Una petición de Sergio Rodríguez, coactor del asesinato de Berta Cáceres, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha generado confusión y desinformación en medios locales, que han asegurado que se trata de una nueva demanda en contra del Estado de Honduras ante la Corte IDH
Tegucigalpa, Honduras. – Sergio Rodríguez, quien se desempeñaba como gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y jugó un papel crucial en la vigilancia y persecución de Berta Cáceres, y que además fue encontrado culpable por la Sala I del Tribunal de Sentencia como coautor del asesinato de la ambientalista el 29 de noviembre de 2018, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones a sus derechos.
A raíz de la acción antes descrita, varios medios hondureños comenzaron a informar sobre una supuesta demanda interpuesta por Sergio Rodríguez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en contra del Estado de Honduras.
Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en marzo de 2016, provocando la indignación y condena internacional. Su labor en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas la convirtió en una figura emblemática, cuyo legado sigue siendo un punto de referencia en la lucha por la justicia social y ambiental en Honduras y más allá de sus fronteras.
LA FRASE
“Corte-IDH admite demanda de un acusado en el caso de Bertha Cáceres”
Diario La Prensa, 8 de mayo 2024: Corte-IDH admite demanda de un acusado en el caso de Berta Cáceres (laprensa.hn)
“Viene otra demanda para Honduras en CIDH por caso Sergio Rodríguez”
Informando hn, 8 de mayo 2024: Viene otra demanda para Honduras en CIDH por caso Sergio Rodríguez – InformandoHN
“Corte-IDH admite queja a Sergio Rodríguez y alertan de riesgos al Estado”
Diario El Heraldo, 8 de mayo 2024: Admiten otra demanda contra el Estado en la Corte-IDH (elheraldo.hn)
“Honduras a las puertas de una demanda internacional tras admisión de la CIDH del caso de Sergio Rodríguez”
La Tribuna, 8 de mayo: Honduras a las puertas de una demanda internacional tras admisión de la CIDH del caso de Sergio Rodríguez – Diario La Tribuna
Los medios de comunicación informaron a la ciudadanía de una “nueva demanda en contra de Honduras”, señalando las repercusiones económicas para el Estado. Esta noticia, que no es más que una campaña de desinformación, ha generado confusión en la opinión pública, razón por la cual Criterio.hn hace una verificación para corroborar si existe una admisión en la Corte IDH como lo informaron o si es una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿HAY O NO DEMANDA INTERNACIONAL?
Criterio.hn verificó en el portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) si existe algún proceso judicial para el Estado de Honduras relacionada a la causa de Berta Cáceres y en particular una acción interpuesta por la defensa legal de Sergio Rodríguez y encontró que no existe ningún caso contencioso en trámite.
Pero, entonces ¿a qué se refiere la defensa de Sergio Rodríguez cuando señala un proceso internacional?
Pues bien, en realidad, la petición fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano distinto que, a diferencia de la Corte IDH, no tiene la autoridad para emitir sentencias vinculantes, pero sí puede realizar recomendaciones y adoptar medidas cautelares.
La defensa de Rodríguez, a través de la abogada Martha J. Girón presentó, el 18 de septiembre de 2018, ante la CIDH, una petición para revisar el caso por presuntas violaciones de derechos humanos mientras se desarrolla el proceso judicial en el caso de Bertha Cáceres.
De acuerdo con el Informe No. 276/23, petición 1923-18 Admisibilidad de la CIDH del 31 de octubre de 2023, la parte peticionaria invocó los artículos sobre: integridad personal (5), libertad personal (7), garantías judiciales (8), protección de la honra y dignidad (11), libertad de pensamiento y expresión (13), rectificación o respuesta (14) y protección judicial (25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1. sobre la obligación de respetar los derechos y 2 del deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
En respuesta, la CIDH admitió dicha petición declarando admisibles algunos de los artículos invocados, es decir, una admisión parcial mediante los artículos de integridad personal (5), libertad personal (7), garantías judiciales (8), y protección judicial (25) de la Convención, en relación con su artículo 1.1. sobre la obligación de respetar los derechos.
