Sin un previo proceso de investigación antes de ejecutar intervenciones en diferentes ciudades y municipios del país, los resultados continuarán siendo poco positivos, concluyen analistas consultados por este medio de comunicación
Tegucigalpa, Honduras. – Desde mediados de 2022, autoridades de la Secretaría de Seguridad y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), han ejecutado intervenciones en varios municipios de los principales departamentos del país. Esto, luego de que se registrara un alza en la violencia y la criminalidad. Sin embargo, hasta la fecha, la delincuencia continúa manteniendo en zozobra a los pobladores y a los grandes comercios. Por lo tanto, analistas consultados por Criterio.hn concluyen que esta medida continuará sin ser fructífera si no se lleva a cabo una previa investigación.
«La medida es una reacción policial y militar ante la violencia, lo cual es comprensible, pero sin una previa investigación sobre las causas del aumento y las organizaciones criminales responsables de desencadenarla, seguiremos interviniendo sin obtener resultados positivos significativos», opinó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Acevedo, defensor de los derechos humanos, explicó que también es común que las instituciones armadas alardeen de las capturas realizadas durante estas intervenciones. Sin embargo, señaló que, en la mayoría de los casos, los detenidos quedan en libertad 24 horas después debido a la falta de denuncias en su contra y a la ausencia de un proceso de investigación que demuestre su participación como perpetradores de la ola de criminalidad desatada en los últimos hechos violentos.
«Es común que capturen a varias personas durante estas intervenciones, y ahora más gracias a las facultades que tienen los policiales y militares con el vigente estado de excepción. Sin embargo, la mayoría de los arrestos, precisamente en estos operativos, resultan en liberaciones porque no se detiene a los verdaderos criminales: los líderes de agrupaciones criminales que quizás estén siendo investigados, pero no al grado de que se logre su captura gracias a estas medidas», explicó.
Acevedo consideró que la falla en la operatividad de las instituciones armadas contribuye a potenciar la impunidad, provocando que los criminales cometan sus fechorías de manera deliberada, pensando que si son capturados, tendrán altas posibilidades de quedar en libertad debido a la falta de procesos de investigación que pongan en evidencia su participación y vinculación con hechos criminales perpetrados por diferentes estructuras del narcotráfico y el crimen organizado.
«Claro que no son todos los casos; algunos, que son la minoría, sí llegan hasta los tribunales del Poder Judicial, pero la falta de investigación en la mayoría de los casos fomenta la impunidad e impulsa la comisión del delito”, precisó.
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¿HAY POSITIVIDAD EN LAS INTERVENCIONES POLICIALES Y MILITARES?
La última intervención, que todavía sigue vigente, comenzó a principios de mayo de 2024 en Omoa, Cortés, al norte de Honduras, donde se registró una masacre que dejó tres jóvenes muertos. De igual manera, en el departamento de Olancho, en el extremo oriente del territorio nacional, fue asesinado un elemento de la Dirección Policial de Investigación (DPI), y otro hombre, y un fiscal del Ministerio Público resultó herido en un enfrentamiento contra criminales que supuestamente tenían secuestrado a un menor de edad.
Por este último hecho violento, la Policía Nacional además está ofreciendo una recompensa de 600 mil lempiras (200 mil por cada uno) a quien brinde información sobre Emilsin Noé Banegas Pavón, Jhosy Elieser Banegas Pavón y Edin Banegas Pavón, quienes habrían sido los responsables de quitarle la vida al agente de la DPI y dejar herido a un fiscal del MP tras una emboscada, precisamente en Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
Sin embargo, lo paradójico del caso es que precisamente a mediados de 2023, principios de 2024 y ahora, después del primer cuatrimestre del año, siempre han anunciado la intervención en Olancho de la mano policial y militar. Este departamento se está posicionando como uno de los más violentos de Honduras, después de Tegucigalpa, en el centro del país, y San Pedro Sula, en el norte. Sin embargo, esta medida no ha proporcionado una respuesta positiva en el cese de la violencia.
Aunque pueda haber una respuesta medianamente positiva, ni los policías ni los militares han rendido un informe detallado sobre los frutos de la intervención. Esto dificulta la identificación de qué tan fructíferas han sido estas acciones y si deberían ser la única medida aplicada cuando se registra un aumento en la violencia y la criminalidad en estas zonas del país. Sin embargo, sí se han emitido informes detallando, por ejemplo, los decomisos y las capturas realizadas durante estos operativos.
“No se puede desconocer que actualmente no solo en los territorios oficialmente intervenidos hay picos de violencia y criminalidad, sino que en la mayor parte del territorio nacional hasta la comisión del delito común se está acrecentando, debido a la falta de estrategia policial. No hay un plan integral que indique un rumbo claro; no hay solución, solo reacción”, valoró el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid.
Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aseguró que la reacción policial (intervención) es algo que se está atribuyendo al estado de excepción, quitando la naturaleza de operatividad tanto de la Policía Nacional como la militar. Esto podría ser cuestionable, ya que parte de las estrategias enmarcadas en esta medida no son un resultado de estar bajo una emergencia nacional.
“Todo se lo están atribuyendo como resultado del estado de excepción, pero yo le consulto a las autoridades policiales: ¿hay diferencia en la realidad de seguridad entre años atrás y en la actualidad? No, no la hay. Al contrario, la violencia se está incrementando, y los delitos están mutando”, valoró.
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AUTORIDADES SOSTIENEN DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA
Sin embargo, las autoridades de la cúpula policial argumentan que, gracias a las estrategias ejecutadas dentro del marco del estado de excepción, la violencia ha experimentado una disminución en los últimos dos años.
Para el caso, según la institución dirigida por Gustavo Sánchez, los homicidios en 2022, 2023 y los primeros meses de 2024 experimentaron un notable descenso gracias a las medidas antes mencionadas. Sin embargo, ha surgido una controversia debido a que el mismo titular de la Secretaría de Seguridad está a cargo del registro de muertes violentas, una situación que ha sido cuestionada incluso por integrantes de la misma cúpula policial.
