Este día, las autoridades de Seguridad anunciaron el nombre de 16 personas solicitadas en extradición por el gobierno estadounidense debido a sus vínculos con el narcotráfico. Según oficializaron, entre ellos hay personas con vínculos en la política hondureña. Un caso específico es el de Mario “Cubeta” Cálix Hernández, exvicealcalde de Gracias, Lempira
Tegucigalpa, Honduras. – Que la cúpula de la Secretaría de Seguridad haya expuesto este día una lista de 16 hondureños solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos, debido a su participación en el narcotráfico y otros delitos conexos, es una muestra más de que los procesos policiales son poco efectivos y podrían estar orientados por fines políticos, según analistas consultados por Criterio.hn.
Javier Acevedo, director del Ciprodeh. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), opinó que el listado de personas solicitadas en extradición presentado por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, podría obedecer a una estrategia política impulsada desde la cúpula oficialista, con el objetivo de desprestigiar al precandidato presidencial y diputado de la misma casa política, Jorge Cálix, a quien se le va vinculado con indicios de corrupción en algunas instituciones que dirige a través de terceros como en el caso del Instituto de la Propiedad (IP).
“Es posible que esto se haya hecho con una intención política. Sé que actualmente hay diferencias bastante grandes en el partido que está en el poder y la precandidatura presidencial del diputado Jorge Cálix ha terminado de agravar las fisuras. Sin embargo, también es posible que no se haya hecho con esa intención, porque no sé si eso levantará tanto ruido para usarlo políticamente”, mencionó Acevedo.
Acevedo, defensor de derechos humanos, también analizó que, debido a la costumbre de los arreglos políticos en Honduras, lo más probable es que este precedente (incluir a un supuesto familiar de Jorge Cálix que ya había sido solicitado por EE. UU. en una nueva lista) se resuelva mediante un diálogo en el que se pacten acuerdos de cara a las elecciones internar y generales de 2025.
Este día, las autoridades de Seguridad anunciaron el nombre de 16 personas solicitadas en extradición por el gobierno estadounidense debido a sus vínculos directos con el narcotráfico. Según oficializaron, entre ellos hay personas con vínculos en la política hondureña. Un caso específico es el de Mario “Cubeta” Cálix Hernández, exvicealcalde de Gracias, Lempira, ubicado al occidente de Honduras.
Por “Cubeta” Cálix, quien sostuvo supuestos vínculos delictivos con Juan Antonio “Tony” Hernández, ya condenado en Estados Unidos, la institución armada ofreció un millón de lempiras de recompensa a cambio de su paradero. Sin embargo, desde 2019 había sido solicitado en extradición por el gobierno estadounidense, y hoy, más de cuatro años después, la institución reafirmó que la investigación no ha sido efectiva.
En el listado predominan nombres como el de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, por quien ofrecen 5 millones de dólares, y Juan Carlos Montes Bobadilla, integrante del clan de narcotráfico Montes Bobadilla, por quien ofrecen 5 millones de lempiras.
La institución armada ha ofrecido una cantidad millonaria en recompensas, pero uno de los principales cuestionamientos es ¿de dónde sale ese dinero? Si no está especificado en el presupuesto general de la institución. Además, surge la pregunta sobre qué sucede con el dinero destinado para estas recompensas cuando no se otorgan. ¿En qué se destina o gasta?
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PRESUNTOS CRIMINALES NI SABÍAN QUE ERAN SOLICITADOS POR EE UU
Según el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, el anuncio de una recompensa a cambio de información que conduzca al paradero de estas personas vinculadas con el narcotráfico es una estrategia sin sentido y poco efectiva. Madrid argumenta que al hacer público su búsqueda, es probable que estas personas ya se encuentren fuera del país.
“No es correcto. Hay personas en esa lista que ni siquiera sabían que estaban siendo solicitadas en extradición y ahora, con esto seguro, por más que ofrezcan recompensas, no los van a poder encontrar. El tema de ofrecer recompensas a la población es viable cuando se trata de capturar a personas de alto perfil que claramente han evadido la justicia, como ha sucedido en varios casos”, opinó Madrid.
Madrid, exdirector del Departamento de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), opinó además que para ejecutar procesos de captura están los agentes de investigación del Estado, ya sea la Dirección Policial de Investigación (DPI) o la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes deberían tener estrategias a través de informantes dentro de las comunidades.
“Capturar a estas personas es trabajo de las agencias de investigación del Estado; se debe asegurar que ellos cumplan con su labor. Mi pregunta sería: ¿Es efectivo este método que están empleando? Hace meses anunciaron lo mismo sobre un político y lo más probable es que, tras ese pronunciamiento, aprovechó para huir”, precisó el analista.
Madrid se refirió al caso de Cristhian José Castillo Mercado, alcalde del Partido Liberal del municipio El Triunfo en Choluteca, al sur de Honduras. En lugar de priorizar su arresto, las autoridades policiales anunciaron que lo estaban buscando y ofrecieron 350 mil lempiras a cambio de información sobre su paradero.