Analistas señalan que la emisión de este informe no implica una condena ni prejuzga sobre las alegaciones de Rodríguez. “Cualquier persona que considere que sus derechos han sido violados y cumpla con los requisitos formales puede presentar una petición ante la CIDH,” explicó Lucas M. Mantelli, coordinador jurídico del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), amparado en el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior significa que la fase preliminar del proceso puede extenderse por años antes de llegar a una resolución de fondo.
El doctor en derechos humanos y ex candidato ante la CIDH para el periodo 2024-2027, Joaquín Mejía, explicó a Criterio.hn que, lo que ha ocurrido es que la Comisión determinó que el caso reúne los requisitos formales y no de fondo.
Es decir, la CIDH, en este momento, no ha dicho que se han violentado derechos, sino que la petición pasa el primer filtro para ser analizada a profundidad. “Lo único que va a examinar,es si realmente el proceso que se hizo fue compatible con la Convención Americana pero no va a revisar el fallo”, remarcó el doctor en derechos humanos.
Sin embargo, varios medios locales han tergiversado esta acción, reportando incorrectamente que la Corte IDH había admitido una demanda. lo que ha contribuido a una confusión considerable entre la ciudadanía. Esta desinformación no sólo distorsiona la realidad del caso, sino que también puede influir en la percepción pública de la justicia y los derechos humanos en Honduras.
Mejía insistió que el hecho que la CIDH haya admitido el caso, significa que la Comisión consideró que se habían cumplido los requisitos formales y que era necesario hacer una revisión de fondo, es decir, si se violentaron derechos.
De acuerdo con Mejía, de las peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo el 13 o el 14% pasan a una segunda fase.
En 2018, la CIDH recibió 2957 peticiones de admisibilidad, entre ellas la de Sergio Rodríguez.
¿CÓMO ES EL PROCESO PARA UNA DEMANDA INTERNACIONAL?
El sistema interamericano de derechos humanos se caracteriza por su meticuloso y extenso proceso para abordar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Este sistema se divide en dos grandes procedimientos: el sistema de peticiones y casos, y el mecanismo de medidas de protección.
Lucas M. Mantelli, coordinador jurídico del Cejil, explicó a Criterio.hn que el Sistema de peticiones y casos se inicia con la presentación de una “petición inicial” ante la CIDH. Una vez presentada, la Comisión traslada la petición al Estado implicado, que tiene tres meses para responder, aunque este plazo puede ser prorrogable, siguió explicando.
Posteriormente, la Comisión emite un informe de admisibilidad. Este informe, contrario a lo que a menudo se percibe, “no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del Estado en cuestión”, sino que verifica que la petición cumpla con ciertos requisitos formales, como haber agotado los recursos jurisdiccionales nacionales y no estar pendiente ante otro sistema internacional.
Mantelli, amplió que si la petición es admitida, se procede a una fase de observaciones adicionales por ambas partes, lo que puede prolongar el proceso significativamente.
Una vez recibidas las observaciones, la CIDH procede a analizar el fondo del caso, es decir, evalúa si hubo violaciones a los derechos humanos. Si se determina que el Estado ha violado los derechos del peticionario, la CIDH emite un informe de fondo preliminar, en el cual puede declarar que hubo violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones al Estado para reparar las violaciones.
El coordinador jurídico de Cejil, enfatizó a Criterio.hn que entre la admisibilidad y el informe de fondo pueden transcurrir de cinco a diez años.Por otro lado, si no se llega a una solución amistosa y el Estado no cumple con las recomendaciones del informe de fondo, la CIDH puede decidir remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este paso marca el final del proceso ante la Comisión y el inicio del procedimiento ante la Corte, que es independiente y tiene la autoridad para emitir sentencias vinculantes.
En conclusión, Lucas Mantelli, señaló que la adopción del informe de admisibilidad, “no prejuzga sobre el fondo del asunto”, es decir, sobre si hubo o no violaciones.
DESMIENTEN ALEGATOS DE DEFENSA DE SERGIO RODRÍGUEZ
El caso de Sergio Rodríguez, condenado como coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, llegó a la CIDH con una serie de alegaciones que buscan cuestionar la justicia del proceso penal en su contra.
Camilo Bermúdez, del equipo jurídico del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desmintió los alegatos presentados por la defensa de Sergio Rodríguez ante la CIDH. “Muchas de las alegaciones que hay en esta petición, son falsedades, son informaciones a medias o son directamente mentiras”, señaló Bermúdez.
