La reacción de los trece eurodiputados ocurre tras el atentado contra la lideresa garífuna Miriam Miranda, la intensificación de procesos de desalojos y el abandono institucional evidenciado tras la ausencia de tres entidades estatales que forman parte del Comité Técnico del Mecanismo de Protección en la reunión de revisión de medidas
Tegucigalpa. – Tras el atentado contra la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, trece eurodiputados se dirigieron mediante una carta al Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell Fontelles, urgiendo acciones encaminadas a la protección del pueblo garífuna de Honduras.
La misiva apremia la necesidad de realizar una evaluación externa y una auditoría de los fondos destinados al funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y el programa EUROJUSTICIA, entre otras intervenciones en materia de DD. HH., con el objetivo “de conocer si se está contribuyendo a su objetivo real”.
Solicitaron, además, que la diplomacia europea reconozca el alto riesgo para las comunidades garífunas y realice un “llamado contundente a la protección de sus vidas y territorio en Honduras”, tomando como base las resoluciones extendidas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.
De igual forma, instaron a que el gobierno de Honduras “tome todas las medidas efectivas e inmediatas para el cese de hostigamiento y amenazas, y que se garantice la protección para las comunidades garífunas, sus líderes y lideresas, y en especial, garantizar la integridad física de Miriam Miranda”. Abogaron, de igual forma, en la resolución de las causas de la violencia estructural y garantizar el respeto a los derechos del pueblo y territorio garífuna.
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GARÍFUNAS ENFRENTAN INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS ACOMPAÑADOS DE ABANDONO INSTITUCIONAL, RACISMO Y DESPOJO
En la carta, además de hacer alusión al atentado contra Miriam Miranda la madrugada del 19 de septiembre en el que cuatro hombres desconocidos armados con fusiles de asalto rodearon la casa de la lideresa, plantearon que la intimidación y amenaza se enmarca en un contexto de violencia generalizada en contra de quienes defienden la tierra y el territorio en Honduras.
“En el caso de las comunidades garífunas, el asedio se acompaña del abandono institucional, el racismo y el despojo de sus territorios ancestrales con el propósito de desarrollar megaproyectos turísticos y habitacionales”, señalaron.
Recordando, que en lo que van de 2023 ya fueron asesinados dos integrantes de la Comisión de Cumplimiento de la Sentencia de la Corte-IDH en el caso “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Estado de Honduras”. Sus nombres son: Ricardo Arnaúl Montero, asesinado el 28 de enero, y Martín Morales Martínez, quien desapareció y su cuerpo encontrado sin vida el 28 de mayo.
Remarcan que la denuncia por intimidación y amenaza hacia Miriam Miranda, coincide con la visita a la comunidad de Vallecito en Limón, Colón, que debía realizar el Comité Técnico del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos para la revisión de medidas, y al que no asistieron los representantes por la Procuraduría General de la República, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
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Las y los eurodiputados señalan que se desconocen razones de peso que justificaran la ausencia por parte de la institucionalidad, pese a la centralidad que poseen para el correcto funcionamiento del Mecanismo, el cual señalan “ha sido fuertemente apoyado con fondos de la UE [Unión Europea]”.
En su momento, la Ofraneh dio a conocer que los representantes de las tres instituciones del Estado notificaron su abandono justo al momento en que estaba programada la reunión, la cual se celebraría el miércoles 20 de septiembre, argumentando falta de tiempo para gestionar los viáticos.
De acuerdo con la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en su artículo 31, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección está conformado por un representante de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y es presidido por la directora general del Sistema de Protección, en este caso Carmen Escobar.
