Por: Efraín Bu Figueroa
No lo sabemos, hay dudas, solo el tiempo lo dirá. El veredicto de culpabilidad para el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) ha estremecido a la población hondureña, es un golpe demoledor no solo para JOH y para el Partido Nacional; también para Honduras, hoy sumida en la vergüenza y el desprestigio internacional por los doce años del gobierno nacionalista que convirtió a nuestro país en un autentico narcoestado, colocando las instituciones clave al servicio de los carteles del la droga nacionales e internacionales, tal como quedo demostrado en el desarrollo del juicio.
Los testimonios brindados, ilustran como los tentáculos del narcotráfico penetraron de manera diversificada y profunda en la sociedad política y civil.
Durante tres semanas la atención de la población estuvo centrada frente a los receptores de televisión y radio en los acontecimientos del juicio, lo que generó opiniones y comentarios de toda índole; al final ocurrió lo que la mayoría de la gente percibió tempranamente: que la abundancia de evidencia terminaría condenando a JOH, conforme al sistema de justicia anglosajón, al que paradójicamente JOH había facilitado acceso durante su presidencia en el Congreso Nacional junto con el presidente en aquel momento Porfirio Lobo, aprobando la extradición por delitos de narcotráfico y terrorismo, lo cual requirió una reforma constitucional.
Concluida esta pesadilla para la imagen de Honduras, la pregunta es, si los políticos de este país estarán tomando lecciones de este impactante acontecimiento.
La clase política no ha tenido la evolución esperada en los últimos veinte años; conformada en su mayoría, por nuevas generaciones. Con las naturales excepciones, los políticos actuales, son débiles en valores, educación, cultura y madurez política, interesados más en resolver sus frustraciones y fracasos personales, en búsqueda de dinero fácil, poder, influencias y demás canonjías derivadas, por lo que fácilmente son fácil presa para los carteles del narcotráfico u otras formas de corrupción.
Algunos analistas afirman que el destino fatal que JOH ha tenido, no servirá de lección a la casta política y social hondureña, pues el veredicto no tiene ningún impacto en la producción y consumo de drogas ilícitas y mientras ese negocio se mantenga boyante, en este país, carente de fortaleza institucional y un precario Estado de derecho, persistirá la vulnerabilidad y continuarán existiendo individuos prestos a vender hasta el alma para la obtención de beneficios pecuniarios.
Es por ello, que las declaraciones de las autoridades estadounidenses: el fiscal general, el fiscal del distrito sur de New York y la Administradora de la DEA, no estuvieron demás, remarcando claras advertencias a los políticos “que nadie esta por encima de la ley o fuera de nuestro alcance”.
Esta especial advertencia a los políticos que tampoco excluye al resto de la sociedad, pues resulta que, apenas hemos visto “la punta del iceberg”, les ha hecho sentir “pasos de animal grande” y ya comenzamos a escuchar voces de algunas figuras gremiales y de políticos vernáculos sobre la necesidad de revisar y reglamentar el auto acordado sobre la extradición y hasta la elaboración de una nueva ley, lo que es percibido para favorecer a los indiciados que en el futuro pueden ser extraditados, cuando sean requeridos por la justicia estadounidense.
Es vergonzoso para Honduras y en particular para nuestro sistema de justicia, que más de una treintena de delincuentes extraditados no tengan ninguna acusación en este país por los incontables delitos cometidos.
El gobierno de Xiomara Castro, el Poder Judicial y el Ministerio Publico, tienen la imperativa responsabilidad y la gran oportunidad en lo que resta de sus periodos de reivindicar a la nación, sus instituciones y la dignidad del pueblo hondureño. Tarea difícil, pero aún es posible.