En primera instancia, la defensa alega que Sergio Rodríguez fue sometido a un proceso penal arbitrario y sin pruebas suficientes, lo cual, para Camilo Bermúdez “es completamente falso. Bermúdez señaló a Criterio.hn que el juicio se desarrolló de mayo de 2016 a noviembre de 2018, “fue un proceso que tuvo toda la observación internacional y que estuvimos durante todo el tiempo protegiendo el proceso judicial para que no haya cabida de ninguna delegación como esta”, afirmó Bermúdez.
La petición de Rodríguez argumenta que su encarcelamiento preventivo fue prolongado sin justificación y basado en pruebas insuficientes. Sin embargo, de acuerdo con Camilo Bermúdez, dichos retrasos fueron provocados por recursos interpuestos por su propia defensa, y no por fallos del sistema judicial. Además, la condena de Rodríguez no se basó únicamente en testimonios, sino en comunicaciones incriminatorias extraídas de su teléfono y registros de llamadas, las cuales evidenciaron su participación activa en la planificación y ejecución del asesinato de Cáceres.
Sobre la condena de Rodríguez, la defensa señaló, en la petición ante la CIDH, que su defendido fue acusado de ser autor intelectual. Ante ello, Bermúdez aclaró que es falso, ya que el 29 de noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres – una figura que implica responsabilidad compartida en la comisión del crimen— al contrario de Daniel Átala, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), empresa que obtuvo la concesión de forma ilegal e inconsulta del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el occidental departamento de Intibucá. A este proyecto se oponía parte del pueblo indígena Lenca, con el acompañamiento del Copinh y Berta Cáceres.
En diciembre del 2023, el sistema de justicia hondureño emitió un requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence por suponerlo responsable del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Isabel Cáceres
CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN PARA PRESIONAR A LA CSJ
La admisión de la petición por parte de la CIDH, para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que Bertha Cáceres coordinaba al momento de su muerte, ha sido tomada, en primera instancia como sorpresiva, ya que la CIDH está diseñada para proteger los derechos humanos de los países o de las poblaciones de los países ante las violaciones que se ejercen.
Sin embargo, de acuerdo con Camilo Bermúdez, del equipo jurídico del Copinh, en años recientes se ha observado cómo victimarios, es decir, que personas que violan los derechos en estos países miembros, están utilizando el sistema interamericano para “sus propios fines y tratando de involucrarse en los litigios maliciosos que suelen desarrollar”. Esta utilización para Bermúdez es una estrategia para, de cierta manera, desviar la atención de las violaciones a derechos humanos que perpetraron.
En el diálogo con Criterio.hn, Camilo Bermúdez, expresó, además, otra preocupación que surgió con el tratamiento que dieron los medios de comunicación al conocer que la CIDH admitió la petición de Sergio Rodríguez. “Nos preocupa que se desarrolle una campaña de desinformación en la que se difunda información que no es cierta”, apuntó.
Por otro lado, recrimina que los medios de comunicación, aparte de no informar el correcto procedimiento, no se les dio el espacio para aclarar la situación. “Preocupa que los medios a nivel nacional hagan un cubrimiento de gran alcance a estas alegaciones de uno de los condenados por el asesinato de Berta Cáceres, pero no se tomen el tiempo de cumplir el derecho de la réplica para que también se escuche la voz de las hijas e hijo de Berta Cáceres u otras personas que son víctimas de este caso”, reprochó.
Luego de consultar las fuentes y de hacer un análisis del proceso que conlleva una demanda ante una corte internacional como al Corte Interamericana de Derechos Humanos, Criterio.hn concluye que la información difundida por medios de comunicación sobre una demanda, interpuesta por Sergio Rodríguez, ante la Corte-IDH, contra del Estado de Honduras, es FALSA.
Lo que hay es una admisión de petición por parte de la CIDH, razón por la cual Lucas Mantelli, catalogó como una desinformación lo publicado por los medios locales.
Las fuentes entrevistadas concluyen que este caso subraya la importancia del periodismo responsable y la necesidad de que los medios verifiquen los hechos antes de publicarlos, especialmente en asuntos tan delicados y de alto perfil como el asesinato de Bertha Cáceres y las subsecuentes peticiones de justicia en el sistema interamericano de derechos humanos.
