Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El régimen nacionalista rechazó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), para que el sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente del atentado criminal que costó la vida a la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres, comparezca ante el organismo internacional para declarar conforme a este femicidio.
La solicitud fue planteada ante el juzgado de lo penal de La Esperanza, Intibucá por abogados defensores y la misma fue denegada por dicha instancia bajo el argumento que el pedido de la CIDH no especificaba la obligatoriedad para que Castro asistiera a dicha comparecencia.
El rechazo al pedido de la CIDH trascendió en una conferencia realizada este miércoles en el Centro Loyola ubicado en la capital hondureña, en la que participaron defensores legales del ciudadano mexicano y personeros del Centro para la Justicia Internacional, (CEJIL).
La disposición de la justicia hondureña marca un claro contraste entre la presunta voluntad del régimen de Juan Hernández Alvarado, en aclarar este crimen y las actuaciones oficiales de la administración de justicia en este país.
El contexto de este nuevo desafuero sucede en el marco de dos hechos, la visita de mandos del Comando Sur de Estados Unidos realizaron a Austraberta Cáceres, madre de Berta Cáceres; y la denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de activistas de derechos humanos del pueblo Lenca, ante las amenazas y hostigamiento de activistas del partido nacional que pretenden apropiarse de territorios de esta etnia nacional.
Marcia Aguiluz, representante de CEJIL para Centroamerica y México, dijo que, condenan esta posición del Estado de Honduras emitida a través de la decisión de una jueza y básicamente hay un claro incumplimiento de lo que la CIDH ha pedido, que quiere que Gustavo Castro Soto asista a las reuniones de sesión ordinaria a celebrarse el 6 de abril en Washington.
Recordó que Castro no está en carácter de imputado, sino que él es testigo de un crimen y por lo tanto la detención e impedirle que salga de Honduras limita sus derechos humanos porque le están limitando su libertad de movilización y además le están causando violaciones adicionales a su integridad personal porque tiene derecho a regresar a su país y a estar con su familia.
Aguiluz señaló que hay una serie de violaciones que se están configurando y que más bien están agravando la situación y están generando más responsabilidad del Estado de Honduras.
Apuntó además que esta decisión tomada por la jueza Victorina Flores ya ha sido comunicada a la CIDH y están a la espera de una reacción de este organismo, pero también hizo un llamado al estado de Honduras para que prevalezca la cordura porque no es una isla y tiene obligaciones integracionales y no tiene justificación para mantener a Gustavo Castro en el país.
Esta actitud asumida podría generar una nueva demanda contra el estado de Honduras y que derivara en una nueva sentencia que tendrá una serie de consecuencias políticas y económicas para el país, sentenció Aguiluz.
