La comisión especial que evalúa cómo se aprobó el Código Penal y qué reformas son necesarias, presentará en las próximas semanas un informe final al pleno del Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional conocerá en las próximas semanas el informe con las recomendaciones de reformas al Código Penal, un paso crucial hacia el cumplimiento del marco normativo necesario para instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). El marco normativo fue sugerido en el diagnóstico del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde que el 7 de julio de 2022 el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró la comisión especial para analizar cómo se efectuó la aprobación del Código y qué reformas al mismo son necesarias, los diputados asignados a esta han sostenido reuniones con diversas instituciones y organizaciones relacionadas con la operación de justicia.
Sin embargo, en las próximas semanas estas recomendaciones estarán siendo presentadas ante el pleno de diputados del Congreso Nacional, según indicó a Criterio.hn la diputada del Partido Libertad de Honduras (Libre), Silvia Ayala, quien preside la comisión.
El también diputado de Libre y miembro de la comisión especial, Ramón Barrios, manifestó que el dictamen está listo y que están a la espera de ser convocados por la diputada Ayala para una reunión previa a someterlo a conocimiento del pleno del Congreso Nacional.
“En ese dictamen establecemos el proceso inconstitucional e ilegal que se llevó para aprobar el mismo. Dejaremos evidencia de cómo el proyecto original fue uno, lo que se discutió y aprobó fue otro, y lo que se publica en La Gaceta era algo totalmente distinto en algunos puntos penales específicos”, declaró Barrios a Criterio.hn.
La comisión especial girará recomendaciones en vías de derogar parcial o totalmente el Código, pero ello, dijo, dependerá de los diputados y las diputadas del Congreso Nacional.
“El Código, a nivel general, es bueno, pero en la parte especial y en los delitos de corrupción implica varias reformas que serán necesarias. Pero eso le corresponderá al pleno”, agregó Ramón Barrios.
Una vez que la comisión especial presente el informe y las recomendaciones, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tendrá la facultad de nombrar una comisión que se encargue de dictaminar las reformas necesarias o, por otro lado, de iniciar la socialización para elaborar un nuevo Código Penal.
EL CÓDIGO DE LA IMPUNIDAD
El nuevo Código Penal, en comparación con su predecesor vigente entre 1983 y 2020, establece penas menos severas para delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Por ejemplo, bajo el antiguo Código Penal, el delito de malversación de caudales públicos conllevaba penas de 2 a 12 años de prisión, pero ahora las penas se han reducido a 4 a 6 años de prisión.
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El abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios, castigados anteriormente con penas de tres a seis años de prisión, ahora enfrentan una inhabilitación especial de tres a 6 años, sin pena de cárcel.
En el caso del fraude, las penas antes oscilaban entre 6 a 9 años de prisión, pero ahora van de 5 a 7 años de prisión, con la posibilidad de una multa equivalente al valor defraudado y una inhabilitación absoluta.
Sin embargo, el cohecho mantiene la misma pena de prisión de cinco a siete años bajo las nuevas disposiciones del Código Penal.
CÓDIGO PENAL Y LA CICIH
Una reforma al Código Penal, en cuanto a las penas para delitos contra la administración pública, figuró dentro del diagnóstico que entregó el grupo de expertos de la ONU al Congreso Nacional, tras concluir sus tres visitas in situ efectuadas en 2023.
Las bajas penas para este tipo de delitos fueron aprobadas tras una moción presentada el 14 de agosto de 2017 por el diputado suplente del Partido Nacional, Agapito Rodríguez. Las mismas fueron aprobadas mayoritariamente por diputados de los partidos Nacional y Liberal, que actualmente ocupan 66 de los 128 escaños dentro del Poder Legislativo.
