Tegucigalpa, Honduras.- La hora límite es hasta la 5:00 de la tarde de este lunes 03 de julio de 2023, de los contrario los 20 postulantes que tienen que subsanar documentos (precisar la información colocada en sus hojas de vida) quedarán fuera del proceso de aspiración a fiscal general y adjuntos del Ministerio Público (MP) para el periodo de 2023-2028.
Las falencias encontradas por los integrantes de la Junta Proponente en las hojas de vida de estos abogados son, por ejemplo, autenticar constancias laborales del lugar en el que están trabajando en la actualidad, precisar el monto salarial que están devengado en su actual empleo y constar en sus hojas de vida sus estudios académicos.
Entre los profesionales del derecho que están entre los 20 y tienen hasta las 5 de este día para presentar la información correcta están: Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado (Uferco), Ivis Antonio Discua Barilla, exfiscal adjunto del MP y Johel Antonio Zelaya Álvarez, asesor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Lo paradójico del caso es que algunos de los abogados que encabezan está lista son los favoritos para ostentar el máximo cargo en la fiscalía. Por ejemplo, Javier Santos es pedido desde la sociedad civil por su trayectoria, experiencia y lucha contra la corrupción. Mientras, desde el otro lado, por responder a posibles componendas políticas y su afinidad al Partido Liberal está Yuri Fernando Melara Berlioz, exfiscal adjunto señalado de corrupción.
Entre los cuatro abogados que están con sus documentos debidamente reglamentados, como lo manda el reglamento que rige el proceso de selección que hará la Junta Proponente, están Mario Roberto Urquia, el que sería el ungido del oficialismo y se desempeña como asesor de la Alcaldía en San Pedro Sula y Karen Alicia Motiño, que se encuentra en Barcelona, España.
Precisamente, Karen Alicia Motiño, que cumplió con la presentación de documentos, podría ser inhabilitada del proceso porque, de acuerdo con la secretaría de la Junta, en su carpeta presentó documentación falsa y el examen de salud fue hecho a través de una computadora, pero la decisión será tomada por los proponentes hasta el martes 4 de julio.
Quien quedó inhabilitada de este proceso fue la abogada y exdiputada por el Partido Liberal Sobeyda Judith Andino porque incumplió con los requisitos que pide la normativa para ser fiscal general de Honduras. Andino, hija de políticos, no tiene los 10 años máximos que se necesitan de experiencia en materia penal, y por eso fue apartada del proceso.
“ESTOY PREOCUPADA”
Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y encargada de encabezar la Junta Proponente Rebeca Ráquel Obando, aseguró que es preocupantes que la mayoría de abogados presentaron sus documentos incompletos, impreciso y con datos errores, lo que representaría suficiente causal para sacarlos del proceso sin siquiera haber pasado al proceso de tachas y denuncias.
“Estoy preocupada, nos vamos a quedar sin candidatos. Al principio pensé que eran auténticas (postulaciones) pero ya estoy viendo que no es así no más que se autentican”, mencionó Ráquel Obando, en la sexta reunión de la Junta Proponente celebrada el pasado viernes 30 de junio de 2023 en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la Junta Proponente, propuso que, si los postulantes no logran subsanar los documentos antes de las 5 de la tarde del lunes, ampararse en una prórroga.
“Si se complica el tema de las subsanaciones vamos a tener que hacer una valoración posterior. De hecho, el reglamento ya lo contempla, incluso la Ley de Procedimiento Administrativo con base a la discrecionalidad”, mencionó.
“Tenemos la discrecionalidad para poder ampliar el proceso de subsanaciones, si se dan los casos realmente justificados, de postulantes que no lograron subsanar sus documentos por terceros, si hay una causa justa lo podemos hacer”, agregó.
Sin embargo, Fernández, quien no quiso integrar la Junta Nominadora en la lección de los magistrados de la CSJ porque el proceso estaba maniatado, precisó que, apoyarse en esa alternativa, entorpecería el tiempo del proceso.
“Es más sano mantenernos en los tiempos ya establecidos y respetar el cronograma, los tiempos y procesos de selección”, valoró.
Los aspirantes deben enviar sus documentos subsanados a través del correo electrónico y, 48 horas después, es decir, el miércoles 5 de julio, deberían de ir de manera presencial hasta la Escuela Judicial de la Corte, en la capital, para dárselos en físico a los integrantes de la Junta, para que los analicen y consideren si pueden formar parte de la siguiente fase que es tachas y denuncias.
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SIGUIENTE ETAPA: TACHAS Y DENUNCIAS
Después del proceso de convocatoria y análisis de los perfiles, la siguiente función de los integrantes de la Junta, es abrir el proceso de tachas y denuncias, en la que la población jugará una parte muy importante porque podrá denunciar a los abogados que no cumplen con los requisitos para llegar a la fiscalía.
En síntesis, este proceso se trata de que, de acuerdo con el reglamento, los hondureños pueden llegar hasta la Escuela Judicial, y en un sobre, entregar la denuncia y el sustento del por qué, para que después la Junta evalúe si es real el aquejo y alejar del proceso al profesional del derecho.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esta nómina que seleccione la Junta, tendrán que incluir dos mujeres y tres hombres, según lo establece la norma de la Junta Proponente, para que los diputados, en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos (86), elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público, que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevo entren a más tardar en funciones el 1 de septiembre.
El antecedente más reciente por el que no ha gustado el desempeño de Chinchilla es porque no logró y no se pronunció por la crisis que se vivió este 2023 en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no recoger cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otras cosas.
Y el más alejado es que a Fernando Chinchilla lo señalaron de ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien no le abrió ningún proceso de investigación y que hoy guarda prisión en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.
