Tegucigalpa, Honduras. – La arbitrariedad y criminalización continúa para quienes alzan la voz demandando el derecho a la tierra, el Consejo Indígena Lenca de la Comunidad del Cacao, en Santa cruz de Yojoa, Cortés, fue víctima de un desalojo, que de acuerdo con defensores de derechos humanos se trata de una ilegalidad además de abuso de fuerza policial.
El abogado Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad, señaló en entrevista con Criterio.hn que alrededor de las 11:00 de la mañana de ayer, miembros de la Policía Nacional se dispusieron a ejecutar una orden de desalojo en contra de la comunidad indígena Lenca, a la que pertenecen unas 24 familias.
Como resultado del desalojo violento, de acuerdo con lo informado por el Bufete Estudios para la Dignidad, se detuvo a 7 personas, incluyendo a un menor de menores de edad y observadores de derechos humanos.
Para Pedro Mejía la detención a defensores de derechos humanos “agrava la situación, porque el perseguir penal o policialmente a un observador de derechos humanos, limita e impacta en la actividad de Defensoría de derechos humanos porque pone en riesgo a los defensores”.
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AGRESIONES PERPETRADAS POR ENTES ARMADOS
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, ante este desalojo violento emitieron una alerta, debido a que durante las acciones violentas de la Policía Nacional agredieron a defensoras y niñas, y niños menores de edad, según el comunicado, fueron víctimas de golpes, amenazas a muerte, quema de casas y cultivos.
En los videos que capturaron miembros del Consejo Indígena Lenca de la Comunidad del Cacao, se observa a niños, niñas, hombres y mujeres portando pancartas con mensajes a las autoridades, como una manera de protesta ante la arbitrariedad.
Justo a la orilla de la CA-5, se observa un contingente de miembros de la Policía Nacional, que, de acuerdo con lo descrito por una de las defensoras, estaban a la espera de la orden judicial, además denunció “la fiscalía de Derechos Humanos aquí no ha aparecido”.
En el video se escucha, que la defensora –aparentemente en una llamada telefónica— informa que Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), sostuvo una comunicación con el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que informó que una juez había sido notificada que suspendiera el desalojo, sin embargo, los agentes uniformados, permanecían en la comunidad.
Durante el desalojo, Pedro Mejía informó que los detenidos fueron Tomás Díaz López, presidente del Consejo Indígena Lenca de El Cacao, José Ismael López, Hermes Reyes Sánchez, Marcos Antonio Reyes –persona de la tercera edad— habitantes de la comunidad.
Además, se capturó Ermin López Martínez, coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Hondura (MILPAH) y Jesús Amaya, vocal de junta directiva de MILPAH
También se capturó a un menor de edad. El Movimiento Amplio informó que en horas de la tarde-noche de ayer 20 de junio, el niño y Marcos Antonio Reyes, fueron liberados.
Las otras cinco personas fueron liberadas, después de haber pasado 24 horas de su detención.
En ese sentido, el abogado Pedro Mejía, indicó que la preocupación del equipo jurídico era que a los defensores del derecho a la tierra se les vinculara con el delito de usurpación.
“Procuramos la no vinculación de los detenidos a un proceso penal de usurpación, porque para nosotros es grave la persecución por este delito que contempla una pena de seis a nueve años”, refirió el abogado, parte de la defensa.
En el proceso de defensa fue importante la gestión que realizaron en conjunto, la Coalición Contra la Impunidad Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y equipo legal del Movimiento Amplio y el Bufete Estudios para la Dignidad.
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LLAMADO A DETENER DESALOJOS
Con la instauración de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio, se declararon en alerta debido a que, según denunciaron, el gobierno actuó por la presión de empresarios y no de los campesinos que históricamente han sido ignorados.
Desde la implementación de esta comisión –encabezada por el director del Instituto Nacional Agrario (INA), el presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad (IP), el titular del despacho de Desarrollo Económico, y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)— se han desarrollado varios desalojos violentos en el Ramal del Tigre en Tela Atlántida, El Progreso, Yoro y en Trujillo, Colón, que según las autoridades policiales son “usurpadores”.
Ante estos desalojos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos expresó “condenamos enérgicamente la criminalización y agresiones contra defensoras, sus familias y comunidades. Exigimos el cese de los desalojos y denunciamos el discurso hipócrita del gobierno que habla de paz mientras golpea menores y encarcela indígenas”.
De igual manera el Movimiento Amplio instó a las organizaciones de derechos humanos, Instituciones del Estado, comunidad nacional e internacional para “tomar acciones que garanticen los derechos de los compañeros, y a los movimientos populares a exigir al Estado que detenga los desalojos en territorios indígenas y garantice la integridad de las y los compañeros”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) –del cual Honduras es parte— señala “cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
