Los procesos de selección y las audiencias públicas a postulantes en elecciones de segundo grado no sirven, ya que al final las personas que resultan electas son aquellas afines a los partidos políticos
Tegucigalpa, Honduras. -El nombramiento de los titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), remarcó la noche del martes que los arreglos y la repartición de cuotas de poder en Honduras continúan siendo una práctica común entre el tripartidismo.
Esta elección de segundo grado no fue diferente a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de los fiscales del Ministerio Público, de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la Unidad de Política Limpia.
Diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, denunciaron que la elección de segundo grado es otra de las negociaciones entre el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal para continuar protegiendo los intereses de la clase política.
La noche del martes 19 de marzo de 2023, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, presentó la moción para elegir a las nuevas autoridades de los organismos electorales y de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP).
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron electos Marlon Ochoa, representante de Libre y exsecretario de Finanzas; Cossette Lopéz Osorio, representante del Partido Nacional y quien se venía desempeñando como secretaria de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal y reelecta en el cargo.
En el 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 (TJE) fueron electos Mario Morazán, representante de Libre y exfiscal adjunto interino; Mario Flores Urrutia, del Partido Nacional y Miriam Barahona, del Partido Liberal y reelecta como magistrada en ese ente electoral.
En la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAAP) fueron nombrados: Mario Ayala, del Partido Libre; José Sabillón, del Partido Liberal y el actual diputado del Partido Nacional, Marcos Velásquez.
En el 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 (RNP) no hubo cambios, pese a la postulación de varios hondureños para ocupar los cargos. Esta instancia quedó nuevamente integrada por los comisionados, Rolando Kattán, del Partido Nacional; Roberto Brevé, del Partido Liberal y Óscar Rivera del Partido Libre.
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PROCESOS DE SELECCIÓN Y AUDIENCIAS PÚBLICAS SON UNA PÉRDIDA DE TIEMPO
Para el analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, los cambios legislativos que dieron origen a la Junta Nominadora, Junta Proponente, comisiones de elecciones de segundo grado y las audiencias públicas no sirvieron para mucho, ya que al final las personas que resultan electas son aquellas que son afines a los partidos políticos, sin importar la preparación o meritocracia para ostentar los cargos.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el analista lamentó que los funcionarios siguen siendo colocados por los políticos y los diputados que se perfilan, en términos generales como personajes débiles, sumisos y obedientes a “las cabezas de los partidos políticos”.
De igual manera, reprochó que los legisladores sigan asumiendo un rol muy modesto porque las decisiones no se están tomando en el Congreso Nacional, que es donde deberían tomarse, con base a la deliberación y a la democracia, sino que es todo lo contrario, ya que todo pasa por componendas políticas.
“El problema es la motivación de los arreglos políticos de estar proponiendo los parientes, las amantes, los amigos, la familia y los incondicionales al partido. Esa no es la mejor manera de servir a la patria”, añadió Pineda Alvarado.
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SE NECESITA UN CAMBIO EN LOS PROCESOS DE ELECCIONES DE SEGUNDO GRADO
El analista político señaló la necesidad de un cambio en la forma de elegir a las personas que estarán al frente de estas instituciones que son las garantes de procesos electorales, fiscalización de campañas políticas y la transparencia en el accionar de los funcionarios públicos.
Indicó que la injerencia de los partidos políticos en las elecciones de segundo grado, alejan a personas decentes, ya que al ver “lo corrupto del sistema deciden apartarse de los procesos de selección”.
