Tegucigalpa.- Tras el asesinato del defensor de Guapinol, Oquelí Domínguez Ramos, el pasado 15 de junio, organizaciones de derechos humanos señalaron como alarmante que el Estado de Honduras no atienda su deuda pendiente con las personas defensoras de derechos humanos, pese a contar con varias condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Específicamente señalaron las sentencias Kawas Fernández vs. Honduras y Escaleras Mejía y otros vs. Honduras, las cuales refieren a la responsabilidad del Estado en los asesinatos de los ambientalistas Blanca Jeanette Kawas en febrero de 1995 y Carlos Escaleras Mejía en octubre de 1997.
En ambas sentencias, la Corte-IDH declaró por unanimidad que el Estado de Honduras violó el derecho a la vida y la libertad de asociación de Jeanette Kawas y Carlos Escaleras, así como la violación a la integridad personal de sus familiares. Las sentencias fueron emitidas en 2009 en el caso de Kawas y en 2018 en el caso de Escaleras.
NI INVESTIGACIÓN NI CONCIENTIZACIÓN EN CASOS DE AMBIENTALISTAS ASESINADOS
Tanto en el caso de Kawas como el de Escaleras, entre las disposiciones dictadas por el Tribunal regional se estableció que el Estado concluyera los procedimientos penales o iniciar los correspondientes, para esclarecer por completo los hechos y juzgar y sancionar a los responsables.
En el caso Kawas, la Corte-IDH dictó “ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos”.
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Mientras que en el caso Escaleras, dispuso “aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos”.
Sobre el caso Kawas, en 2020, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) declaró que “25 años después, su caso [Blanca Jeanette Kawas Fernández], como el de cientos de ambientalistas asesinados en Honduras, se mantiene en total impunidad”.
En dicha publicación de CEJIL, la organización recordó el valor histórico del caso Kawas al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.
En 2013, en el documento “Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos” por Yuria Saavedra Álvarez, esta reparaba en el hecho que entre el asesinato de Kawas y la emisión de la sentencia de la Corte-IDH [pasaron 14 años], el proceso penal se mantuvo siempre en “etapa preliminar, es decir, en la fase de investigación”, sin que se identificaran a los autores del asesinato ni se formalizaran denuncias penales contra persona alguna o constancia de que se protegieran testigos.
PASADO Y PRESENTE, UNIDOS POR LA IMPUNIDAD
Quien crea que el pasado no tiene repercusiones en el presente, no está poniendo atención a lo que ocurre en el Bajo Aguán. Entre enero y junio de 2023 se consignaron los asesinatos de al menos catorce personas ligadas directa o indirectamente a la defensoría de la tierra, territorio y ambiente en Honduras.
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Nueve de estos asesinatos ocurrieron en el valle del Aguán y los nombres de las víctimas son: Alí Domínguez [hermano de Oquelí Domínguez Ramos] y Jairo Bonilla; Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez Murillo; Santos Hipolito Rivas y su hijo adolescente, Javier Rivas; Emerson Martínez; José Gilberto Martínez Cardona; y Óquelí Domínguez Ramos. Todos ellos tienen en común ser defensores de la tierra, el territorio o ambiente en el Valle del Aguán o estar emparentados a un defensor de la zona.
El Bajo Aguán y la montaña de Botaderos, fueron parte del área de labor de defensa de Carlos Escaleras Mejía, por lo que, en las medidas de reparaciones, la Corte-IDH determinó que el parque nacional llevara su nombre. Sin embargo, la impunidad que persistió por décadas en favor de los autores intelectuales dejó entrever que no había repercusiones por el asesinato de defensores.
En junio de 2018, la CEJIL y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) expuso ante la Corte-IDH, que la oposición de Escaleras a la construcción de una planta de aceite en la ribera del río Tocoa “afectó directamente los intereses económicos de políticos y reconocidos empresarios como Miguel Facussé, y le valió amenazas y hostigamientos hacia él y su familia”.
En 2020, 23 años después del asesinato de Escaleras, dos años después de la sentencia del Tribunal regional y frente a la impunidad de los autores intelectuales del crimen, la Mesa de Seguimiento llamó a la aprobación e implementación de un protocolo para la debida diligencia en la investigación de crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos, ante lo que llamaron la profundización de la violencia contra las y los defensores ambientales en Honduras.
[El empresario y terrateniente Miguel Facussé falleció en junio de 2015, pero su imperio continuó operando directamente en la región a través de Corporación Dinant, ahora presidida por su hijo Miguel Mauricio Facussé, ligada al conflicto agrario en el Valle del Aguán. Así como la empresa minera Inversiones Los Pinares instalada en el Parque Nacional Carlos Escaleras a través del Grupo Emco Holding, dirigida por Lenir Pérez Solís, esposo de Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente.]
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Queda claro que el incumplimiento en la investigación del asesinato de Carlos Escaleras Mejía —entre muchos otros— hasta llegar a los autores intelectuales, sembró las bases de lo que viven los defensores de la tierra, territorio y ambiente en el Bajo Aguán. Unos en lo que concierne al conflicto agrario y otros en lo que atañe a la lucha ambiental, pero todos enfrentando una herencia que no pidieron y no merecen.
