Las organizaciones de sociedad civil instan para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) tenga la independencia para presentar denuncias ante el Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras. –Facultar con la figura de querellante adhesivo o acusador privado a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es una de las sugerencias que han realizado varias organizaciones de sociedad civil ante la posible instalación del mecanismo anticorrupción.
De igual manera, la CICIH debe ser un mecanismo que funcione como una entidad independiente, con plena autonomía organizativa, financiera, administrativa y operativa, es una de los objetivos para que este mecanismo anticorrupción tenga éxito en su lucha contra este flagelo.
Las sugerencias se han realizado de manera separada, por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), ante el proceso de negociación entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH),
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) planteó las características que debe tener el mecanismo internacional que combatirá la corrupción y la impunidad es que debe tener la independencia para seleccionar casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado de manera conjunta con el Ministerio Público para su respectiva investigación y procesamiento judicial.
De igual manera, debería promover denuncias de manera autónoma y constituirse como querellante adhesivo o acusador privado cuando lo considere adecuado y conveniente para cumplir su mandato.
Esta cooperación permitirá abordar de manera efectiva los casos más graves y complejos de las redes de corrupción público-privadas que afectan al país.
La CICIH representará una esperanza renovada para aquellos que buscan un país más justo y transparente. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
También desglosan que la CICIH deberá cumplir varias funciones entre ellas: identificar, investigar y desarticular estructuras de corrupción y crimen organizado vinculadas al sector público y privado.
Asimismo, deberá acompañar al Estado en la creación e implementación de leyes, reformas legales y políticas públicas para el combate a la corrupción y el crimen organizado. Por último, apoyar el fortalecimiento de los programas de protección de testigos, análisis criminal y otras unidades o instituciones que sean necesarias para desarrollar la persecución penal estratégica.
De interés: Gobierno dice que las reformas necesarias para la CICIH pueden llegar después del convenio
Por su parte, la integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, ha recomendado reformar el Código Procesal Penal para otorgarle la figura de acusador privado a la CICIH.
En una entrevista brindada a Criterio.hn la representante de sociedad civil expuso que con una reforma al Código Procesal Penal es la más viable porque sólo requiere de la mayoría simple, es decir, 65 votos.
“El oficialismo tiene 65 votos cuando se trata de asuntos de su interés, es posible un consenso con las otras bancadas”, expresó.
Otra sugerencia del equipo de ACTJ es que el financiamiento del mecanismo anticorrupción provenga de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de países cooperantes, para garantizar la independencia de la CICIH.
Vea: Memorándum para instalación de la CICIH se extiende por otros seis meses
NO VEN AMBIENTE PARA APROBAR REFORMAS CONSTITUCIONALES
Gabriela Blen, integrante de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), la aprobación de la Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) tiene aspectos positivos, pero que no existe voluntad política para aprobar reformas constitucionales.
El anteproyecto de ley presentado por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la presidenta Xiomara Castro, Xiomara Hortensia “La Pichu” Zelaya, necesitará modificaciones al texto constitucional y no sólo reformas a la normativa penal.
Con esta iniciativa se pretende otorgarle la figura de querellante autónomo al mecanismo anticorrupción en Honduras.
Blen explicó que este anteproyecto de ley requiere una reforma constitucional, ya que la Constitución de la República le otorga el monopolio de la acción penal pública al Ministerio Público, es decir, que ningún otro ente nacional o internacional puede suplantar las funciones de la fiscalía.
