Tegucigalpa, Honduras.- Varios aspirantes a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028 estarían quedando fuera del proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente, tras no lograr desvirtuar las denuncias y tachas interpuestas en su contra, de acuerdo con la información que conoció Criterio.hn.
“Los abogados tienen hasta el lunes (18 de julio) para descargar toda la información en contra de las denuncias que se le presentaron, pero desde ya estamos viendo a algunos que no están ni en disposición ni tienen el sustento para demostrar lo contrario a la denuncia que se presentó”, mencionó un integrante de la Junta Proponente.
Agregó “todavía es prematuro decir, por ejemplo, son estos los abogados que se están quedando fuera en esta parte del proceso, hay casos, y los vamos ventilar y determinan sí continúan o no siendo parte de este proceso. En ese espacio también se darán los resultados de las pruebas (psicométricas, patrimoniales y toxicológicas).
El pasado lunes 10 de julio terminó la fase de tachas, y los abogados que continúan en el proceso que está haciendo la Junta Proponente, tienen hasta el 18 del mismo mes, para desacreditar esas denuncias, de lo contrario, de acuerdo al reglamento que rige esta instancia, serán inhabilitados por los proponentes.
Sociedad civil y la población en general presentaron 35 denuncias en contra de 17, de los 21 aspirantes que están en el proceso. La más tachada fue Reyna Teresa Valerio Harry, con 6 acusaciones, en una de ella, la señalan por abusar del poder en su cargo (coordinadora general del Ministerio Público en San Pedro Sula) para manipular información.
En tanto, el abogado Mario Roberto Urquía, afín al partido Libertad y Refundación (Libre) y uno de los ungidos del oficialismo para quedarse con la titularidad de la fiscalía recibió cuatro denuncias, al igual que el exfiscal adjunto (2004-2005), Yuri Fernando Melara Berlioz, que años atrás fue señalada por falsificar documentos públicos.
Para el caso, a Yuri Melara en 2005, año que renunció al cargo de fiscal adjunto del MP, tras no soportar presiones derivadas de sus acciones irregulares, la embajada de Estados Unidos en Honduras le quitó la visa tras señalarlo de tener vínculos con la corrupción.
En esa fase hasta el titular de la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, recibió dos denuncias, una menos que el abogado y catedrático en la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Mario Morazán.
El abogado con un poco menos de 30 años de experiencia en materia penal Luis Javier Santos, al momento de postularse, valoró que en el proceso probablemente iban a existir intenciones de dejarlo afuera, por el simple hecho de no estar a favor de la clase política y económica del país.
Entones, los abogados que fueron denunciados, tiene que presentar los documentos para desvirtuar esa información y, de manera paralela, hacer las pruebas psicométricas, patrimoniales y toxicológicas, las primeras dos ya fueron aplicadas.
Al concluir las fases anteriores, que es el próximo lunes 18 de julio, la Junta Proponente, en una reunión del pleno que se celebrará en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinará, con base a los resultados (denuncias y pruebas), que abogados continuarán en el proceso.
En dicha reunión la Junta Proponente también debe resolver el caso de la abogada Karen Alicia Motiño, quien presentó dos recursos de reposición, tras ser inhabilitada del proceso por presentar documentación errónea.
Nota relacionada: Sólo cuatro abogados aspirantes a fiscal general no recibieron tachas ni denuncias
TRABAJO DE LA JUNTA
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la enorme labor de seleccionar, entre los 21 postulantes que quedan en el proceso, la nómina de los cinco mejores evaluados, para posteriormente enviarla al Congreso Nacional y que en una sesión de segundo grado elijan al próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público.
En la primera fase de este proceso la Junta Proponente recibió un total de 26 postulaciones, de la que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Por ejemplo, en la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta, pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño afín al Partido Nacional y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 de julio hasta el 3 del mismo mes).
Después los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumple con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o adjunto.
En tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación, pero de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, que viene siendo la segunda de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla, renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes es puro trámite porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tienen hasta el viernes 14 de junio para justificar, con evidencias, que no han sido parte de ninguna irregularidad.
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminan el sábado 15 de julio, después los postulantes tendrán que presentarse a las entrevistas públicas.
Posteriormente los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, serán calificados de 1 a 100, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
