Tegucigalpa, Honduras. – La clase política estaría jugando una de sus primeras cartas en la selección del próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), al presionar a los integrantes de la Junta Proponente para revertir la inhabilitación de la abogada Karen Alicia Motiño, que fue separada del proceso en la etapa de subsanación, tras no lograr justificar irregularidades presentadas en la carpeta de su postulación.
“Hay presión desde los partidos de la oposición para que vuelvan a integrar a la abogada Motiño. Ya están hablando con los miembros de la Junta para intentar meterla al proceso. Hoy tenemos que resolver el recurso que interpuso y ya hay algunos (proponentes) que quieren cambiar su voto”, aseguró a Criterio.hn, Odir Fernádez, representante de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) ante la Junta Proponente.
Agregó que “ella es parte de una negociación de los partidos de oposición y quieren que entre a la lista que enviará la Junta Proponente al Congreso sí o sí. Confío en el trabajo de la Junta Proponente y se demostrará votando, nuevamente en contra, de aceptar esta impugnación que además está fuera de tiempo”.
Al respecto, el economista Julio Raudales, que representa a las universidades privadas ante la Junta (y fue uno de los votos a favor para sacar a Motiño del proceso), aseveró que, con este nuevo recurso de impugnación, los proponentes tendrán que valorar la situación, tomar una decisión y definir si la reintegran o no al listado de postulantes.
“Vamos a tener que valorarla. Se ve a tener que reunir el pleno y en la próxima reunión (martes 11 de julio) analizar qué tan derecho está ese asunto. Tengo mi posición al respecto y en el curso vamos a ver qué procede”, comentó, quien en reiteradas ocasiones sostuvo que Motiño no tenía que seguir en el proceso.
Blanca Izaguirre, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ante los proponentes, fue la única de la Junta que votó en contra de inhabilitar a Karen Motiño, de afinidad nacionalista, del proceso de selección de las nuevas autoridades que tendrá la fiscalía.
“Siguiendo la mecánica de la vara que mide y no medimos, ella tiene el derecho a subsanar sus documentos, no se le avisó en tiempo, ¿cómo iba a subsanar su información? No se le notificó y si hay una notificación defectuosa, eso podría traer consecuencias”, advirtió Izaguirre, que se rumora sigue la línea política del Partido Nacional.
Karen Motiño, que, de 2014 a 2022 trabajó en el Congeso Nacional como asesora legislativa y se rumora fue compinche del entonces presidenta nacionalista Mauricio Oliva, la Junta Proponente determinó inhabilitarla porque, pese a presentar irregularidades en las firmas de los documentos, se le encontró que el examen médico no tenía validez por ser hecho desde una computadora.
El Colegio Médico de Honduras (CMH), tras conocer el examen médico que presentó Motiño ante la Junta Proponente, concluyó que carece de validez, porque, siguiendo la línea de la legalidad, primero tuvo que ser evaluada por un especialista en España, después certificar en la embajada de ese país con la firma del doctor que la atendió y, finalmente, enviarlo a Honduras para su validación.
De acuerdo con la información de los proponentes, Motiño hizo todo lo contrario: mandó una evaluación médica hecha desde una computadora, sin la firma de ningún especialista, en la que no se garantiza su estado de salud real, motivo suficiente, provocado por su misma displicencia, para no valorar su impugnación.
Pero, amparándose en el derecho que le confiere el artículo 44 del reglamento que rige el proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente, presentó una impugnación el martes 5 de julio, un día después de ser inhabilitada, argumentado que no se le notificó en el tiempo adecuado que tenía que tenía que presentar un examen médico válido.
Pese a haber impugnado y presentado sus documentos subsanados, la abogada no tendría que ser reintegrada en el proceso, porque en primera instancia ya fue apartada, tras una votación de los proponentes y, en segunda, presentó la información fuera del tiempo establecido, en el Cronograma de la Junta (del 1 al 3 de julio).
La Junta Proponente, de intentar revertir la inhabilitación de Motiño, pondría en evidencia que están obedeciendo a la carta política, algo que prometieron no hacer, y se estarían prestando para manchar el proceso con el que se busca cambiar la hegemonía de impunidad y corrupción que ha estado arrastrando la fiscalía en los últimos años.
El antecedente más reciente que pudo poner en evidencia la inherencia política en algunos de los integrantes de la Junta Proponente, fue que 3 de los 7, votaron a favor de recibir la postulación, fuera de tiempo, del subsecretario de Seguridad, Hugo Adalberto Suazo Ortiz, lo que desde el principio pudo romper la transparencia del proceso.
Suazo Ortiz, que también se desempeñó como subsecretario de Seguridad en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y se rumora que es afín al partido Libertad y Refundación (Libre), argumentó que presentó su postulación fuera del tiempo establecido (19 al 25 de junio) porque el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no le entregó las constancias requeridas a tiempo.
Los que votaron a favor para integrarlo de manera irregular en el proceso fueron la presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Ráquel Obando, Wagner Vallecillo, magistrado representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Alejandro Hernández, del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), quienes presuntamente responden a los intereses del oficialismo.
De interés: Proceso de tachas y denuncias inicia con 22 aspirantes a la fiscalía
PROCESO DE SELECCIÓN
26 abogados se postularon para entrar en el proceso de selección, en el que la Junta Proponente escogerá a los mejores cinco evaluados, de los cuales, dos deben ser mujeres y tres hombres, que serán enviados al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado escojan al próximo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2028.
Luego de terminar el proceso de postulaciones, los proponentes enviaron a 20 de los 26 a subsanar información, es decir, presentaron su documentación con datos erróneos, falsos o incompletos. Ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 de la tarde y cerró el lunes 3 a las 8:00 de la noche).
De los 20 profesionales del derecho a los que les pidieron subsanar información, sólo dos no lograron hacerlo: el abogado Óscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en esa primera fase. Pero Motiño podría ser reintegrada y manchar el proceso.
En tanto, la Junta Proponente inhabilitó a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquiera de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Por su parte, bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
En síntesis, sólo 22 abogados están en el proceso de tachas y denuncias, que inició el miércoles 5 de julio y terminará el próximo lunes 10. Justamente, en esta fase, sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Al concluir el segundo filtro, los abogados que pasen, serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego sacar a los mejores cinco y, antes del 21 de julio, mandar esa nómina al Congreso Nacional.
En esa instancia, el Congreso jugará el papel más importante, que es seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Arturo Sibrián, fiscal adjunto.
Se rumora que, desde la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las bancadas mayoritarias en el Congreso (Libre, Nacional y Liberal) firmaron un pacto en el que acordaron que abogados ostentarán la fiscalía, mismos que responderán a intereses políticos, con la misma hegemonía que se ha venido dando en los últimos años.
