasada por una nueva, con procesos de contratación más expeditos”, manifestó Pineda durante un foro televisivo.
¿ES LA ACTUAL LEY EL PROBLEMA ABSOLUTO?
Sin embargo, el exsecretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, señaló que reformar la ley solo modernizaría algunos procesos, pero que muchos otros problemas persistirán si quienes aplican la normativa no aceptan controles ni restricciones.
“El proyecto de una nueva ley ya está en el Congreso y seguramente se aprobará. No obstante, si siguen elaborando pliegos de condiciones de mala calidad, ignoran la nueva ley y no capacitan al personal respectivo, seguirán en lo mismo para desgracia del país”, expresó Orellana.
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En una entrevista previa con Criterio.hn, con fecha 23 de abril de 2024, Edmundo Orellana subrayó que primero debe garantizarse el apego irrestricto a la Ley de Contratación del Estado por parte de los encargados de aplicar la normativa.
“Todos creen que los problemas en las compras y contrataciones estatales se pueden resolver con una nueva ley. Es cierto que necesitamos una nueva ley para modernizar el proceso, pero no es porque la ley actual no sirva, sino porque necesita mejoras para modernizar los procesos nada más”, consideró Orellana.
En medio del debate, el subsecretario de Finanzas, Roberto Ramírez, manifestó que desde el análisis de la inversión pública, debe existir una modificación y actualización de la Ley de Contratación del Estado.
“Las instituciones están obligadas a aprender y cumplir con la ley actual y sus procesos, pero eso no quiere decir que sean los mejores o estén acordes a las necesidades, sobre todo en los sistemas de información, tiempos, actualizaciones de catálogos y certificaciones”, puntualizó Ramírez.
Según el anteproyecto enviado por el Ejecutivo, la nueva Ley de Contratación del Estado contemplará un aumento en la tabla de disposiciones presupuestarias que regula los montos de inversión, con el fin de darle más agilidad a la gestión pública.
Además, buscará la innovación y modernización de los procesos de licitación, permitiendo que, sin importar el lugar en que se encuentre, el contratista pueda tener acceso a las plataformas de registros de contratistas para participar en todos los procesos del Estado.
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De igual modo, se pretende que los pequeños emprendedores tengan mayor acceso a competir en los procesos de contratación, especialmente en las municipalidades del interior del país.
DEFICIENCIAS ACTUALES
Actualmente, las deficiencias del sistema de contrataciones y adquisiciones incluyen la insuficiente publicación de los procesos y su información, conflicto de intereses, mala administración de contratos y la falta de multas por entregas retrasadas e incumplimientos.
El Gobierno posee dos fuentes de contrataciones: la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y la Secretaría de Finanzas, donde las contrataciones de la administración pública pueden ser cotejadas en línea y a través de formatos abiertos. Sin embargo, aún persiste la debilidad en los datos abiertos en sistemas transaccionales como HonduCompras, lo que ha generado falta de supervisión u observación ciudadana.
Además, la falta de planificación anual puede conducir a contrataciones de emergencia y poco competitivas, mientras que la limitación de recursos humanos y técnicos dentro de la ONCAE también ha causado un vacío institucional.
En años anteriores, especialmente durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), también se crearon otros tipos de adquisiciones a través de fideicomisos, alianzas público-privadas y transferencias a ONGs, en lugar de realizarse a través de las unidades de compra del Estado, lo que abrió espacio a la corrupción público-privada y al aumento del endeudamiento interno.
Por otro lado, en 2023, el Gobierno determinó la suspensión de la figura del comprador público certificado (CPC) entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre, poniendo en suspenso los numerales A, B y C del artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado, lo que permitió a las instituciones públicas efectuar contrataciones directamente sin necesidad de registros de contratos, firma y sello del CPC, lo cual generó suspicacia en la ciudadanía.
