Tegucigalpa, Honduras. – Las maras o pandillas criminales son parte del crimen organizado y de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), surgen debido a una serie de causas estructurales como la pobreza y exclusión social; la corrupción y la debilidad institucional; la infiltración de las estructuras del crimen en las instituciones formales de los Estados; y la impunidad.
Ante este contexto de y normalización de la violencia, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son el principal foco de atención de las estructuras criminales, lo que se traduce en una situación especial de riesgo a violaciones de derechos y limitadas oportunidades de desarrollo.
Según el monitoreo en medios de comunicación que realiza la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), sobre muertes violentas de niñez y juventud, del 01 enero al 30 abril 2023, se contabilizan 196 víctimas que han perdido la vida producto de la violencia en Honduras.
Una situación alarmante y que deja entrever el poco accionar del Estado a través de las instituciones, la activación y creación de políticas públicas encaminadas en prevención de la violencia.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de Coiproden, manifestó su preocupación, luego que el pasado 6 de mayo de registró una masacre en la colonia La Joya, al oriente de la capital hondureña, donde cuatro jóvenes perdieron la vida.
“Estamos sumamente consternados, hemos dado inicio al mes de mayo con una masacre donde han perdido la vida, adolescentes y jóvenes llenos de vida y con un futuro por delante”, lamentó Vásquez.
De acuerdo con Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la violencia (ONV), en el país centroamericano, se han registrado 14 masacres en lo que va del año.
Por su parte, Alice Shackelford, Coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, expresó en entrevista con Criterio.hn, “la violencia en el país es algo que nos impacta cada día, es chocante, tenemos que denunciarla en todas sus formas”
MUERTES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN ABRIL
Pese a estar bajo un estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2023, la reducción de la violencia y criminalidad no es evidente. El Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), destaca el 54.67 % de los ciudadanos y ciudadanas cree que la medida es poco o nada efectiva.
Esta efectividad se puede observar con la imparable muerte violenta de mujeres, niñez y adolescencia. El Centro de Derechos de la Mujer, registró un total de 99 muertes violentas de mujeres del 1 de enero al 31 de marzo.
Con relación a las muertes violentas de niñez, adolescencia y juventud, la Red Coiproden enumeró 45 víctimas que perdieron la vida de manera violenta sólo en el mes de abril.
Wilmer Vásquez, detalló que el 84%, es decir 38 % fueron jóvenes entre los 19 a 30 años de edad y el 16%, o sea siete fueron niñas y niños entre 0 a 18 años.
Otro dato importante, es que de las muertes que se registraron 39 fueron hombres y seis eran mujeres.
Ante la imparable ola de muertes violentas que esta arrebatando la vida de la niñez y la juventud, Wilmer Vásquez enfatizó “esto nos preocupa muchísimo, por lo tanto, es importante el trabajo que podamos hacer de coordinación interinstitucional para la construcción de una estrategia de reducción de la violencia”.
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NIÑEZ Y JUVENTUD MÁS VULNERABLE
El Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), señala que el 32.3 %de la población cree que la niñez y juventud son las principales víctimas de la violación sistemática de sus derechos humanos.
Debido a esta vulneración de derechos, de acuerdo con el coordinador de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso) en Honduras, los jóvenes se ven obligados a buscar otras oportunidades en otros países. “La gente migra con los niños para que puedan crecer en otro país, en otra sociedad en donde haya educación, salud y seguridad”.
Para el sociólogo, la búsqueda de estos derechos por parte de la sociedad, son un desafío para las autoridades estatales, ya que la población hondureña demanda más salud, más educación y más seguridad.
