Dentro del contenido del memorando, se habla de realizar distintas reformas y aprobaciones a ciertas leyes, una tarea que le corresponderá al Congreso Nacional y que dependerá de la voluntad política de sus diputados y diputadas
Tegucigalpa, Honduras. -La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció la llegada de un grupo de expertos que ayudará al Gobierno para sentar las bases necesarias para el posible establecimiento de un mecanismo internacional anticorrupción que sea independiente, imparcial y autónomo.
Lo anterior esta implícito en el memorándum de entendimiento y los términos de referencia acordados entre Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras. Este grupo de expertos y que es parte de la primera fase de cooperación entre el Gobierno y la Secretaría de las Naciones Unidas, brindará asistencia técnica sobre las reformas legales y hará un diagnosticó de la situación del país y si es viable la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Paralelo al trabajo del equipo de expertos, la Secretaría de las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento de un mecanismo.
El mecanismo sólo entrará en vigor cuando se firme el acuerdo bilateral, la Secretaría de las Naciones Unidas y el Gobierno acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento, y un acuerdo intergubernamental organismo de la ONU ha otorgado un mandato.
El comunicado emitido por las Naciones Unidas señala que, para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía, la dirección del mecanismo internacional anticorrupción será designada por el secretario general, Antonio Guterres.
Estas reformas legales son trabajo del Congreso Nacional de Honduras, pero en este poder del Estado se han olvidado de la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma al Código Penal y la derogación del decreto 116-2019, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos. Estas modificaciones y aprobación de leyes pueden ser un factor determinante para el accionar de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Las exigencias, que hasta el momento han sido soslayadas en el Poder Legislativo, están establecidas en el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que literalmente señala que el Gobierno de Honduras y el Congreso Nacional, deberán sentar las bases necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la comisión en el país.
Es justamente en el apartado que habla acerca de la primera fase del proceso previo a la instalación de la CICIH, en el inciso D, que se coincide en que tanto el Gobierno hondureño como la ONU, identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico nacional
El documento señala que al país llegará un equipo de expertos de la ONU, quienes, en coordinación con el Gobierno de Honduras, apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales y constitucionales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, así como a las regulaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
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¿QUÉ ESTA HACIENDO EL CONGRESO NACIONAL?
El vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Hugo Noé Pino dijo a Criterio.hn que una vez que se firme el convenio entre Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras sabrán cuales son las modificaciones legales que se deben hacer desde el Poder Legislativo.
El subjefe afirmó que el Congreso Nacional brindará todo su apoyo para la instalación de la CICIH en el país, para poder luchar contra la corrupción.
Detalló que en ese poder del Estado tienen como objetivo la aprobación de normativas como la Ley de Colaboración Eficaz, sin embargo, no dio fecha de cuando será sometida a su segunda y tercer debate para posteriormente ser aprobada.
La Ley de Colaboración Eficaz nació de la idea de luchar por desarticular las redes de corrupción y el crimen organizado que imperan en el país desde hace varias décadas, sin embargo, el actual gobierno ha pretendido aprobar esta normativa.
El 16 de noviembre de 2022, cuando en el Congreso Nacional que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Luis Redondo, se presentó el proyecto de decreto y se discutió en primer debate. Previo a su presentación al pleno, una comisión dictaminadora encabezada por el diputado del Partido Libre, Jari Dixon Herrera y legisladores de otros partidos lo dictaminaron luego de una serie de reuniones con representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público.
Sin embargo, se mantiene engavetada en el Congreso Nacional, pues solo fue debatida y aprobada en un primer debate, pero se desconoce cuándo será sometida a un segundo y tercer debate para su aprobación.
Entre tanto el congresista del oficialista Partido Libre Yahvé Sabillón manifestó que desde ese poder del Estado están haciendo su parte derogando, reformando y aprobando normativas que ayuden al trabajo de la CICIH.
En una entrevista con Criterio.hn indicó que a diferencia del Congreso Nacional anterior, la actual administración encabezada por el congresista, Luis Redondo, ha trabajado en la decretos como la Ley de Secretos y próximamente la eliminación del decreto 116-2019 y el Código Penal.
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DEROGACIÓN DEL DECRETO 116-2019
Desde hace varios años se ha exigido la derogación del decreto 116-2019 conocido como fondo departamental, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados de ser investigados por malversación de fondos públicos investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas. Estas modificaciones y aprobación de leyes pueden ser un factor determinante para el accionar de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
A pesar de ser una de las sugerencias brindadas al Gobierno de Honduras por la Organización de Naciones Unidas en el Congreso Nacional nadie quiere hablar de la derogación del decreto 116-2019.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo el 19 de abril de 2022 que, desde que asumió, su intención ha sido someter a votación del pleno de diputadas y diputados la derogación del decreto 116-2019, pero que todavía no podía realizarlo debido a que no tienen los 86 votos necesarios para su eliminación.
No obstante, durante la administración de Redondo en el Congreso Nacional se han entregado dos subvenciones a los congresistas; una en diciembre de 2022 y la otra en abril de 2023.
Ante esto, el presidente del Poder Legislativo y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, justificó la entrega de subvenciones o bonos a los diputados, señalando que es un tema y deber constitucional que los legisladores realicen proyectos en sus comunidades.
Durante la sesión del miércoles, el jefe del Legislativo se tomó un espacio para hablar sobre la entrega de subvenciones a diputados de todas las bancadas, para que gestionen proyectos o ayudas a las personas que lo necesiten, de igual manera se refirió a las constantes críticas por parte de medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil que han señalado que la actual administración de ese poder del Estado ha cometido actos de corrupción.
“Si en el pasado aquí con el Fondo Departamental -que lo vamos a derogar- se hacían otras cosas, pues eso era en el pasado. En este Congreso ni se le ha pagado a nadie, ni se han dado subvenciones a cambio de votos”, aseguró.
