Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos, era la ungida del oficialismo para ser la próxima fiscal general del Ministerio Público (MP) en el periodo de 2023-2030. En cambio, otros la cuestionaban por no cumplir los requisitos que exige la norma que rige la Junta Proponente. Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación este jueves argumentando que atraviesa dificultades personales.
En una escueta carta, Cerna expuso ante Ráquel Obando, la presidenta de la Junta Proponente, su decisión: “Tengo a bien dirigirme a usted y para los fines pertinentes, en ocasión de comunicarle mi decisión de declinar a mi postulación al cargo de fiscal general de la República presentada el martes 27 de junio”.
El hecho fue ratificado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Junta Proponente, Wagner Vallecillo, quien explicó que la renuncia fue llevada a votación y aprobada por todos los integrantes de esta instancia en una conferencia de prensa que ofrecieron este día en la Escuela Judicial de la CSJ.
Con la dimisión de Cerna, quien es la actual secretaria de Trabajo, los postulantes son 25, de los cuales, 17 son hombres y 6 mujeres. La decisión no influye ni entorpece ninguno de los procesos que ejecutará la Junta Proponente.
Antes de la renuncia, la sociedad civil pidió que inhabilitaran a Cerna por no cumplir con los parámetros que exige la ley, argumentando que no tiene la edad idónea ni experiencia en materia penal para ser fiscal general del Ministerio Público, lo que, después de una minuciosa investigación, Criterio.hn constató.
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MOTIVOS DE SU INHABILITACIÓN
Lesly Sarahí Cerna, una de las 7 abogadas que se postuló ante la Junta Proponente para el cargo de fiscal general y fiscal adjunto del MP, tenía que quedar inhabilitada de este proceso, de acuerdo con el reglamento que rige esta instancia.
La normativa indica que ningún profesional del derecho puede aspirar a estos puestos mientras trabaje en las instituciones del Estado, y ella se desempeña como titular de la Secretaria de Trabajo.
El motivo por el que, antes de renunciar, tenía que ser inhabilitada es porque en el reglamento de selección, debatido y presentado por los integrantes de la Junta Proponente el 10 de junio, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 del mismo, establece literalmente que no puede ser fiscal un hondureño que se desempeñe como diputado del Congreso Nacional y sea concesionarios o permisionarios para la explotación de recursos naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado.
Para el caso, esa normativa que se encuentra en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, sacó de juego al diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera Hernández, quien desde meses atrás venía haciendo su propia campaña, argumentando que él posee el perfil idóneo para manejar la fiscalía.
Tras conocer que ese artículo, entre otros, se incluyó en la norma que rige este proceso de selección, el diputado aseguró que prácticamente entre los partidos políticos, incluyendo en el que milita, y los proponentes, se pusieron de acuerdo para dejarlo fuera, aunque él, como Lesly Cerna, también tuvo la oportunidad de postularse, pero evitó ser separado en la fase de investigación, tachas y denuncias, lo que debería de pasar con la actual funcionaria.
“Quiero que esta gente reflexione y que no sigan con este proceso oscuro que han iniciado. Hay buenos candidatos y candidatas, no los saquen del proceso para cumplir directrices de partidos políticos porque le van a hacer daño a la sociedad hondureña”, dijo Herrera, quien en 2009 fue fiscal del MP.
Agregó que “muchas veces utilizan los espacios de la Junta Proponente y Nominadora para conseguir favores políticos. Ellos (proponentes) saben que tengo capacidad, tras 12 años como fiscal del Ministerio Público. Me despidieron por denunciar irregularidades y realizar una fuerte huelga de hambre”.
El representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, ante la Junta Nominadora, expresó que se determinó incluir esta normativa en el reglamento para evitar que este proceso, de alguna manera, pueda ser manchado por funcionarios y diputados que sólo buscan favorecen componendas políticas para que la fiscalía continúe siendo un ente que promueve corrupción e impunidad.
“El derecho de petición como hondureños lo tienen todos. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, establece inhabilidades y, una de las inhabilidades, es ser diputado y estar en las altas jerarquías de Estado”, detalló Fernández, el oficial encargado de la transparencia de la Junta.
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LO QUE SE LE VIENE A LA JP
La siguiente función de los integrantes de la Junta Proponente será investigar y analizar cada uno de los 26 perfiles y, en ese mismo espacio, la población tendrá la facultad de denunciar y tachar a los que han incumplido con los requisitos que establece la norma, como violentar derechos humanos y estar salpicado en la comisión de delitos, entre otros.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esa nómina que seleccione la Junta Proponente tendrá que incluir dos mujeres y tres hombres para que después los diputados en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada, de 86 votos, elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevos entren en funciones el 1 de septiembre.
El antecedente más reciente por el que no ha gustado el desempeño de Chinchilla es porque no logró y no se pronunció por la crisis que se vivió este año en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no levantar cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otras cosas.
Otro señalamiento es que Chinchilla ha sido considerado ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien no le abrió ningún proceso de investigación y que hoy guarda prisión en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.
