Jorge Cálix y Salvador Nasralla coincidieron esta semana en que implementarán a cabalidad el plan Bukele, sin importar las consecuencias en materia de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras.- Los precandidatos presidenciales Jorge Cálix, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ofrecen replicar el modelo «bukelista» en materia de seguridad ciudadana, originado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Durante esta semana, en distintos espacios periodísticos, tanto Nasralla como Cálix prometieron tácitamente implementar las medidas del mandatario salvadoreño.
Salvador Nasralla, quien el pasado 30 de abril dejó de ser designado presidencial, tras ser aceptada su renuncia en el Congreso Nacional, aseguró el 2 de mayo en un foro televisivo que pondrá fin a la extorsión y otras modalidades delincuenciales mediante el plan «bukelista».
«Yo voy a darle al pueblo hondureño seguridad. Voy a implementar las mismas políticas que implementó Nayib Bukele en El Salvador para que no haya más extorsión. Voy a ser mano dura con el crimen y también con quienes vigilan el crimen, que son parte del negocio y reciben dinero de la extorsión», aseguró Nasralla, que buscará por tercera vez llegar a la presidencia durante el proceso electoral que está por iniciar el próximo 8 de septiembre.
Por su lado, el precandidato del Partido Libre, Jorge Cálix, declaró en una entrevista con un diario digital que tendrá una «lucha decidida contra las maras» y que «si (Nayib) Bukele pudo en El Salvador, nosotros podemos hacerlo aquí».
«Aquel tipo allá hizo un toque de queda y metió 70 mil jodidos presos en un día y se revolvió la comunidad internacional junto a los derechos humanos, pero yo fui a San Salvador en enero, caminé con mi hijo a las 10:00 de la noche y había miles de personas como si fuera Europa», manifestó Cálix.
A consideración del director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, era predecible que la campaña electoral se viera envuelta en este tipo de promesas.
«Eso es un populismo claro, porque uno de los temas que aparecen en los problemas percibidos y que aquejan a la población es la seguridad. Somos una sociedad que incluso tiene disposición a renunciar a ciertas garantías a cambio de seguridad, y de eso se están valiendo los políticos», declaró Acevedo a Criterio.hn.
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El analista agregó que el objetivo de estos discursos, recientemente adoptados por Jorge Cálix y Salvador Nasralla, tienen como propósito obtener los mismos réditos políticos logrados por Nayib Bukele, a costa de la violación de derechos humanos.
«Hay que confrontar la imitación del sistema de Bukele por el riesgo que conlleva en cuanto al respeto y cumplimiento de derechos humanos. Mientras no se resuelvan los problemas estructurales que dan origen a la violencia, no se resuelve nada», cerró Acevedo.
HONDURAS Y EL SALVADOR, BAJO ESTADO DE EXCEPCIÓN
Desde el 27 de marzo de 2022, Nayib Bukele ha impulsado políticas de «mano dura» contra las maras y las pandillas organizadas. Dentro de esas medidas figuran regímenes de emergencia, limitación de comunicaciones y cero tolerancia contra el crimen organizado.
El estado de excepción en El Salvador, según organizaciones como Amnistía Internacional, ha dejado una estela de malos tratos, torturas, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y muertes.
De acuerdo con la organización Socorro Jurídico Humanitario, hasta el 3 de abril de 2024, el estado de excepción había dejado 241 personas muertas violentamente en las cárceles salvadoreñas. De ellos, el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, mientras que un 29% por falta de atención médica.
En Honduras, el 6 de diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro también decretó un estado de excepción, que continúa vigente hasta la fecha. En ese contexto, se han efectuado 28,420 allanamientos y se han incautado 12,000 armas de fuego.
Posteriormente, tras la muerte violenta de 46 privadas de libertad en la Penitencia Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el 20 de junio, la presidenta Castro ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir el sistema carcelario del país por un año y con la posibilidad de una prórroga.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado hondureño a adoptar medidas con perspectiva de género y con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario, las acciones ejercidas por el Gobierno solo han sido paliativas.
